Gobierno electo ampliará potestades para militares que patrullen la zona fronteriza 

Así quedó plasmado este miércoles en una reunión entre las autoridades civiles y militares que tomarán el mando de las Fuerzas Armadas (FFAA). Del encuentro participó el ministro de Defensa designado Javier García, junto a su subsecretario, Rivera Elgue, y el futuro director general de Secretaría, Fabián Martínez. Del otro lado de la mesa estuvieron el próximo jefe del Estado Mayor de la Defensa, Marcelo Montaner, así como los futuros comandantes en jefe Gerardo Fregossi (Ejército), Jorge Wilson (Armada) y Luis Heber de León (Fuerza Aérea).

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La cartera dirigida por García pretende implementar el patrullaje a partir la segunda quincena de marzo y tiene preparado para eso una serie de cambios a la reglementación aprobada el pasado mes de diciembre por el gobierno frenteamplista. Las nuevas autoridades aprobarán un nuevo decreto para ampliar las potestades de las Fuerzas Armadas en la franja de 20 kilómetros que la legislación les asigna como jurisdicción. 

“Vamos a emitir un decreto que cumpla con la voluntad del Parlamento, que por unanimidad le otorgó a las Fuerzas Armadas tareas que hacen a la seguridad pública en zona de frontera: eso incluye patrullaje, vigilancia, disuasión, y que hacen a represión del delito. El decreto vigente se quedaba solo en los aspectos de la disuasión. No se puede ir a menos de lo que el legislador quiso”, argumentó García. 

En concreto, según supo El Observador con base en fuentes políticas, el gobierno que asume prevé cambios a los artículos 4 y 5 del decreto vigente. 

El artículo 4 actualmente señala que “las tareas de patrullaje se realizarán con carácter disuasorio” para “crear las condiciones de seguridad” estipuladas en la ley de 2018. La nueva redacción eliminará la obligación de que las tareas de los militares sean exclusivamente con “carácter disuasorio”.

Camilo dos Santos

Por su parte, el gobierno entrante pretende habilitar a las Fuerzas Armadas, en esa franja fronteriza, a solicitar identificación de cualquier persona sin orden previa de los fiscales. El artículo 5 del decreto vigente establece que los militares pueden hacer eso pero solo “en casos fundados como la existencia de un indicio de que esa persona haya cometido o intentado cometer un delito”. Según las fuentes, ese apartado se quitará del texto. 

También se permitirá el control de vehículos sin necesidad de que existan indicios de que el conductor o pasajero hubiera cometido o intentado cometer un delito, como aclara la normativa actual. 

A eso se agrega el artículo 1° del anteproyecto de ley de urgente consideración, por el cual los efectivos de las Fuerzas Armadas que se desempeñen en la franja fronteriza de 20 kilómetros quedan amparados por el instituto de legítima defensa cuando repelan una agresión física o armada contra ellos o un tercero, "empleando las armas o cualquier otro medio de coacción, en forma racional, proporcional y progresiva, y agotando en forma previa los medios disuasivos que tenga a su alcance, sin perjuicio de la prueba en contrario".

Recursos escasos

Tras la reunión de este miércoles, García informó que su "intención" es que "en la segunda quincena de marzo ya estén desplegados los efectivos en el territorio". Según el ministro designado, el despliegue involucrará “entre 500 y mil efectivos de las tres fuerzas”, que serán designados por cada comandante en puntos "programados" por el Esmade y cada una de las fuerzas. 

“Los efectivos van a estar en puntos estratégicos donde, a partir de la experiencia que tiene una fuerza como el Ejército, sabe cuáles son los puntos críticos para estar afincados. Son sitios que están estudiados y donde es más factible que existan situaciones de delito”, afirmó García. Agregó que los militares instalarán “campamentos con despliegue a la vista” y que “eso ya mismo es una tarea de disuasión”. 

Por otra parte, el futuro ministro dijo que la puesta en marcha de la normativa “requiere una coordinación interinstitucional”, dado que “en la frontera puede haber diferentes tipos de delito que comprometan la acción de otros ministerios”. El contrabando compete a la Dirección Nacional de Aduanas, el abigeato al Ministerio de Ganadería, y todos los delitos a su vez al Ministerio del Interior y la Fiscalía. En las capacitaciones que se realizarán en las próximas semanas participarán todos esos organismos del Estado.