Economía y Empresas > Nueva resolución
Gobierno anunció cambios para construcción de vivienda promovida
El Poder Ejecutivo eliminará los topes de precio que rigen en el segmento de Vivienda Promovida -antes Vivienda de Interés Social-, tanto para la venta de unidades como para los arrendamientos, en Montevideo y en el interior del país.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou afirmó el miércoles en conferencia de prensa que desde su punto de vista esa resolución contribuirá a “reactivar la economía”.
La modificación ha sido largamente reclamada por la Asociación de Promotores Privados de la Construcción (Appcu), como un elemento clave para que se puedan poner en marcha nuevos proyectos, no solo en la capital, sino también en el resto de los departamentos.
La reglamentación hoy vigente también topea a 50% la construcción de unidades de un dormitorio dentro de un mismo edificio. Ahora se podrán construir unidades de estas características sin límite alguno. También se incorpora la modalidad del monoambiente a este régimen de vivienda, según informó a El Observador el gerente ejecutivo de Appcu, Aníbal Durán. Se considera que estos cambios permitirán dar mejor respuesta al perfil de demanda que hoy existe en el mercado.
Originalmente cuando se aprobó la ley de Vivienda Social en 2011 no había topes sobre los precios de venta. Tres años después se limitó el precio del 25% de las unidades de cada proyecto en Montevideo. Luego, en marzo de 2017 el tope se redujo al 10% de las viviendas, pero con la exigencia de que esas unidades estuvieran a disposición del Ministerio de Vivienda hasta un año después de terminadas y a valores muy por debajo de su valor de mercado.
Para un promotor eso significaba perder dinero con esas unidades o tener que trasladar los costos al resto de las unidades, según habían manifestados distintos empresarios del sector en varias oportunidades. En el interior del país estaba topeado originalmente el 100% de las viviendas promovibles y después había bajado el techo de precio a un 20%. Esas condiciones, según los promotores, llevaron a que directamente en varios departamentos no se construyera y a que en otros la cantidad de proyectos fuera muy reducida.
También en 2017 se habían modificado los beneficios fiscales para las viviendas que se volcaran al mercado de arrendamiento. Los inversores que adquirían esos inmuebles podían exonerar el 100% de IRPF e IRAE siempre que los precios de alquiler no superaran los valores máximos que determinaba el gobierno. Cuando se superaba ese límite el beneficio se reducía a 40% de las rentas generadas. Ahora ese requisito quedará sin efecto.
