El gobierno nicaragüense cerró otras 25 ONG’S y ya suman 3.273 desde 2018

Con el cierre de esas 25 ONG’s suman 3.273 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.

Según información publicada por el diario La Gaceta, la ilegalización de esas 25 organizaciones fue aprobada por la titular de Gobernación, María Amelia Coronel, después de un acuerdo ministerial sobre la medida. 

La argumentación del ministerio para el cierre unilateral de las organizaciones fue que estaban “en abandono y por tener entre 2 a 15 años de incumplimientos de sus obligaciones conforme a las leyes que las regulan".

Entre las afectadas se encuentran la Fundación Niños Abandonados de Nicaragua, que operaba desde 2001 y que, de acuerdo con la cartera de Gobernación, no reportaban sus estados financieros del período 2020-2021, y tenía su junta directiva vencida desde hace un año.

También la Fundación S.O.S Guardianes de la Infancia (FUGDI), que operaba desde 1995 y que tampoco reportaba estados financieros del período 2019 al 2021 y tenía también su junta directiva vencida desde diciembre pasado.

Además, perdieron su estatus jurídico la Asociación Pro-Beneficios de la Niñez en Situación de Riesgo del Departamento de Carazo, Asociación Veteranos de Guerra de Carazo, Asociación de Pensionados y Cotizantes del Régimen de Seguridad Social de Nicaragua, Asociación de Mujeres Campesinas una Nueva Esperanza, Asociación para el Desarrollo Social y Fundación Brigada Médica de Ayuda Humanitaria Linda, entre otros.

Las ONG’s que solicitaron su disolución voluntaria son la Asociación para la Promoción de la Lengua y la Cultura Rusas en Nicaragua "Alianza ruso-nicaragüense", Fundación S.O.S. Veterinario, Fundación Alberto y Berta Chamorro, Fundación para el Desarrollo Humano Sostenible y Asociación Nicaragüense de Trabajadores Sociales Mildred Abaunza. 

Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez dijeron que las ONG’s afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente de Nicaragua Daniel Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.

Miles de nicaragüenses salieron a las calles en abril de 2018 a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega luego de la violenta represión de las movilizaciones.

Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684. El Gobierno de Ortega reconoce "más de 300".

Los sandinistas también argumentaron que la ilegalización de esas ONG’s forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas de las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando efectivamente.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes electorales en prisión o en el exilio.

(Con información de agencias)