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El baldío que la IM quiere expropiar y la "advertencia" por gaviotas que se cruzan con aviones
El terreno de 39 hectáreas está a los pies de la montaña de basura. Sobre la ladera noreste empinada solo resuenan las maniobras de los camiones y los pasos de unos pocos clasificadores sobre los plásticos descartados. A la sombra del baldío contiguo otros trabajadores esperan a que ceda el sol abrasador de mediodía para volver a trepar. En teoría, por su seguridad, el acceso les está restringido. Pero hay que "hacer el pan", se excusan.
La Intendencia de Montevideo (IM) está desde 2017 en el proceso de expropiar ese predio aledaño entre camino Colastine y Felipe Cardoso, que concedería un nuevo campo libre para gestionar los residuos en el vertedero que tiene los años contados. El puntapié lo dio la administración de Daniel Martínez y ahora lo continúa la de Carolina Cosse, que la semana pasada volvió a afirmarse en ese camino.
"Las obras de ampliación son bastante grandes. Vos vas haciendo crecer a medida que vas necesitando", explicó a El Observador el director de Desarrollo Ambiental de la comuna, Guillermo Moncecchi. "Cuando tenés la expropiación vas planificando cómo crecer. Podés usarlo para ampliar el sitio de disposición final, o tenerlo como zona intermedia. El asunto es tener más espacio para lo que vas haciendo", argumentó.
La semana pasada la IM rechazó un recurso de la firma Givomare SA –responsable del terreno–, que iba contra el monto de indemnización definido en unos US$ 600 mil.
En 2018 el privado había manifestado que el uso proyectado para el padrón "generaría dificultades para la navegación aérea en virtud de la presencia de aves que la acumulación de residuos ocasionaría en las proximidades del Aeropuerto de Carrasco".
Así lo planteó –entre varios otros reparos– a través de un recurso al que la comuna no hizo lugar en abril de 2018. Para ese punto en concreto la administración de Martínez contestó que a pesar de que "desde hace muchos años la usina de disposición de residuos se encuentra ubicada en el padrón lindero al designado para expropiar", no provocaba "dificultades a la navegación aérea".
El aeropuerto está a unos 7 kilómetros hacia el noreste del vertedero, lo que le vale tener sobre sí una alerta encendida al no alcanzar el mínimo de 13 kilómetros sugerido por las normas internacionales. Tanto desde la Dirección Nacional de Aviación Civil (Dinacia) como desde la Fuerza Aérea apuntaron a El Observador que no ha habido complicaciones asociadas a interferencias de aves, más allá de casos puntuales que son inevitables en el rubro.
De hecho pende sobre la cabecera de la pista 0624 del aeropuerto una “advertencia” por su coincidencia con la ruta de las gaviotas entre el vertedero y la isla frente a la Playa Malvín en la que tienden a anidar, señalaron desde la Fuerza Áerea. El cruce tiene lugar en el extremo que mira hacia Montevideo, aunque se da en distintos niveles de altura. En otras palabras, los aviones sobrevuelan el viaje de las gaviotas. La alerta rige más que nada para los aterrizajes que descienden sobre esa intersección.
Consultado respecto al reclamo de Givomare SA, Moncecchi respondió: "Llegado el momento, si es que se usa el predio para disposición final o lo que sea, se tendrá que hacer, como corresponde, un estudio de impacto ambiental. Pero eso no limita la expropiación", aclaró el director de Desarrollo Ambiental de la IM. El aeropuerto cuenta con el servicio de la empresa Cetrería del Sur, que utiliza unas 25 aves rapaces para mantener a raya a otros pájaros.
La comuna está por iniciar las obras del proyecto "Valle Cepeda", que implican una ampliación de Felipe Cardoso por unos US$ 6,5 millones financiados mediante Fondo Capital. Moncecchi estima que eso permitirá estirar la vida útil del vertedero al menos por unos seis años, sin contar la incidencia que puedan llegar a generar las políticas del Plan Nacional de Residuos, buena parte del cual apunta a mejorar los indicadores de descartes. Hoy en día Felipe Cardoso engorda a ritmo de unas 2.000 toneladas diarias.
Un predio degradado
El predio en expropiación perteneció en su momento a Netilur SA, de la que Juan Peirano Basso ostentaba el 85% de las acciones. El Banco Central (BCU) inició en 2004 la demanda al banquero –junto a los otros titulares del Grupo Velox– por la liquidación de los bancos de Montevideo y Caja Obrera en 2002.
Como parte de uno de los acuerdos extrajudiciales de ese proceso, el BCU accedió en 2014 a que Netilur SA vendiera los terrenos de Carrasco Norte a la firma Givomare SA, que le pagó unos US$ 400 mil. Este segundo actor privado fue el responsable de ir contra las expropiaciones de la intendencia.
La comuna recabó dos años atrás que el predio está atravesado por una cañada que lo divide en dos y genera un área inundable que es inaprovechable. También describió que el padrón está ocupado por varias familias que construyeron viviendas económicas, algunas de las cuales residen allí desde 1945. También hay en el terreno una antena y una planta emisora radial.
"Esto hace que el valor de mercado del predio se deprecie fuertemente dado que no existe libre disponibilidad de la tierra, debiendo procederse al desalojo de los ocupantes (30 familias aproximadamente)", detalló la comuna al tasar la propiedad.
