Dolidos, traicionados, engañados e indignados. Aberrantes, inexplicables, execrables, deleznables y condenables. Una situación dura, difícil, compleja y triste.
Con un cúmulo de adjetivos.
Así respondieron las principales autoridades del gobierno, con el presidente Luis Lacalle Pou a la cabeza, ante el envío a prisión de Gustavo Penadés.
Porque si bien presumían que sería imputado, en el Poder Ejecutivo acusaron el impacto y se recostaron en argumentos emocionales para referirse a la situación del exsenador, en particular tras conocer la magnitud y cantidad de delitos tipificados –22–, una cifra que los llevó a hablar de una “persona que desconocían” o directamente “un monstruo”.
Las calificaciones, resumidas en esos adjetivos, terminaron de configurar un movimiento pendular que los llevó en un plazo de seis meses a pasar de defenderlo por ser un amigo de trayectoria intachable a condenarlo por "mentiroso" y llevar una doble vida explotando y abusando sexualmente de menores.
Tras hacer averiguaciones en la noche y en la mañana, en el gobierno también debieron salir a responder por un caso derivado e inesperado: las irregularidades de –al menos– dos policías que, en connivencia con la defensa de Penadés, buscaron información acerca de las víctimas en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública.
Esa novedad, revelada por la fiscal Alicia Ghione en la medianoche del martes, fue una de las razones principales por las que la jueza Marcela Vargas aceptó que Penadés fuera tras las rejas debido a que consideró acreditado que quiso entorpecer la investigación.
La participación de los policías llevó, a su vez, a que el Frente Amplio pidiera la renuncia de Luis Alberto Heber, algo que no llegó ni a considerarse en el Poder Ejecutivo porque las explicaciones que dio resultaron satisfactorias.
Sabedores que podrían generar consecuencias políticas, las averiguaciones en la interna del gobierno acerca del comportamiento de los oficiales habían comenzado en la noche del martes cuando Mendoza comunicó a Heber la detención de Carlos Taroco, que hasta esa jornada se venía desempeñando como director del exComcar. A su vez, Lacalle Pou habló con el ministro para conocer detalles de las maniobras.
Por voluntad propia, tras permanecer en Suárez y Reyes en la mañana masticando el caso, el presidente rompió el silencio y dio una rueda de prensa en la Torre Ejecutiva en la que expresó su tristeza por la situación, ratificó al ministro en el cargo y trazó la línea argumental que un rato después reiterarían Heber y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.
“No termino de entender cuál es la omisión del Ministerio del Interior”, dijo el presidente tras señalar que no le sorprendía que el Frente Amplio estuviera pidiendo el cese y destacar que fue la policía –como auxiliar de la Fiscalía– quien detectó que había oficiales buscando información para Penadés.
Para el momento en que Lacalle Pou habló, el Senado ya había expulsado a Penadés –algo que fue impulsado de forma paralela por las bancadas del Partido Nacional y la coalición de izquierda– pero estaba en un cuarto intermedio de la discusión sobre el pedido de renuncia del ministro promovido por la oposición.
Las palabras del mandatario, junto a una declaración de enfática condena por parte del Partido Nacional, fueron interpretadas como un alivio por los legisladores del oficialismo, que desde la mañana venían asumiendo la responsabilidad de la situación enfatizando en la “culpa” por no haber percibido las atrocidades cometidas por el dirigente desde hacía años.
En el Parlamento, pero también en la Torre Ejecutiva y en el Ministerio del Interior adujeron a ese desconocimiento para señalar su dolor por la situación, poniendo el acento en las víctimas que tuvieron que atravesar “momentos removedores” tras denunciarlo, como dijo Delgado.
A su vez, aprovecharon la imputación para destacar el funcionamiento de la Justicia y demostrar que aquella vieja frase de José Gervasio Artigas de que “naides es más que naides” aún sigue vigente.
Tras el respaldo de Lacalle Pou, Heber deslindó a la Policía de la maniobra y dio detalles acerca de cómo fue el proceso que permitió detectar que los dos oficiales estaban cometiendo irregularidades.
Dijo que la fiscal Alicia Ghione “tiene razón” al mencionar que fue la fiscalía la que incautó el teléfono de Penadés, pero subrayó que fueron los policías los que desgrabaron las conversaciones y analizaron la información del celular. “En la investigación se descubre, por distintos indicios, que eran policías los que habían armado el organigrama”, contó y enseguida agregó: “hicieron la investigación y descubrieron a uno y luego al otro. Como la investigación sigue puede haber más policías (implicados), pero es la policía (la que investigó), actuó honestamente y bien. Lo podemos probar”.
El ministro señaló que ni él ni el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, supieron acerca de la situación y destacó que está “lejos” de la causa para que todos actúen con independencia.
“Si se afirma que este ministerio sabía, esto es mentira, ninguna de las autoridades tenían conocimiento que estaban recopilando información”, sentenció.
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