Eutanasia: cuestiones pendientes de un debate

No: son cuestiones sociales y jurídicas:

La ley (la sociedad) establecería una categoría de personas con vidas sin valor social, sin dignidad: si ellas no valoran su vida y quieren eliminarse, un médico las debe matar. Vidas renunciables, eutanasiables: no son protegidas penalmente, no son un valor de orden público. Esto no depende de su voluntad: quieran o no, serán devaluadas por ley.

Después, algunos renunciarán a su derecho a la vida…, pero ¿libremente? ¿O presionados por un sufrimiento que consideran insoportable?

¿Y no tiene responsabilidad la sociedad en ese sufrimiento? Es otra cuestión social.

¿La sociedad lo valoró, ayudándolo a valorarse?: al contrario: le dijo que, como tenía una “patología o condición de salud” -vejez, incapacidad-“irreversible” (aunque no sea mortal ni terminal), si quiere, se lo debería matar; si fuera joven, autónomo, productivo, sano o con enfermedad curable, sin incapacidades…, si quisiera matarse, la sociedad valorará su vida, hará campañas contra su suicidio y será delito de homicidio que un médico lo mate.

¿La sociedad lo ayudó a aliviar el sufrimiento? Si está entre el 50% de quienes no acceden a cuidados paliativos, la sociedad le habrá dicho: “no hay voluntad política para darte la ayuda que necesitás para superar el sufrimiento: te ofrecemos matarte”.  Entonces: ¿queremos aliviar el sufrimiento o eliminar al sufriente? Lo último es más barato: Canadá (como informa su Parlamento) previó ahorrar en el 2021, 86,9 millones de dólares canadienses de gastos de salud por la eutanasia; con la ampliación legal, del año pasado, que incluyó a los no terminales, se proyectó un ahorro adicional de 62; y como aumentaron más las eutanasias (llegaron a 10.064), el ahorro total por eutanasias fueron 254 millones. (Acá, ¿habrán tenido en cuenta estos datos al eliminar, en este último proyecto, el requisito de la terminalidad?). Esta es la consecuencia de considerar que las personas no son dignas, sino “cosas”, con precio.

Y si el “eutanasiable” está entre quienes, por su lugar de residencia y sus recursos económicos, puede acceder a cuidados paliativos, la ley de eutanasia también le estará generando o profundizando el sufrimiento y dándole un salvavida de plomo con el supuesto “derecho” a la eutanasia. La devaluación de su vida por la ley, como vimos, es previa a toda decisión: a él sí se lo debe matar si lo pide. ¿No tiene ya suficiente carga con su patología o condición de salud? ¿No merece toda la valoración por su dignidad y toda la ayuda por su especial necesidad? ¿Y le diremos que es una carga inútil? ¿Le diremos que es lógico que tenga un sufrimiento insoportable? Pregunten a un paliativista si el paciente necesita la valoración de su entorno, que vea que no es una carga, que confíe en que podrá superar el sufrimiento y vivir el final de su vida en paz…, y vean si la sociedad, por medio de la ley, no les dice exactamente lo contrario. Y, encima, esa devaluación de su vida, ese mandato social, a los médicos, de matarlo, se le presentará hipócritamente como un “derecho”: como algo que él merece (¿merecer que se lo considere sin valor, descartable, eliminable?; ¿tener “derecho” a que violen su primer derecho, el derecho a la vida?). Con ello, “se paraliza la mano del paliativista” (como dijo la Dra. Guedes), se impide que quienes pueden aliviarlo lo ayuden. Actualmente, el 95% de los que manifiestan el deseo de adelantar la muerte, cuando reciben cuidados paliativos revierten su decisión, superan el sufrimiento existencial y mueren en paz y sin dolor, después de haber logrado muchísimo en el fin de sus vidas. Y el 5% restante, igualmente muere sin sufrimiento, con sedación paliativa, y en forma natural. Esto se perderá con la legalización de la eutanasia: en vez de superar el sufrimiento, cada vez más gente morirá con sufrimiento insoportable, pensando que su vida no vale, que es una carga inútil para los demás. Así pasó en todos los países con eutanasia, aunque ofrezcan también cuidados paliativos cada vez mejores: en Bélgica (ley de 2002), en Holanda (empezaron a autorizar eutanasias judicialmente antes de la ley de 2002) y en Canadá (Ley en 2016). Ver la gráfica.

En resumen: no es una cuestión sin relevancia social, que dependa de la convicción de cada uno. Si queremos aliviar el sufrimiento de los más vulnerables, ofrezcamos cuidados paliativos de calidad a todos; si queremos hacer lo contrario a lo que hacen los cuidados paliativos, ofrezcamos también eutanasia, pero no digamos que es para aliviar el sufrimiento. Esos miles de personas eutanasiadas morirán habiéndoseles previamente devaluado sus vidas y, presionados por esa “valoración” social, no superarán el sufrimiento ni encontrarán sentido al fin de sus vidas: la ley les garantiza morir con sufrimiento insoportable y matado como cosa sin valor (lo contrario al derecho a morir dignamente: “en forma natural, en paz y sin dolor”).

Es una cuestión social y jurídica. Se afectan los fundamentos mismos de la vida social: la igual dignidad y consiguientes iguales derechos humanos inherentes que, por serlo, son irrenunciables, parte esencial del orden público que debe proteger un Estado de Derecho.

Si todos tenemos igual dignidad, si somos un valor máximo que siempre debe ser valorado ¿cómo estaría permitido —es más, sería un deber de los médicos— matar a quien no atenta contra la vida de nadie?: ¿se valora lo que se elimina?

¿El derecho a la vida no es un derecho humano? ¿No exige, como mínimo, el deber de todos de no matarlo? ¿No lo tienen todos por el sólo hecho de ser humanos? ¿Cómo pueden, algunos (sólo los eutanasiables) perderlo, por renuncia? ¿No es igual para todo ser humano?: ¿cómo puede, entonces, ser renunciable para los eutanasiables e irrenunciable para los demás?; ¿cómo puede discriminar la ley penalizando por homicidio al médico que mate a un no eutanasiable que se lo pida, y considerando que tiene el deber de “provocarle la muerte” si es eutanasiable?

No es una cuestión sólo de conciencia. Algunas religiones dan un fundamento particular para creer en la igual dignidad de toda persona, y sus consiguientes derechos humanos, pero todos estamos obligados a respetar esa igual dignidad y esos derechos: también el legislador. Ya desde 1918 fue consagrado como principio fundamental de nuestra Constitución (derechos inherentes, que se deben respetar y garantizar a todos por igual). Y, después de las consecuencias de considerar que había vidas sin valor (en el primer movimiento pro eutanasia y en los primeros proyectos de ley de la Alemania de hace 90 años), junto con la condena de los médicos que participaron en ese primer programa de eutanasia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dejó claro que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos humanos.

Diego Velasco Suárez

Prof. Fundamentos del Derecho

Universidad de Montevideo

(Autor de “Eutanasia y Dignidad – perspectivas jurídica, filosófica, sociológica e histórica de un debate”, FCU, 2021).