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Los entretelones que truncaron el proyecto anunciado por Lacalle Pou para convertir basura en combustible
El ambicioso proyecto para convertir la basura del área metropolitana en combustible para barcos ya no está en agenda.
Por aquello de que no hay que dar nada por muerto, el gobierno no ha oficializado el fracaso de la iniciativa que el propio presidente Luis Lacalle Pou anunció ante la Asamblea General al despuntar el 2022, pero todas las partes reconocen que las negociaciones están truncas hace por lo menos seis meses.
En una de sus últimas jugadas en el Ministerio de Ambiente, y pese al interés de Torre Ejecutiva en sellar la iniciativa privada a escala metropolitana, Adrián Peña cerró con Yamandú Orsi el acuerdo para activar un "plan B" que pusiera fin al vertedero en Cañada Grande, cuyo cierre está en los discursos de los jerarcas departamentales hace casi 20 años.
"Los más interesados en una solución rápida éramos el ministerio y la Intendencia de Canelones, más que Montevideo, y esa urgencia nos terminó juntando", relató Peña a El Observador. "Se está afinando la propuesta y hay posibilidad de una alternativa, pero no está cerrado", añadió el hoy senador y líder de Ciudadanos.
La historia se remonta a los principios de la actual administración, inicia con un "megabasurero" resistido por vecinos y cancelado por el gobierno, sigue con negociaciones intrincadas para que un consorcio privado gestionara más de la mitad de la basura de Montevideo y Canelones, y está toda atravesada por las dificultades políticas de un millonario proyecto que exigía alinear a Lacalle Pou, a Carolina Cosse y a Yamandú Orsi, que poco levantaron el teléfono para comunicarse entre sí.
Mientras tanto, una de las novedades de la Rendición de Cuentas que al cierre de junio entrará al Parlamento será un rubro para promover la valorización de despojos y fomentar por esta vía el cierre de los vertederos comprometido por el Plan Nacional de Gestión de Residuos hacia 2024, confirmaron fuentes de la coalición a El Observador.
La urgencia canaria y las negociaciones
El "waste to fuel" llegó a Torre Ejecutiva en noviembre de 2020 como una idea para tornar basura en combustible para aviones, pero por razones técnicas viró a una iniciativa privada de las uruguayas CSI Ingenieros, Ciemsa e Inglobal, asociadas con la norteamericana Wastefuel, para producir el metanol que propulse los ocho nuevos barcos anunciados para el año que viene por la naviera danesa Maersk en su apuesta por cortar las emisiones en 2050.
Apenas unos meses antes, el flamante Ministerio de Ambiente cancelaba la licitación del sitio de disposición final –tachado de "megabasurero" por los productores de Soca– de la Intendencia de Canelones para Cerro Mosquito, con miras a clausurar el actual predio en Cañada Grande.
Si bien la gestión ya estaba adjudicada por US$ 8 millones al consorcio de Aborgama, Favelan y Ebital, Peña argumenta que el proyecto "impactaba en la ruralidad" y tenía "una resistencia social importante" más allá de su autorización ambiental, decisión que ha motivado varios cruces con el propio Orsi.
Y es que, a diferencia de Montevideo –que con Felipe Cardoso tiene vida útil de al menos cinco años y la posibilidad de expandir el relleno sanitario a terrenos contiguos en el noreste– Canelones tiene la soga al cuello con Cañada Grande. De ahí el enojo de Orsi con la cancelación a Cerro Mosquito como alternativa.
Hasta que pronto, con el anuncio de Lacalle en marzo de 2022, empezarían las conversaciones para que cerca de la mitad de las 500 toneladas diarias de basura canaria se transfirieran a Felipe Cardoso donde, con el "waste to fuel", unas 700 toneladas de desechos por día se descompondrían para obtener biogás y transformarlo luego en el metanol que propulsaría los barcos de Maersk, en un proceso llamado "Fisher Tropsh".
La única aparición conjunta de Cosse y Orsi con el tema fue una conferencia de prensa en junio en que se pronunciaron a favor de la iniciativa. Pero una de las condiciones centrales esgrimidas por los dos potenciales rivales de la interna del Frente Amplio fue que el tipping fee –como se conoce a la tasa que sus intendencias deberían pagar al consorcio privado para que gestione los residuos– fuera el mismo para ambos.
En esa época se negociaba en la Junta Departamental un préstamo del BID de US$ 70 millones con varias medidas de limpieza, que más tarde fracasaría pese al apoyo explícito del sector colorado liderado por el entonces ministro de Ambiente Adrián Peña. Cosse sostuvo ese día que el "waste to fuel" debería "ser acompañado por inversiones adecuadas para la mejora ambiental, social y logística de la zona”.
Eso fue el 3 de junio de 2022: una de las últimas veces que se habló públicamente de la iniciativa privada que entusiasmaba al gobierno.
