Expediente desaparecido y trámite exprés sellarán el futuro del caso Cendoya, según Fiscalía

Ese expediente que Pérez pidió a la Ursec y se le respondió que no ha sido encontrado, responde al pase en comisión de Luján Varela, asistente del exdirector Nicolás Cendoya. "Están perdidos, no están, ni físicamente ni sabemos si pueden llegar a estar o no", dijo el fiscal en la audiencia a cuyo registro accedió El Observador. 

Leé también

Justicia imputó a Cendoya por abuso de funciones

En ese contexto, Pérez recordó los registros que trituró el exfuncionario Gustavo Sorrentino y dijo no saber si entre esos documentos estaba este expediente que ahora no se halla.

El caso surgió a raíz de que Sorrentino ingresó a la Ursec, cuando ya no trabajaba en el organismo -el 1 de junio de 2020- y trituró unos documentos. Un funcionario que lo vio informó a las autoridades, las que después de revisar las cámaras reconstruyeron los pasos que había dando dentro de la oficina. Su conducta despertó sospechas y motivó la denuncia penal que realizó al día siguiente la presidenta de la Ursec, Mercedes Aramendía. Esto derivó en uno de los tres delitos de abuso de funciones que la Justicia le imputó a Cendoya y a Lombide, entre otros funcionarios.

En la audiencia de este viernes, el fiscal relató otros dos hechos que está indagando. El primero de los hechos refiere a que tras varias idas y vueltas Cendoya pidió la prórroga del pase en comisión sin plazo de Varela (que es funcionaria de la Universidad de la República) y autoridades de la Udelar le sugirieron diferentes plazos posibles. Varela terminó trabajando siete meses más de la fecha de autorización y cobrando un sueldo mucho mayor al que tenía en la universidad. La Fiscalía interrogó a una contadora que informó que la tolerancia máxima de los pases en comisión que cesan, según la ley, es de tres meses.  

Esa resolución, según surge de las investigaciones administrativas, estuvo firmada por el entonces presidente de la Ursec, Gabriel Lombide. Pero cuando fue interrogado sobre el punto por la Fiscalía, dijo que él solo era encargado de formalizar los pedidos que le llegaban y en ese caso había actuado Cendoya. 

Aumento de frecuencia a UNI Radio

Por otra parte, Pérez se refirió al otro hecho nuevo y relató que en enero de 2020 la Universidad de la República solicitó a la Ursec un "aumento de potencia y un cable de frecuencia" de la radio de la UNI Radio. Se tramitó en menos de un mes y con autorización del expresidente Tabaré Vázquez, se firmó la resolución. En uno de sus puntos, la resolución explicaba que se suspendería si eso perjudicara otras transmisiones. Así, buscaban evitar interferencias con otras emisoras. 

Ello, sostuvo Pérez, se trató dentro de la Ursec con el voto contrario de otra de las directoras, Silvana Olivera, quien lo entendió inoportuno "a días del cambio de gobierno aumentar la potencia de UNI Radio teniendo en cuenta que esto implica la modificación de normas técnicas generales que afectarán el sector de radiodifusión". 

El fiscal también ahondó en detalles sobre otro de los delitos de abuso de funciones ya imputados en el caso: la habilitación de una radio comunitaria en Salto. Según se había informado, Bemba FM comenzó a operar luego de una resolución firmada por el entonces presidente Tabaré Vázquez el 5 de octubre de 2015 y dejó de operar el 5 de enero de 2021. La radio emitía “con una potencia 10 veces superior” a la que tenía permitido.

Pérez agregó que el expediente de Bemba estaba firmado por Lombide y otro contador, a sabiendas de que Bemba FM "estaba en una situación irregular". Además, con fecha de 19 de febrero de 2019, se designó a dos funcionarios inspectores para verificar diferentes radios del litoral y se excluyó a ésta de la lista.

Según Lombide, él solo firmaba, dado que la resolución en realidad era formulada por el cuerpo de monitoreo. Pero allí –dice el fiscal– surgen posturas antagónicas entre Cendoya y su asistente sobre "si ellos dieron la orden de no inspeccionar". 

Duras críticas de la defensa a la Fiscalía

Los abogados de los imputados criticaron duramente el proceder de la Fiscalía y manifestaron que incurrió en errores técnicos y que –en palabras del defensor de Cendoya, Diego Camaño– el caso "se cae a pedazos". 

Camaño sostuvo que Pérez tiende a la "administrativización del derecho penal" y "llega a conclusiones erróneas". "Error tras error. Tiene una bolsa con papel picado que quiere conectar con un expediente perdido. No veo hechos de apariencia delictiva. Este caso se cae a pedazos. Se cayó a pedazos porque nunca existió desde el principio. Entonces salimos a buscar hechos de apariencia delictiva en cuestiones administrativas.", expresó. 

Agregó que el caso le parece una "misión imposible" y que no pasaría "el filtro de un juicio". Rodrigo Martínez, también defensor de Cendoya, insistió en los perjuicios que esta investigación –para ellos infundada– les generó. "Se destruyó la marca Cendoya, su estudio no existe más (...) Se le cortó toda la carrera política", afirmó. 

Cecilia Salom, que representa a Varela, se quejó de que Pérez le informó de la situación del pase en comisión de su clienta en esta audiencia. "Si yo acepto la prórroga a la próxima audiencia me voy a encontrar con tres millones más de delitos. Es imponente desde el punto de vista jurídico, la deja casi en una situación de indefensión con una intención de represión punitiva impresionante", criticó. 

Finalmente, el juez Fernando Islas aceptó el pedido de Pérez de prorrogar la investigación y las medidas cautelares por 60 días, informó inicialmente El País.