Fiscalía está "enceguecida contra Cendoya", dicen sus abogados; fiscal lo acusa de intentar "trasladar responsabilidades"

Los abogados Camaño y Rodrigo Martínez pidieron la absolución de su cliente unos días antes de que el fiscal Pérez presentara la demanda acusatoria, en la que pidió que Cendoya sea condenado por tres delitos de abuso de funciones a una pena de 22 meses de prisión y una multa de casi $4 millones, tal y como informó El Observador. 

Aunque todavía no se celebró el juicio, el nuevo Código del Proceso Penal establece que las defensas puedan pedir el sobreseimiento ante determinados escenarios y eso fue lo que hicieron Camaño y Martínez, al entender que su cliente debía ser absuelto de inmediato por dos razones. 

Primero porque entienden que no existe “plena prueba” de lo que se le atribuye y segundo porque entienden que la situación que describe la fiscalía no es un delito. Pero tras un análisis de los hechos uno por uno, el juez Fernando Islas descartó el pedido y por el momento el juicio en su contra sigue firme, aunque la decisión fue apelada. 

Ante el argumento de que no existe “plena prueba” contra Cendoya, el juez entendió  que no se agotaron todas las etapas probatorias porque todavía no hubo un juicio. 

Sobre el segundo argumento de los abogados, el juez se extendió bastante más. Cuando los jueces entienden que la conducta descripta por la Fiscalía no constituye un delito, deben sobreseer al imputado. Así sucedió, por ejemplo, en la Operación Océano con algunos de los imputados. 

El juez recordó que para que el sobreseimiento se produzca antes del juicio, la "atipicidad" –así se le llama técnicamente– tiene que ser evidente. En el caso de Cendoya, insistió, evidentemente no lo es y por eso el tema se discutió casi 10 horas.

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Los cargos uno a uno y un "mini juicio" inevitable

La inocencia o la culpabilidad de Cendoya sobre los tres delitos de abuso innominado de funciones por los que fue imputado por Pérez se debe dirimir en un juicio oral que todavía no comenzó. 

En esta oportunidad, Islas debía analizar si se cumplían a todas luces las dos razones que invocaba la defensa. Por eso, el juez insistió una y otra vez en ceñirse al debate sobre esos puntos y evitar hacer un "mini juicio" en el que la Fiscalía y la defensa intentaran convencer al juez de su posición amparándose en evidencias y entrando en el fondo del asunto.

 Aunque trataron de reducirlo al mínimo, terminaron debatiendo sobre los hechos y las pruebas de un lado y del otro. En ese extenso debate, tuvo varias participaciones Nicolás Cendoya, abogado de profesión,  quien a pedido de su defensa volcaba sus conocimientos en derecho administrativo y en los procedimientos de la Ursec. 

Pero también se explayó sobre su situación personal, a la que calificó de "desesperante" por el impacto que ha tenido en su vida laboral y familiar. Algo con lo que el juez empatizó: “Entiendo personal, familiar y  lo que le está tocando vivir (...) no me gustaría estar en su lugar”.  

• La trituración de papeles en la Ursec

Camaño alegó que no entendía cómo Pérez quería imputarle a Cendoya un delito de abuso de funciones cuando fue Gustavo Sorrentino quien el 1 de junio trituró documentos de la Ursec. Por otra parte, pidió entender ese hecho en su contexto.

 Dijo entonces que su cliente, que por entonces era director de la Ursec en representación del Frente Amplio, había realizado duras críticas a la nueva gestión de la unidad, comandada por Mercedes Aramendía, y que ese 1 de junio la nueva presidenta había dicho en El Observador que se habían "cajoneado" cientos de expedientes que tenían atrasos. 

En medio de ese ambiente "caldeado", relató Camaño, fue que Sorrentino, que se desempeñaba bajo el régimen de pase en comisión a pedido de Cendoya (aunque para junio ya había vencido), concurrió a la Ursec. La razón de la visita, según el abogado, fue el cumpleaños de uno de los empleados, que además se retiraba ese día. Fue en ese contexto que a Sorrentino “se le ocurrió romper papeles de trabajo".

A los pocos días, el miércoles 3 de junio, Aramendía presentó una denuncia penal. Según Cendoya, la hizo a las 12:00 y 45 minutos después fue publicada “con lujo de detalles" en El Observador. A las 13:30, recordó, la presidenta de la Ursec los convocó a él y al secretario Óscar Mecol, a una reunión extraordinaria. Según Cendoya, Aramendía había hecho una "pesquisa" a sus espaldas y sin comunicarlo, como debía hacerlo, al Directorio de la Ursec. 

Al recibir esa invitación, Cendoya se encontró con Mecol y luego con Sorrentino, en este último caso cerca del club Atenas, en Barrio Sur. 

Mecol, por su parte, le transmitió a Aramendía que por una formalidad no iría –ni él ni Cendoya– a la reunión convocada, pero que sí irían a la sesión del Directorio prevista para el jueves, es decir, un día después. 

Los abogados afirman que los encuentros previos a la citación de Aramendía no tuvieron ninguna intención espuria. Con Mecol era rutinario y con Sorrentino el objetivo fue “informarse” de lo que había pasado, una obligación que tenía Cendoya como jerarca. 