En paralelo a la Expo Sostenible de la semana siguiente, la Intendencia de Montevideo (IM) empezó a negociar con el consorcio. En esa interacción mano a mano, una de las primeras propuestas de la administración de Cosse fue que el privado también asumiera otras intervenciones urbanas en paralelo, como parte del "mismo paquete" en clave de conformar un "parque ambiental".
El listado, al que accedió El Observador, iba desde la pavimentación de calles del entorno de Felipe Cardoso –Cochabamba, Camino Cepeda y una perimetral hacia Camino Maldonado– hasta el realojo del asentamiento Felipe Cardoso, la posterior parquización de ese espacio, mejoras en la planta de clasificación informal 5 BIS, el desvío de la quinta línea de bombeo de OSE, la construcción de un nuevo taller de maquinaria y oficinas para la Unidad de Cuerpos de Agua, entre otros pedidos.
Otro de los planteos iniciales de la comuna, y el que sería el mayor nudo de la cuestión, fue que solo les rendía una ecuación en que el tipping fee fuera a partir de US$ 9 por tonelada de residuos. La delegación encabezada por el director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi y el titular de Limpieza, Ignacio Lorenzo, aducía que hoy en día la disposición final le sale a la IM entre US$ 10 y US$ 15 por tonelada gestionada.
El esquema inicial del consorcio –en las conversaciones dirigidas por el gerente de nuevos negocios de CSI Ingenieros, Javier Durán– le implicaba a la IM casi el doble de lo que pedía para que no le saliera más caro: unos US$ 20 por tonelada. La referencia tomada era que la cifra igual estaba por debajo de los US$ 25 por tonelada que la Intendencia de Canelones tenía autorizados para la frustrada licitación de Cerro Mosquito.
Eso fue a mediados de junio del 2022.
Las idas y vueltas llevaron a que unos cinco meses más tarde el esquema de costos propuesto por el consorcio privado propusiera fuera distintivo. A Montevideo le saldría US$ 16 la tonelada, pero como contrapartida Canelones debería abonar unos US$ 24 por cada tonelada de residuo (siempre debajo del umbral de la licitación). La capital era la que albergaba la operativa, y una de las cuestiones sobre la mesa era que un porcentaje de la basura canaria, que no era aprovechable en el proceso del "waste to fuel", iría a parar a Felipe Cardoso, de jurisdicción montevideana.
La administración de Cosse entiende que igualmente "los números siguen sin cerrar" para que le sea "competitivo" con su actual gestión. Uno de los reproches desde esas filas consiste en que las intendencias terminan siendo las que "bancan" la iniciativa privada promovida por el gobierno nacional.
En Canelones, mientras tanto, no caía bien que el encarecimiento del tipping fee recayera sobre ellos, cuando de hecho una de las condiciones impuestas por Cosse y Orsi meses antes era que ambos afrontaran los mismos costos. También persistían dudas técnicas sobre un modelo de gestión poco probado en el mundo, que el gobierno nacional ponía en agenda a impulso de la iniciativa de un privado.
"No hemos tenido más reuniones y los plazos que se manejaban se han visto superados", dijo a El Observador el director de Gestión Ambiental, Leonardo Herou, que estuvo en las negociaciones junto con Alejandro Tarigo, técnico del Área de Gestión de Residuos.
El comentario informal en filas del gobierno al día de hoy responsabiliza a la gestión de Cosse por poner exigencias que terminaron truncando las negociaciones, en el entendido de que con una urgencia distinta a la de Canelones marcó sus propios tiempos y no hubo voluntad de coordinación entre los intendentes frenteamplistas. Por eso ahora se activa un Plan B que solo incluye a Canelones.
Nuevas negociaciones
El gobierno y la comuna canaria están terminando de abrochar un proyecto privado que instalaría un tratamiento industrial de residuos –y su valorización– en el entorno de la exempresa Metzen y Sena (en Empalme Olmos), que tiene decenas de hectáreas y en 2018 fue adquirido por el empresario Andrés Guichón. Fuentes del gobierno confiaron a El Observador que trabajan en una vinculación con Aborgama, que había ganado la licitación para Cerro Mosquito.
Desde el Ministerio de Ambiente no le cierran aún la puerta al "waste to fuel", mientras siguen habiendo contactos entre las partes con el consorcio. Adrián Peña, en cambio, consideró que "son iniciativas vivas, porque si falla Canelones, sabemos que podemos ir por ahí". "En algún momento, dada la situación política cobró más vigencia otro camino", resumió.
El exministro adelantó que a instancias del Ministerio de Economía, la rendición de cuentas incluirá "beneficios fiscales para los que valoricen residuos", con el objetivo puesto en "enterrar lo menos que se pueda".
Mientras tanto, el gobierno aduce que la tecnología para convertir residuos en combustible ya está en agenda, y que incluso hay hoy "otras iniciativas a estudio".
