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El agujero negro de Pluna: tras derrota en juicio, pérdidas por el cierre ascienden a US$ 200 millones
Hace pocos meses, más de diez años después del cierre de la aerolínea, el Poder Ejecutivo pagó los últimos US$ 5 millones que quedaban para cancelar la deuda con ScotiaBank por los siete aviones Bombardier CRJ900 de Pluna.
El pago suponía terminar con un tortuoso proceso que incluyó desprolijidades e irregularidades en varias administraciones. Pero la sentencia emitida este martes 13 por el tribunal del Ciadi estableció un punto y seguido donde se preveía un final, ya que los árbitros consideraron que Uruguay fue responsable de la caída de la empresa y ordenaron indemnizar al consorcio panameño que tenía acciones en Pluna e hizo el juicio.
Si bien la condena fue de US$ 30 millones, los gastos asociados al juicio elevan el monto a US$ 80 millones que se sumarán a más de US$ 100 millones que el Estado –mediante todos los contribuyentes– viene pagando desde 2012 cuando decidió bajarle la cortina a Pluna.
En total, de acuerdo a cálculos realizados por El Observador a partir de documentación pública, las pérdidas se ubican en el entorno de los US$ 200 millones.
Garantía por aviones
Para entender el cierre de Pluna es necesario remontarse hasta 2007 cuando Leadgate fue elegida por el gobierno como socia. El fondo de inversión estaba representado por el argentino Matías Campiani, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde, y se hizo cargo del 75% del paquete accionario de la aerolínea.
En enero de 2008, en el marco de la nueva gestión, la aerolínea compró siete aviones Bombardier. Para esto, pidió un préstamo de US$ 177 millones al ScotiaBank que tuvo al Estado como garantía.
Cuatro años después, en junio de 2012, el Poder Ejecutivo resolvió la salida de Leadgate en medio de una situación de insolvencia.
A su vez, el gobierno de José Mujica decidió buscar un nuevo inversor, aunque menos de un mes después, el directorio suspendió las operaciones y pidió el concurso.
En ese período de cuatro años, Leadgate pagó algunas cuotas al ScotiaBank, pero al momento de la liquidación la deuda ascendía a US$ 137 millones y como el Estado era garante debió asumirla.
El aval
De hecho, con el objetivo de empatar el negocio, el Poder Ejecutivo fijó en US$ 137 millones el piso del remate de los siete aviones Bombardier, aunque –como se sabe– el proceso resultó fallido y derivó en un nuevo escándalo.
La única que se presentó a la subasta fue la española Cosmo, que tuvo a Hernán Antonio Calvo Sánchez como representante. La empresa obtuvo en tiempo récord un aval del Banco República y tras frustrarse el remate el fideicomiso reclamó el pago de US$ 13,6 millones, lo cual el banco realizó.
Luego que El Observador revelara con una foto que detrás del “caballero de la derecha” –como se conoció a Calvo Sánchez– estaba Juan Carlos López Mena, el dueño de Buquebus accedió a pagarle al BROU el aval, aunque tiempo después, tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia inició –y ganó– una demanda civil contra el BROU para recuperar lo abonado (unos US$ 8 millones). El Estado volvió a perder al tener que pagarle a López Mena
La sentencia que usó como base declaró la inconstitucionalidad de la ley que creó el fideicomiso de las aeronaves de Pluna, lo que implicó “la nulidad de la subasta y del aval otorgado”.
Los aviones volvieron a la masa concursal y fueron vendidos en US$ 77 millones en 2016, por lo que el Estado recuperó parte de lo que pagó al salir como garantía.
Otras pérdidas
Tras el cierre de Pluna, el gobierno de José Mujica apostó por el desarrollo de Alas-U, una aerolínea de bandera nacional fundada por los extrabajadores de la empresa que duró un año.
El Poder Ejecutivo le otorgó mediante el Fondo para el Desarrollo (Fondes) un préstamo de US$ 15 millones que nunca fue devuelto.
A su vez, también otorgó US$ 10 millones en seguro de paro de los trabajadores y hubo otros US$ 10 millones de pérdidas por la desvalorización de los Bombardier desde que cerró Pluna hasta que fueron vendidos.
La asociación con Varig
La ley de empresas públicas, sancionada en 1991 durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera, autorizó la asociación de Pluna con una compañía privada para crear una nueva sociedad anónima a la que le correspondía 49% al Estado y 51% al socio privado.
En 1995, el presidente Julio María Sanguinetti le cedió a la empresa Varig buena parte del capital de Pluna y desde entonces, hasta 2005 la empresa bordeó tres veces la quiebra.
De acuerdo con cálculos presentados por el Frente Amplio en el Parlamento, la asociación con Varig le hizo perder al Estado uruguayo unos US$ 160 millones en esos diez años.
Por eso, las opciones para el primer gobierno de izquierda eran cerrar la aerolínea o buscar un acuerdo con una nueva empresa privada, que fue finalmente hicieron.
