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FA retoma impulso de la IM para cobrar a grandes empresas por desechos tras 10 meses en "stand by"
El 6 de mayo de 2022, en un discurso en el club Stockolmo, la intendenta Carolina Cosse fue ovacionada al anunciar un impuesto a las grandes empresas que no recuperan sus envases y se transforman en residuos. Recién el 8 de diciembre, siete meses después, el proyecto de decreto de la Intendencia de Montevideo (IM) entraba a la Junta Departamental, en plena controversia con la Cámara de Industrias.
Pero desde entonces no hubo grandes movimientos. Recién ahora, y tras estar diez meses en "stand by", el Frente Amplio reimpulsa para que la comuna grave a las grandes compañías cuyos envases y embalajes devienen en residuos que por la vía de los hechos terminan levantando los camiones de la intendencia o barriendo sus cuadrillas en las calles.
El próximo viernes 6 de octubre comparecerá el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi, ante los ediles comisión de Medio Ambiente. "Lo que hicimos fue citarnos a la comisión para explicar el proyecto", dijo el jerarca al ser consultado por El Observador, aunque negó que la intendencia haya dejado de trabajar en el tema.
El texto en cuestión supone un "ingreso contraprestativo" para la comuna por estar haciéndose cargo de los deshechos cuya gestión corresponde por ley a los fabricantes o importadores. La administración de Cosse alega que toda la operativa de limpieza le supone "gastos adicionales" que financian "todos los contribuyentes" cuando la "responsabilidad" debiera ser de los privados.
El proyecto crea un pago anual a cargo de fabricantes e importadores que tras volcar sus productos al mercado –y su posterior consumo en hogares montevideanos– terminan generando residuos de envases o embalajes, como ser una lata de refrescos hasta la bolsa de los pañales. Salvo las pequeñas o medianas empresas, que quedarían exceptuadas, el resto de las compañías más grandes deberán presentar una declaración jurada acreditando de cuántos materiales son responsables y cuánto de ello efectivamente terminan recuperando para reciclar, sin terminar en basurales o en el relleno sanitario de Felipe Cardoso.
La Cámara de Industrias ha puesto el grito en el cielo desde el día uno, mientras siguen las negociaciones para cerrar con la IM un convenio por el Plan VALE, una suerte de reformulación del viejo Plan de Gestión de Envases que mejoraría las plantas de clasificación y reforzaría la inversión para evitar que los materiales en el mercado terminen convirtiéndose en basura.
"Trabajamos para estar en Montevideo y llegar a un acuerdo para que en la medida que se avance no recibamos ese precio, mientras estamos invirtiendo en solucionar el problema de fondo", sostuvo Agustín Tassani, uno de los referentes de la Cámara para temas ambientales.
El director Moncecchi –hombre de confianza de la intendenta– insiste en que ambas políticas no son contradictorias. "El plan VALE es una propuesta de que ellos recuperen por sus mecanismos los envases. Con lo que retiren de ahí va a ser menos lo que van a tener que pagar. Hemos sido muy claros en decir que no les vamos a cobrar dos veces", había afirmado en diciembre de 2022 a El Observador.
Las industrias han alertado que cualquier nueva presión tributaria tendrá que ser trasladada a precios, a lo que Moncecchi responde: "El traslado a precios no debería ser muy grande, pero si lo hay, es como funciona la economía. Yo también traslado a tarifas lo que me cuesta la recolección, y acá habría una nueva recaudación para eso".
Desde la comuna insisten en que el nuevo ingreso sería marginal en la estructura actual, aunque aún se manejan con proyecciones que solo las declaraciones juradas de las compañías y la reglamentación del decreto terminarían de confirmar.
Hasta hace unos meses la recolección de cada tonelada de basura en los contenedores salía a la IM unos 73 dólares, lo que derivaba en casi US$ 25 millones al multiplicarlo por todo lo que termina entrando al cierre del año en Felipe Cardoso. Mucho más caro aún sale levantar los pocos residuos que sí se apartan para el reciclaje (poquito más de medio dólar cada kilo), por la logística especial requerida.
Implementar un precio de este tipo tuvo complicaciones desde un inicio, en tanto no era tan sencillo demostrar cuánto le sale a la IM la gestión de los envases que no están captando los planes de clasificación.
La edila del MPP, Estela Pereyra, presidenta de la comisión de la Junta que abordará el tema, opinó que "es necesario avanzar por los grandes costos que le genera a la intendencia". La dirigente dijo a El Observador que "el expediente estuvo en stand by a solicitud de la IM porque estaba en conversaciones con la Cámara" y que ahora esperan tenerlo resuelto en comisión para fines de octubre.
Una posibilidad barajada por la comuna es que la discusión establezca medidas transitorias ante los plazos rígidos detallados en el proyecto de decreto. Tal como lo establece el texto y de aprobarse en la Junta este año, las grandes empresas ya tendrían que presentar declaración jurada a partir del 1° de enero y con tiempo hasta el 31 de marzo.