Además, porque para ese momento la denuncia penal de Aramendía ya estaba presentada. Y agregan que Sorrentino había intentado comunicarse con Cendoya varias veces, pero que este no le respondió porque estaba a la espera de la sesión del Directorio. Pero la Fiscalía le rebatió la teoría del caso a la defensa. Advirtió que el día que salió una nota titulada "caja de pandora de la Ursec" en El Observador, el mismo Cendoya envió el link al grupo de WhatsApp que tenía con varios funcionarios. Fue a raíz de eso, según Pérez, que "nace la idea" de Sorrentino de ir a la Ursec.

 De acuerdo al relato del fiscal, Cendoya tenía la intención de dilatar la reunión del Directorio a la que convocó Aramendía para así tener tiempo de reunirse con Mecol y Sorrentino, algo que hizo "a hurtadillas". Y especificó que reuniéndose con ellos antes de que se dispusiera la investigación administrativa, Cendoya "era juez y parte". 

A su vez, alegó que el expediente triturado demostraba una irregularidad y que no es cierto, tal y como ha sostenido Cendoya, que todo en la Ursec estaba digitalizado. 

• Radio Palmitas Soriano 

La defensa de Cendoya afirmó que en diciembre de 2014 el jerarca recibió un llamado del entonces subsecretario del Ministerio de Industria, Edgardo Ortuño, quien le explicó que una radio comunitaria en Palmitas (Soriano) hacía un tiempo que tenía todos los papeles presentados para obtener la autorización para funcionar pero que por razones operativas del ministerio se había dilatado.

Esa fue la razón por la que él y el presidente Gabriel Lombide habían dado la orden al jefe de los inspectores de no revisar la radio Palmitas. Según entienden, hubiera generado "daños en perjuicio de la administración" inspeccionar una radio que no tenía los papeles en regla por culpa del propio Estado y estaba próximo a subsanarse.

Sin embargo, los inspectores fueron y les sacaron los aparatos para funcionar. Luego de eso, Lombide mandó un mail advirtiéndole a los inspectores que devolvieran los equipos. 

Pero resulta –según Camaño– que la información que le había dado Ortuño a Cendoya era errónea. La radio Palmitas había comenzado el proceso de inscripción en enero de 2014, cuando ya regía la veda electoral (no se pueden asignar frecuencias en los 12 meses previos a las elecciones y los seis meses posteriores). Es decir, desde octubre de 2013 no se podían comenzar los trámites. Eso, insisten sus abogados, no es responsabilidad de Cendoya. A raíz de este caso, Ortuño es indagado por la Fiscalía.

Pérez, por su parte, destacó que el 25 de febrero de 2015, cuando se incautaron los equipos, no era la primera vez que la Ursec tomaba conocimiento del caso. Ya habían inspeccionado y detectado irregularidades en dos oportunidades anteriores en 2014. 

En su investigación administrativa, el jefe de Jurídica del ministerio, Carlos Rosselló, indicó que lo actuado por Cendoya "fue doblemente ilegítimo" y puede equipararse "a una asignación de frecuencia" que aún no había sido asignada. El abuso de funciones, para la Fiscalía, radica en que Cendoya dejó que continuara operando una radio que estaba en infracción e incluso hizo devolver lo que inspectores habían incautado.  

• Radio Bemba

Radio Bemba es una radio comunitaria en Salto que había sido autorizada a operar por el Poder Ejecutivo en 2015 con una potencia de 30 megahertz. Eso hacía, según la defensa de Cendoya, que las frecuencias de Argentina interfirieran con ella y necesitara más potencia. Como el dueño falleció y asumió la gestión su viuda, que poco entendía de cómo funcionaba la radio y los trámites, a la mujer se la inspeccionó dos veces. La Ursec encontró entonces que operaba con 80 veces más potencia que la autorizada.

Como desde 2008 hay una ley que establece que hay que promover y fortalecer las radios comunitarias, tanto Cendoya como Luis Abascal (otro jerarca técnico de la Ursec) entendieron que lo mejor era que la mujer comenzara el trámite para aumentar la potencia.

Así, acordaron que Abascal consultara a Radiodifusión y también al Ministerio de Educación y Cultura para ver si la dueña estaba legitimada para hacer el trámite por esa radio. 

Según Cendoya, después de eso no supo nunca más nada del tema. Abascal finalmente hizo solo una de las consultas, pero de nada de ello tuvo conocimiento.

El fiscal entiende que eso no sucedió así, sino que la defensa aporta una visión "descontextualizada" del asunto. "Permitieron por la vía de los hechos que radio Bemba emitiera con una potencia superior a la permitida", expresó en audiencia.Afirmó que se habían recibido denuncias de que Bemba interfería con otras señales y no viceversa. A su vez, hay correos que dicen que Cendoya llamó a la viuda dueña de la radio y que preguntó a inspectores que estaban en Salto si iban a ir a esa radio. El fiscal también hizo hincapié en que Abascal envió en un correo dirigido a la secretaria personal de Cendoya, Luján Varela, con el expediente del caso, razón por la que a su juicio no se sostiene que él "se desentendió" del tema después de la reunión con Abascal. 

Por otra parte, advirtió que la radio tenía "fines comerciales", algo que no está permitido. Sobre ese punto, Cendoya hizo una diferencia entre ser una radio comercial –que era lo que Pérez sugería– y el querer generar dinero, que es necesario para que cualquier medio se mantenga.