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La “alegría” de Fossati por desvincular al presidente del caso Astesiano, su “corazón blanco” y otras confesiones del libro de la exfiscal
“No voy a negar que para mí fue una alegría ir descartando, poco a poco, todo compromiso de ciertos jerarcas con las acciones de Astesiano. Pero no por blanca sino por uruguaya, porque de la fortaleza de las instituciones dependen muchos aspectos esenciales para nuestra convivencia ciudadana”, afirma la exfiscal Gabriela Fossati en su libro La cara oculta del sistema judicial en Uruguay que se presentó y se puso a la venta este viernes en el Radisson.
Fossati renunció a la Fiscalía después de casi 40 años de carrera, en setiembre tras una serie de desavenencias con su jefe, el fiscal de Corte subrogante Juan Gómez, quien la apartó del caso Astesiano en el que había acordado una pena de cuatro años y seis meses de prisión por los delitos continuados de conjunción del interés personal y del público, asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias por todas las causas.
El accionar de Fossati fue cuestionado por el Frente Amplio que puso en duda su independencia técnica en el caso. De una primera lectura de su libro surge que la fiscal responde a esas críticas. “Es absolutamente falso e injuriante lo dicho por (el presidente del Frente Amplio, Fernando) Pereira en cuanto a que mi trabajo buscara tapar una ´corrupción en el entorno del presidente´. No se comprobó ningún hecho de corrupción por parte de las autoridades de la Torre Ejecutiva”, afirma. “Como prueba”, agrega, desde marzo la fiscal Sabrina Flores lleva adelante las investigaciones “y no ha detectado ningún error” en su trabajo, “y vaya que lo buscaron”.
La exfiscal insiste en que “el primer mandatario ignoraba todo el accionar de Astesiano” y dice que se convenció de eso porque él la “dejó investigarlo”. “Si el presidente Luis Lacalle Pou no lo hubiera permitido, yo no habría podido investigar el entorno de Astesiano en la Torre Ejecutiva. No solo lo permitió, sino que me dio acceso a su despacho en el cuarto piso, me recibió junto a mi equipo en Suárez Chico. Fue el presidente quien me permitió extraer de su propio celular las comunicaciones intercambiadas con Astesiano, que se habían perdido por un mal manejo de los auxiliares que apoyaban mi investigación”, relata la exfiscal.
Sobre la investigación policial, dice explícitamente algo que había sugerido, y es que tuvo dudas del accionar del exdirector nacional de Inteligencia, Claudio Correa, quién pasó a retiro luego de ser indagado por este caso. “Tampoco entiendo por qué la fiscal Flores no continuó con la investigación que abrí para profundizar respecto de si hubo de su parte un accionar dirigido a que la fiscalía no tomara conocimiento de la información extraída del celular de Astesiano”.
Luego relata cómo fue la audiencia en la que interrogó al presidente en Suárez. “Mis temores desaparecieron desde el mismo momento en que el presidente Luis Lacalle Pou abriera la puerta de su despacho, nos saludara con la misma sencillez con que una está acostumbrada a verlo en la televisión, nos hiciera pasar, nos ofreciera agua, la que personalmente nos sirvió. En lugar de un hombre molesto, nos encontramos ante una persona muy educada, que solo se responsabilizaba a sí mismo por la mala elección que había realizado al momento de elegir al jefe de la Seguridad Móvil personal y de su familia. Nos dio todo el tiempo que necesitamos, nos escuchó, respondió cada una de nuestras preguntas con tranquilidad y contundencia”.
“La manada”: el trabajo mancomunado
Fossati lanza dudas en la publicación sobre el accionar del exdirector de Convivencia del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, quien quedó envuelto en el caso Astesiano tras visitar al padre del excustodio en el Chuy. Tras conocer la noticia, la entonces fiscal decidió indagarlo pero no llegó a concluir la investigación porque Gómez la trasladó. “Nos hubiéramos sentido muy bien si, luego de trabajar, también hubiéramos logrado descartar cualquier accionar ilícito a su respecto, porque fue funcionario público. Siempre nos produce pesar el comprobar que un funcionario se excedió o cometió un acto ilícito, porque, de alguna manera, afecta la imagen de todos”.
“Las sospechas hacia él jamás serán disipadas, porque el FA intervino para que no sea investigado. Las reglas de la experiencia me dicen que mucho debe haber detrás para que se generara una movida como la que se gestó, muchas cosas que no se debían conocer”, afirma en un pasaje de su libro aunque luego aclara que es “muy posible” que decidiera el archivo de la investigación a Leal “si hubiera correspondido”.
Sobre el caso opina que su sucesora la fiscal Flores, “al archivar de inmediato la investigación, solo aumentó las suspicacias” y explica su accionar porque “el doctor Díaz ha tenido mucha participación en la veloz carrera de la fiscal Flores”.
En ese sentido, Fossati asegura que la Fiscalía General de la Nación funciona como “un entramado, una telaraña casi impermeable” de vínculos. Ese entramado que denominó “La Manada”, es un grupo integrado por Díaz, Gómez, y nombra a una larga lista de fiscales como Rodrigo Morosoli, Darviña Viera, Patricia Marquisá, Carina Vasconcelos, Fernando Romano, Carlos Negro, Mirta
Morales, Mariana Alfaro, Adriana Sampayo, Valeria Bovio, Sebastián Robles y Mariela Solari, a los que señala que "han sido beneficiados con designaciones directas, maestrías gratuitas, viajes, compensaciones económicas, o protección frente a errores inexcusables. “Les asigné ese nombre luego de convencerme de que trabajan en equipo, en forma mancomunada”, afirma.
