Archivo, acto del Frente Amplio en 2019

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La continuidad de Olmos, un alcalde con peso en Canelones y ediles díscolos: los casos que tratará el Plenario del FA

La coalición de izquierda tomará posición sobre inconductas de varios dirigentes
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16 de marzo de 2024 a las 05:04

El Plenario del Frente Amplio deberá ratificar la redacción definitiva del programa de gobierno para el próximo período, al tiempo que pasará para 2025 la discusión sobre las propuestas más polémicas y con menor consenso como la eliminación del Liceo Militar y la reducción de las Fuerzas Armadas.

Pero el otro punto central del orden del día incluye pronunciarse sobre unos 15 dictámenes remitidos desde el Tribunal de Conducta Política (TCP), varios de los cuales se acumulan incluso desde hace dos años. Mientras algunos serán de trámite más sencillo –como la acusación a un militante de base por emplear un tono inadecuado con compañeras– otras son más sensibles para la coalición de izquierda. 

Una comisión a espejo del Secretariado Ejecutivo negociaba al cierre de esta edición qué posicionamientos tomar durante el encuentro, tras una primera reunión el pasado miércoles, según reconstruyó El Observador

El caso que más divide las aguas en la interna es el de la denuncia contra el diputado de Marea Frenteamplista, Gustavo Olmos, que por estas horas tiene final abierto y abre la puerta a continuar con las conversaciones en cuartos intermedios votados en la misma sesión del sábado. 

Tal como trascendió, el informe de la comisión es favorable a Olmos en el sentido de que no comprueba las situaciones de acoso laboral y sexual denunciadas por su diputada suplente, Martina Casás. Según supo El Observador, el texto deja sin embargo la puerta abierta a que puedan surgir nuevos elementos durante la investigación judicial.

A modo de ejemplo, Casás y su defensa han cuestionado que la no comprobación de violencia se sustenta en chats de WhatsApp aportados por Olmos, cuando –a su entender– esos mensajes no hacen más que comprobar una relación "filial" y que incluso podría haber mostrado uno en que ella le dedicaba un "feliz día del padre". La dirigente, que hoy cursa un posgrado en Ecuador, también ha recordado que el caso fue derivado por su sector al TCP sin su consentimiento. 

Tal como informó La Diaria y confirmó El Observador, el Partido Comunista es partidario de aplazar la definición y aguardar por un fallo de la Justicia. También el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista manejó en la tarde del jueves una postura similar, en el entendido de que hay asimetrías evidentes en la relación entre ambos que, aún ante la falta de resistencia por parte de la denunciante, deberían ser consideradas. 

Archivo, acto del Frente Amplio en 2019

Desde Fuerza Renovadora sostuvieron en cambio que debe respaldarse "la institucionalidad del Tribunal" y por tanto aprobarse el dictamen remitido. También desde la Vertiente Artiguista expresaron que no se puede "desautorizar de hecho" a la comisión de ética. Quienes se alinean a esta postura esgrimen además que aún no se le ha dado proceso en la Justicia a la denuncia de Casás. Una demanda laboral avanza en tanto en el Ministerio de Trabajo por concepto de despido abusivo e indirecto.

Fuentes del FA indicaron a El Observador que la fuerza política se encamina a validar el fallo del Tribunal, sin que ello sea vinculante a lo que más adelante resuelva la Justicia. La coalición de izquierda puede establecer expulsiones, suspensiones de derechos de adherentes, solicitar más información o hacer pedidos a las partes implicadas. El diputado Olmos ha anunciado que no hará declaraciones hasta después del Plenario. 

"Una de las cosas más importantes en este Plenario es salir en clave de FA", dijo este jueves la diputada comunista y actual presidenta de la Cámara de Representantes, Ana Olivera. "Vamos a hacer los mayores esfuerzos para que todas las resoluciones sean con los más amplios consensos. Además, para cualquier resolución se necesitan 4/5 de los miembros, por lo que es imprescindible llegar (...) Uno trata de ir tejiendo para llegar al sábado con las mejores condiciones en todos los casos", expresó en Desayunos Informales.

Alcalde de Los Cerrillos

Otro de los casos sensibles es el del alcalde de Los Cerrillos, Rodrigo Roncio, denunciado el año pasado por acoso de parte de compañeras de la fuerza política, según pudo saber El Observador. Fuentes políticas adelantaron que es uno de los casos que se encamina hacia una sanción

El perfil de Roncio permitió en 2020 obtener un municipio que históricamente había gobernado el Partido Nacional. Profesor de biología y titular de una banda de ská que había creado con amigos, Roncio es exalumno de Yamandú Orsi en 4° de liceo. 

"Hizo que a todos nos enamorara la profesión, de una manera tan profunda que dos años después elegí ser docente", había contado Roncio en un acto junto a Orsi en la plaza de Los Cerrillos. Su perfil concitaba consensos y fue incluso una de las primeras visitas que hizo Fernando Pereira una vez que asumió como presidente del Frente Amplio.  

Los ediles de Paysandú y Flores

Más allá de estos dos casos, la coalición de izquierda también deberá laudar sobre la situación de cuatro ediles de Paysandú que votaron junto al oficialismo un préstamo de US$ 6 millones como parte de un convenio con la Universidad de la República (Udelar) para construir un Campus Universitario.

Los ediles fueron enviados a la comisión de ética ya que había un mandato de no votar ese préstamo porque Fernando Pereira preveía reunirse con Lacalle Pou y plantearle que ese gasto debía ser asumido por el gobierno nacional.

En la sesión de la Junta Departamental, los dirigentes levantaron sus manos y fundamentaron su posición en que negarse tenía un alto costo político ya que la sociedad sanducera no iba a entender las razones de la oposición.

A su vez, el Plenario también se posicionará respecto a las denuncias contra el edil del Partido Socialista de Flores, Javier González, acusado de actitudes violentas sobre sus compañeras de la coalición de izquierda.

Tal como informó El Observador en enero, González fue denunciado por la edil suplente de Casa Grande, Cecilia Fabeiro. La presidenta del FA en ese departamento, Luciana Irizabal dijo en ese entonces que la denuncia era por violencia política y abuso

"En la Mesa Política yo tenía dos denuncias de dos ediles por situaciones que habían pasado con él, y ahora vuelvo a mandar estas dos cosas. Aspiramos a que el Tribunal de Conducta Política haga algo. Es horrible convivir con una persona así. Ha tenido denuncias con las parejas y eso", relató.  

"Es una persona súper agresiva. Hemos sufrido violencia de todo tipo", sostuvo.

El caso también está siendo estudiado por el comité de ética socialista.

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