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Gobierno da un golpe de timón y descarta "regionalizar" el vertido de residuos entre intendencias
Con la mira fija en culminar 2025 con todos los vertederos a cielo abierto del país cerrados, el gobierno apostaba a "regionalizar" soluciones. El Ministerio de Ambiente todavía hablaba a comienzos de este año de que las intendencias de Rivera y Tacuarembó unificaran la logística para concentrar sus residuos en un mismo sitio. La misma estrategia corría para Soriano y Río Negro en el litoral, para Florida, Flores y Durazno en el centro del país, y para Treinta y Tres y Cerro Largo en el este.
Pero el gobierno terminó dando un golpe de timón luego de que el camino se hiciera inviable por varias razones. “Con el fin de avanzar se empezaron negociaciones individuales con cada una de las intendencias, para que el proyecto no quedara de vuelta como una intención y fuera aplazado para dentro de unos años”, dijo el ministro Robert Bouvier la semana pasada en el Senado.
La regionalización en el norte, anunciada a fines del 2021, nunca se concretó luego de que las administraciones de Richard Sander (Rivera) y Wilson Ezquerra (Tacuarembó) no se pusieran de acuerdo en cómo financiar el nuevo sitio y asumir los nuevos costos de la cadena, indicaron fuentes de la cartera a El Observador.
La gerenta de Planificación Ambiental del ministerio, Marisol Mallo, habló de “centralizar lo más posible la disposición final”, de modo de cerrar los vertederos “en cualquier localidad que por sus pequeñas dimensiones no dan las cuentas para hacer rellenos sanitarios”. “Hay un equilibrio a analizar caso por caso, pero hay dos aspectos que pesaron: el incremento significativo en los costos de transporte que de otra forma no se tiene y concretar los acuerdos entre dos intendencias", dijo a El Observador.
“Ya sabíamos que el transporte en la estructura pesaba y mucho, y hoy por hoy esos costos son una de las principales barreras. En el interior hay localidades muy distantes unas con otras, y el transporte termina siendo de 80 o 100 kilómetros. Eso lo inviabiliza por razones de costo. Y hay un equilibrio de costos para cada una de las intendencias, que hay que ver si están dispuestas a pagarlo”, explicó Mallo, una de las principales referentes de la política ambiental en el país.
“Lo mejor siempre va a ser tener el sitio de disposición final lo más cerca posible de donde generás los residuos. Con el costo adicional del transporte, si solo tomáramos el análisis económico, no centralizaríamos la gestión. Pero hay intendencias que han avanzado justamente por temas ambientales y no mirando variable de costos operativos”, sostuvo.
El exministro Adrián Peña había denunciado a fines del año pasado que 16 departamentos vuelcan residuos en sitios no autorizados, acuciado por la contaminación de terrenos y los incendios propiciados por el descuido de la gestión ambiental.
El Ministerio anunció entonces un apoyo global de US$ 17 millones para el cierre de los vertederos, con cerca de US$ 800 mil para incentivar a cada intendencia a tomar medidas en esa línea. Mallo indicó, no obstante, que "se está analizando la integración de pequeñas localidades alejadas de las capitales con otros departamentos".
La cartera lleva firmados convenios con diez intendencias, mientras que Montevideo y Canelones ya tienen centralizada su disposición final –en Felipe Cardoso y Cañada Grande, respectivamente–.
Precisamente para el área metropolitana tampoco funcionó la millonaria inversión para convertir basura en combustible anunciada por el presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General en 2022 y respaldada por el exministro Peña, con varios desencuentros entre el consorcio privado detrás de la iniciativa y las administraciones de Carolina Cosse y Yamandú Orsi.
Aún así, desde el Ministerio de Ambiente mantienen los pronósticos: "Vamos a avanzar muy fuerte en 2024 con el cierre de los vertederos, y si a 2025 no llegamos con el 100%, sí vamos a tener un buen porcentaje", sentenció Mallo.
De las 66 plantas que operan actualmente, solo seis tienen autorización ambiental. Son las de Montevideo, Maldonado, Rocha, Florida, Fray Bentos y Paso de los Toros, las cuales reciben aproximadamente el 65% de los residuos que se entierran en Uruguay. Las 60 restantes operan en “condiciones inadecuadas o parcialmente adecuadas”, de acuerdo a datos de Ambiente.
Los casos de San José y Florida
Mallo destacó la semana pasada ante los senadores de la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda el caso de la Intendencia de San José, que cerró el histórico vertedero en Ciudad del Plata y puso iluminación en el entorno. "Es un hito muy significativo, tenía muchas décadas y se había ido agrandando la población urbana en el entorno", dijo.
La senadora frenteamplista Amanda Della Ventura preguntó en esa ocasión por el sitio de disposición final de su Florida natal. "Formalmente no es a cielo abierto y los residuos orgánicos se vierten en cilindros de un material particular, pero luego quedan expuestos y algunos se han roto, por lo que no creemos que sea el mejor camino. A veces, esto se considera un ejemplo a nivel país, pero hay mucha preocupación", dijo.
"El vertedero de Florida estaba precioso en la época del Frente Amplio. ¿Se acuerdan que estaba sobre la Ruta 5?", le devolvió a su turno el blanco Sergio Botana.
Mallo, del Ministerio de Ambiente, contestó entonces que la mejora en la gestión "no es algo en lo que pueda apretarse un botón y que de la noche a la mañana se den los cambios".
"Florida venía de una etapa anterior con un vertedero a cielo abierto que, por suerte, está clausurado. (...) Se pasó a una operación con un sitio de disposición final con encapsulado. Desde el punto de vista técnico, el Ministerio de Ambiente ha establecido que es una mejora operativa, pero que requiere las mismas condiciones de relleno sanitario que cualquier otra modalidad. A Florida le falta ese otro salto, que es pasar estrictamente a un relleno sanitario con la impermeabilización de base", expuso.