Dentro de ese grupo también incluye al abogado Diego Camaño, defensor de Leal, quien es “muy cercano a Díaz porque trabajan juntos en el curso de litigación oral en la Universidad de la Empresa (UDE) y en otras actividades".
Y también menciona al periodista Eduardo Preve, “hoy gran operador del FA y receptor de filtraciones”, quien fue designado “directamente” por Díaz y luego ratificado por Gómez.
La negociación por la detención de Astesiano
Volviendo sobre el caso Astesiano, Fossati relata cómo se planificó la detención del excustodio presidencial el 25 de setiembre de 2022, cuando regresaba de un viaje con Lacalle Pou y sus hijos de Costa Rica. “No sabía si el ingreso de la familia presidencial se haría en un lugar público (…) Pedí que me comunicaran de inmediato cuando el avión aterrizara, para avisarle al fiscal general, a los efectos de que este fuera quien llamara al presidente para ponerlo en conocimiento de lo que sucedería. Eso tampoco sucedió. Otra persona lo puso al corriente, lo que también molestó a Gómez, como si no supiera bien por su propia experiencia que esas cosas suelen suceder”.
Según el relato de la entonces fiscal del caso, el oficial de Inteligencia Lescano le avisó que la detención se haría en la residencia presidencial de Suárez. “No me dijo quién había dado la orden. Tampoco me informaron que el director de la DNI, Correa, participaría de la misma”, apunta.
Como ya había contado en otras entrevistas, Fossati dice que en ese momento el único celular encontrado era el de Presidencia, y las autorizaciones judiciales referían a los teléfonos personales del imputado. “Le indiqué a Lescano que le preguntara al presidente si autorizaba la incautación del bien público. Lescano me informó que el presidente lo autorizaba, pero si se excluían las conversaciones entre ellos, lo que acepté. Repito, debía hacerme de toda la evidencia que fuera posible antes de que fuera destruida”, afirma.
“Pasados los días, me informaron de que tal condición nunca fue impuesta por el presidente Luis Lacalle Pou. No llegué a determinar dónde estuvo el problema de comunicación, ni los motivos, porque fui trasladada de mi Fiscalía por Gómez y la doctora Flores archivó la investigación que le inicié al director de la DNI, Claudio Correa, para determinarlo. A mi juicio, esos problemas hay que clarificarlos para que no se repitan, pero la colega opinó distinto”, concluye sobre el punto.
La exfiscal reveló también que al día siguiente de la detención, el oficial Lescano le dijo que “solo era posible recuperar un 3 % del contenido del celular". “Recuerdo sus palabras exactas: ´Me da vergüenza decirlo, pero no se pagaron (los permisos)´. Nos miramos las tres integrantes del equipo incrédulas, no lo podíamos creer. Por supuesto que no lo creí. Me imaginé que algo pasaba”.
Ante la sospecha de que era una maniobra para que “nunca accediera a todo el contenido”, en audiencia ante el juez Alejandro Asteggiante y “delante de los periodistas presentes” contó lo del 3 %. “Sabía bien que ello provocaría un escándalo y esperaba que quien había decidido no darme la totalidad de la evidencia, recapacitara. Surtió efecto, en horas de la tarde, según me reconociera un periodista, que por razones obvias no voy a identificar, el propio Correa, director de la DNI, lo llamó para decirle que se había recuperado el 100 %”.
Díaz y el caso Feldman
Fossati dedica un capítulo de su libro al caso Feldman que tuvo a su cargo Díaz cuando era juez de Crimen Organizado en el que intervino junto al fiscal Ricardo Perciballe. “Fue un antes y un después para la evidente politización que se impuso años después en la FGN, y que solo pudo suceder porque coincidieron dos funcionarios extremadamente politizados”.
“Tomé conocimiento de su actuación en el caso Feldman a raíz de una de las escuchas obtenidas del celular de Alejandro Astesiano, quien conversaba con uno de los jerarcas de la Policía Nacional, el comisario mayor Jorge Berriel, subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, quien criticaba el accionar del entonces juez de Crimen Organizado doctor Jorge Díaz, afirmando: ´El juez Díaz hizo que mataran a un policía por no dar una orden de allanamiento´”, dice en su libro.
Según Fossati, “Perciballe llamativamente en este caso dejó muchos espacios sin investigar, pronunciándose a favor del archivo en apenas once meses” y concluye que “luego de leer la vista (del fiscal)” entendió que “hubo omisiones importantes”.
“La simple lectura de la vista, a mi entender, deja importantes espacios sin explicar (…) Demasiada información no valorada por el fiscal ni por el juez. Otra vez, hablamos del año en que fue designado presidente de la República un exintegrante del movimiento guerrillero Tupamaros (en alusión a José Mujica). De una causa en la que intervenía en la investigación el hermano del presidente saliente (Jorge Vázquez), quien también integró grupos asociados a la guerrilla. El caso se archiva con una rapidez inexplicable, con muchísimos huecos en la búsqueda de la reconstrucción de la verdad histórica”, señala Fossati.
Además cuenta que Díaz y Perciballe eran enemigos pero “hay fuerzas que están por encima de todos” y a la larga pese al encono que existía entre ellos, ambos fueron premiados: Díaz con el cargo de fiscal de Corte y Perciballe con el cargo en la Fiscalía Letrada Nacional en Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, que ocupa desde 2017, designado por el propio Díaz.
