Por tercera vez en el año el gobierno anunció beneficios impositivos para estimular la construcción de proyectos inmobiliarios.
Hay proyectos de construcción que están en “las gateras” para concretarse, que generarían “mano de obra” e “inversión”, dijo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al anunciar una serie de beneficios fiscales que involucra a propuestas que no eran considerados megaproyectos y no podían acceder a las exoneraciones fiscales de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap).
Hasta este momento, los megaproyectos que gozan de los beneficios tributarios son aquellos cuya inversión superaba los US$ 6,4 millones. Pero a partir de la próxima semana, cuando Lacalle firme el decreto, el limite bajará a US$ 2 millones.
Lacalle habló este martes por la mañana con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, para concretar la reducción del monto del proyecto. La resolución del Poder Ejecutivo va en la línea de lo solicitado por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción del Uruguay (Appcu), que le pidieron a Alejandro Irastorza, subsecretario de Economía, que se amplíen los beneficios para dinamizar la inversión de pequeño y mediano porte.
El gerente ejecutivo de Appcu, Aníbal Durán, explicó que en general los promotores privados construyen entre dos mil y cuatro mil metros cuadrados y con esta superficie las construcciones no llegan a los US$ 6,4 millones que, hasta que el nuevo decreto esté vigente, son necesarios para tener los beneficios fiscales.
Los beneficios impositivos que incluyen estas medidas son descuentos del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), del Impuesto al Patrimonio y la devolución del IVA.
Lo que Appcu solicitó fue que para los proyectos inmobiliarios de menor porte tengan el mismo criterio que para los megaproyectos en la devolución del IVA compras, exoneraciones del Impuesto al Patrimonio, un 80% de exoneración del IRAE (para los megaproyectos es del 90% y para las vivienda promovida es de un 100%), prorrogar por cinco años la regla de proporcionalidad y agilitar el mecanismo de financiación bancaria a compradores finales de inmuebles.
“Con este nuevo decreto las exoneraciones fiscales van a estar a la orden del día y salen a la palestra decenas y decenas de proyectos inmobiliarios sin ninguna duda”, dijo Durán, que estimó estos proyectos en el entorno de 50.
El sector de la construcción –y en especial los promotores privados– ya recibieron una serie de beneficios impositivos para otros proyectos inmobiliarios, como los megaproyectos y las viviendas promovidas.
En abril y por decreto, el gobierno eliminó los topes del precio que regían en el segmento de vivienda promovidas, una modificación que era un viejo reclamo de Appcu. En mayo, el Poder Ejecutivo firmó un decreto para incentivar los proyectos inmobiliarios de gran porte para la venta o el arrendamiento de inmuebles.
En esa oportunidad, se bajaron los requerimientos de inversión para acceder a exenciones fiscales a US$ 6,4 millones aproximadamente (60 millones de Unidades Indexadas). Hasta ese momento, la inversión debía ser de US$ 11 millones en Montevideo y de US$ 15 millones en Punta del Este. En noviembre, con este anuncio de Lacalle, el requerimiento bajó a US$ 2 millones.
Lacalle confirmó este decreto al llegar a un asado con los dirigentes de Appcu, en la sede de bulevar España. Otro de los planteos de los promotores privados fue sobre el crédito hipotecario, que, según Durán, “no camina”.
“Los promotores venden contado o financian ellos mismos a tres o cuatro años. Hay gente que no puede acceder. Le planteamos la inquietud porque, como pasa en varios países del mundo, hipotecan a 30 años. Y acá es inviable. Si eso se lograra, dinamizaría la cosa”, explicó Durán.
Otra preocupación que los promotores le presentaron al presidente fue sobre las viviendas promovidas, que abarca deciles siete y ocho. Es decir, incluye los núcleos familiares que ganan entre $ 70 mil y $ 80 mil, pero no a los deciles más bajos de la población.
“Le planteamos al presidente trabajar en una fórmula que contemple a los deciles 5 y 6 para que ellos también tengan acceso a la vivienda. Ya lo estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda”, detalló Durán.
El ejecutivo adelantó que esto se puede hacer con el mismo mecanismo que la Vivienda Promovida, pero disminuyendo los costos de las unidades. Una de las opciones para concretarlo es con materiales de construcción más baratos o que los proyectos inmobiliarios se ejecuten en barrios “más alejados”.
La semana que viene los promotores privados se reunirán con la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, para plantearle que los edificios se puedan realizar a más de nueve metros, que es el límite establecido. Esta altura a un promotor “no le reditúa”, según Durán.
La propuesta es que en los barrios más alejados de General Flores se hagan 16 pisos. “Eso justificaría la inversión”, explicó.
A su vez, los promotores privados le entregaron a Lacalle una propuesta para los asentamientos, que el mandatario analizará.
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