Caso Cendoya: Fiscalía pide 22 meses de prisión y multa de casi $4 millones

Para la secretaria de Cendoya, María Luján Varela solicitó dos delitos de abuso innominado de funciones y pidió su condena a 18 meses de prisión, el pago de una multa de $3.172.000 y dos años de inhabilitación especial. En tanto, al expresidente de la Ursec, Gabriel Lombide, lo acusó de un delito de abuso de innominado de funciones, pidió que se le imponga una pena de 16 meses de prisión, una multa de $3.172.000 y dos años de inhabilitación especial.

Por último, al exsecretario Oscar Mecol, lo acusó por el mismo delito que a Lombide, aunque le pidió una pena de 14 meses de prisión, una multa de $ 2.379.000 y el mismo tiempo de inhabilitación especial. 

El abogado de Cendoya, Diego Camaño, pidió su sobreseimiento y se citó a audiencia para discutir la cuestión ante el juez Fernando Islas.

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1. Una irregularidad que quiso ser escondida al triturar un expediente

El 1° de junio de 2020 el exfuncionario de la Ursec Gustavo Sorrentino ingresó al área de Secretaría General, revisó armarios y destruyó documentación en una máquina trituradora que había en el lugar. El 2 de junio volvió a la máquina a ver si efectivamente estaba la documentación y la recogió.

Entre la documentación destruida, asevera la Fiscalía, se logró "ubicar y reconstruir partes que se compadecen" con un expediente iniciado en mayo de 2019  como consecuencia de una solicitud de “autorización para la cesión parcial de cuotas sociales de la sociedad Comunicaciones Audiovisuales S.R.L. conforme a derecho”. Y por otro, que en el cuso de la tramitación de dicha solicitud se presentó con fecha 13 de setiembre de 2019, por parte de los interesados, asistidos en este caso por la Dra. Elena Grauert. 

Ella presentó una "intimación urgente" a la Ursec por una "violación de  la ley 18.331 del 13 de agosto de 2008 de Protección de Datos Personales". Grauert indicaba que la publicación que buscaba cumplir con la consulta pública que impone la ley de medios "en materia de cesión de las cuotas sociales" no debió figurar las declaraciones juradas de los cesionarios. Indicó que se habían incluido "datos de los cónyuges, domicilios personales, participaciones de otras empresas, fotocopias de las credencias cívicas, teléfonos, estados de responsabilidad con números de cuentas bancarias". 

Transcribió el artículo de la ley de protección de datos que prevé "la baja de la publicación de inmediato bajo apercibimiento de la denuncia ante Agesic y solicitar que se le sancione en virtud del daño provocado sin perjuicio de las demás responsabilidades penales y civiles que pudieran corresponder por los daños”.

El 13 de setiembre de 2019 se decidió que, previamente a adoptar resolución sobre la petición de Grauert, se debía remitir las actuaciones a la Comisión Asesora de Servicios de la Comunicación Audiovisual (Chasca) para que se expida respecto de la pertinencia y juridicidad de publicar los expedientes completos de transferencias de licencias y autorizaciones. La entonces directora nacionalista, Susana Olivera, entendió a diferencia de Cendoya y de Gabriel Lombide, que la Chasca no era la dependencia que tenía la competencia ni la idoneidad técnica para expedirse.

Pese a eso, sin el voto de Olivera, se dispuso el envío al Chasca y su archivo. Algo que, a juicio del fiscal, es inentendible. Dado que se dispuso el archivo sin esperar la respuesta del comité asesor. 

Pero, "en los hechos permaneció en la bandeja del entonces funcionario Sorrentino, sin movimiento alguno, desde el 13 de setiembre de 2019 hasta el 1 de julio de 2020". Eso hasta que Stefanía Sorribas, que había ingresado recientemente, procedió a remitirlo a la Chasca ese día.

Para la fiscalía, enviarlo a la Chasca fue una “elegante forma de justificar que se hizo ‘algo’, así como con el evidente propósito de sacarse el tema de encima y no tener que resolver sobre la intimación urgente que inequívocamente tenía su razón de ser, en un, a todas luces, importante error, que podía acarrear graves consecuencias tanto penales como civiles, en especial, para los directores que por mayoría habían adoptado tal decisión”.

