Ministro de Ambiente presentó plan en el Parlamento.

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Recuperar Envidrio, cerrar vertederos y generar combustible: las claves del plan del Ministerio de Ambiente

El Poder Ejecutivo prepara una serie de decretos para "avanzar todo lo posible" en los objetivos en este tema; a pedido del equipo económico, el ministerio dejó por el camino un impuesto que había proyectado
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09 de mayo de 2022 a las 05:00

El Poder Ejecutivo presentó en diciembre del año pasado el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos. Así estaba establecido en una ley vigente desde 2019 que este gobierno intentará en los próximos meses “bajar a tierra”. A esos efectos serán emitidos en el corto plazo “múltiples” decretos reglamentarios para avanzar “todo lo posible” en su cumplimiento en la presente gestión, según aseguró ante la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados el ministro Adrián Peña. 

El jerarca presentó la semana pasada en el Parlamento las principales líneas de acción de un plan pensado a una década. La hoja de ruta se extiende hasta 2032, con una revisión en 2027, e incluirá no solo la dimensión ambiental del problema, sino su vertiente social y económica. Según Peña, en Uruguay hay hoy 5 mil personas trabajando en el sector en condiciones de informalidad. Por eso, apuntó, se requiere un sistema sostenible desde todos sus ángulos. 

En la presentación, a la que accedió El Observador, el ministro indicó que en abril se firmaron dos resoluciones relativas al desestímulo de la utilización de plásticos de un solo uso y la recuperación de esos residuos. En junio se presentará un sello de "libre de plásticos de un solo uso" destinado a reconocer a organismos, hoteles y restaurantes. "La línea es ir hacia evitar todo aquello que es prescindible", dijo el ministro. "Cuando podemos, tenemos que volver a utilizar materiales que se puedan volver a usar".

Peña admitió que el país enfrenta un problema importante en cuanto a la disposición final de los residuos. Solo existen sitios autorizados por el ministerio en Montevideo, Rocha, Fray Bentos y Maldonado. En el resto del territorio, ninguno de estos lugares funcionan con autorización. Ambiente advirtió una situación muy compleja en Tacuarembó: unas 120 personas viven de y en el vertedero. 

Peña dijo que el objetivo es llegar a 2025 con todos los vertederos del país cerrados. Para eso, se aplicará una estrategia de regionalización. La primera etapa será la instalación de una unidad de disposición, con relleno sanitario, común para Rivera y Tacuarembó, para lo que se logró un acuerdo entre las dos intendencias. La instalación se hará a una distancia equidistante entre las capitales departamentales, que contarán cada una con una estación de transferencia. Una cooperativa absorberá a la mayor parte de las personas que hoy viven allí de la clasificación. 

Para instalar este tipo de centros, el Poder Ejecutivo aportará US$ 15 millones en dos años a los gobiernos departamentales.

El relleno sanitario será el primer escalón hacia el cierre definitivo de los vertederos. Pero otra de las líneas del plan, explicó Peña, es apostar a la valorización de los residuos y así enterrar lo menos posible. En ese marco y además de atender la recuperación domiciliaria, se aplicará el concepto de "responsabilidad extendida al productor". En cuanto a envases, las cifras actuales son muy magras: apenas el 4% se recupera. Así, la resolución emitida en abril exige que, para diciembre de 2023, exista una recuperación del 30%, que deberá ser del 50% para diciembre de 2025. 

Al respecto la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) presentó el mes pasado un plan que supone, según el ministro, una inversión entre ocho y doce veces mayor que la actual para recuperar envases. Otra de las obligaciones pasa por que el 40% de los envases sean de material reciclado a partir de 2025. 

El problema del vidrio y el cartón

Según explicó Peña, la empresa Ecopet, instalada en Pando, tiene capacidad para tratar el doble de lo que hoy recibe. Lo que hace es picar y lavar las botellas, cuyo resultado se envía Argentina. Allí es convertido en resina, que luego vuelve a Uruguay convertida en una preforma que luego será la botella que se sopla. La intención es que ese proceso se realice íntegro en el país, pero para eso la firma necesitaría llegar a tratar 500 toneladas anuales, más del doble de lo que recibe hoy.  "La capacidad está pero no llegan porque nosotros, los uruguayos, dejamos por el camino la mayoría de los envases en el arroyo o en el vertedero", advirtió Peña. 

Otra de las apuestas es la reactivación de Envidrio. La unidad productiva de la excooperativa saldrá a la venta luego que la Justicia determine su liquidación. Según Peña, el gobierno recibió a varios interesados en hacerse con las instalaciones, lo que también sería fundamental desde el punto de vista ambiental. "Hoy no tenemos solución para el vidrio", señaló. "Y la necesitamos de manera urgente". 

Uruguay, agregó el ministro, también enfrenta un problema en cuanto a la recuperación del cartón. Allí relató que el año pasado la empresa Pamer, instalada en Mercedes, envió personal al seguro de desempleo por 20 días al no tener material para procesar. Según las cifras oficiales, de 500 toneladas de papel y cartón que hoy se vuelcan al mercado solo 150 se recuperan. El resto va a disposición final. 

Peña anunció por otra parte que este año serán firmados dos decretos relativos a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que hoy implican 40 mil toneladas por año . La idea es que dejen de ir a los vertederos y que su recuperación sea, también, responsabilidad de los importadores y comercializadores de estos productos. También habrá un decreto reglamentario sobre los residuos generados por la construcción, que representan hoy el 30% de la capacidad de la usina de Felipe Cardozo, en Montevideo. 

La ley aprobada en 2019 preveía la creación de un adicional al Impuesto Específico Interno (Imesi) para la generación del Fondo Nacional para la Gestión de Residuos (Fonagres). Según anunció Peña, por decisión del equipo económico ese tributo quedó en suspenso bajo la premisa de "no aumentar impuestos". Una posición que, dio a entender, es distinta a la de Ambiente. 

Metanol: un plan ambicioso

Los residuos domiciliarios son, técnicamente, propiedad de las intendencias departamentales. En Montevideo, que concentra la mayor parte, no existe mayor interés en aprovecharlos para, por ejemplo, generar a partir de ellos energía eléctrica. Según Peña, la intendenta Carolina Cosse le manifestó poco antes de asumir que era una opción muy poco viable desde el punto de vista económico. En buena parte porque Uruguay cuenta con excedentes de electricidad. 

El ministro admitió que, a nivel mundial, muchos países están dejando de incinerar residuos para generar energía. La opción, entonces, parece ser apostar a los combustibles de transición.  Hay un proyecto a gran escala que Ambiente trabaja en forma conjunta con Montevideo y Canelones que se propone, en un plazo de entre cinco y diez años, que la mitad de la basura generada por esos departamentos sea convertida en biometanol. 

Según explicó el ministro ese producto iría destinado a Maersk, la naviera que integra el grupo inversor del proyecto, y que pretende utilizarlo como combustible para sus barcos. Esa firma está construyendo doce buques que funcionarán en base a metanol. El plan prevé la instalación de una biorrefinería en el lugar que hoy ocupa la usina de Felipe Cardoso.

El impuesto que sí prevé Cosse

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, informó el viernes pasado que enviaría a la Junta Departamental un proyecto que prevé un impuesto para las empresas que son "grandes generadoras de residuos". 

Según la jerarca departamental, esto será "un incentivo" para que generen menos y para que se plieguen a planes de "de economía circular".

"Serán multados acorde al daño que le están haciendo al ambiente", prometió.

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