Después de la destrucción de parte de esa documentación por parte del exfuncionario Sorrentino, la presidenta de la Ursec Mercedes Aramendía, dice el expediente, envió correos el 3 de junio de 2020 a Cendoya y Mecol "pidiéndoles convocar a reunión extraordinaria para comenzar una investigación administrativa interna de carácter urgente". Mecol le respondió que, por normativa, se debe convocar con una antelación de 48 horas hábiles.

Mientras que Aramendía realizaba la denuncia penal –siempre según el relato fiscal– Cendoya y Sorrentino se reunieron en las inmediaciones del club Atenas. El exdirector declaró que él estaba allí porque poco tiempo antes se había reunido con Mecol.

"Lo que se buscaba o pretendía inequívocamente era obtener información del mencionado imputado Mecol que sin lugar a ningún tipo de duda se trataba de información, además de claramente reservada, también claramente privilegiada por tratarse dicho imputado, nada más y nada menos, como se dijo, del jerarca de la oficina principalmente afectado y como tal, haber tomado parte conjuntamente con la presidenta de la Ursec (…) quienes estuvieron en primera línea de las respectivas instancias y por tanto (…) en pleno conocimiento por ello de la información que se iba recabando hasta ese momento para luego transmitírsela nada más y nada menos que a quien había participado de los hechos”, advirtió el fiscal. 

Según Pérez, Mecol y Luján Varela buscaron evitar la reunión extraordinaria que proponía Aramendía. A su vez, Cendoya buscó demorar el sumario administrativo aduciendo razones formales. 

Cendoya “decidió reunirse fuera del ámbito de la Ursec y a hurtadillas con el principal protagonista de los hechos a investigar, conspirando y operando de tal forma flagrantemente el referido imputado, contra las posibilidades de la pronta y transparente investigación que los hechos sin duda se imponía en la emergencia, derivándose de tal forma y por tal accionar, un manifiesto proceder además de irregular, también flagrantemente ilegítimo y, lo que es más grave aún, un daño sin duda también irreparable para la administración en general”, valoró el fiscal.

2. Radio Palmita FM de Soriano

Según comprobó una investigación administrativa que fue aportada a la fiscalía, el cuerpo de inspectores de la Ursec había clausurado la radio de Palmitas y había incautado los equipos de transmisión luego de constatar que la radio operaba sin habilitación pero los jerarcas obligaron a los inspectores a devolverles los equipos para que siguieran al aire.

“Mañana sin falta se debe devolver el transmisor y lo que falte en Palmita. Es una orden directa del directorio”, decía el correo que el 25 de febrero de 2015 envió Lombide.

Según Cendoya, recoge la demanda acusatoria, por causas que no explica pero que atribuye al Ministerio de Industria Energía y Minería el Poder Ejecutivo no le había otorgado la autorización para operar en forma previa a que rigiera la veda.

La fiscalía recoge, en base al expediente administrativo, que lo resuelto por Lombide y Cendoya “fue pura y exclusivamente a título personal, con total desconocimiento del directorio de la Ursec, aunque, como tal, falsamente se le haya invocado una irregularidad que evidencia un claro caso de abuso de poder”.

3. Radio Bemba FM y Uni Radio

Bemba FM (Salto) comenzó a operar luego de una resolución firmada por el entonces presidente Tabaré Vázquez el 5 de octubre de 2015 y dejó de operar en 5 de enero de 2021.

De acuerdo a la demanda acusatoria, Cendoya y Varela decidieron que radio Bemba “no fuera inspeccionada aún sabiendo que estaba emitiendo en forma irregular y de tal forma, permitir que dicha radio emitiera con una potencia que al final fue de 80 veces más que la autorizada”. 

Eso se lo encomendó a un funcionario que luego fue propuesto interinamente para la conducción de una unidad que quedaba vacante, pese a que no era el sucesor natural para el cargo.