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Mides prepara para febrero una denuncia penal por “presuntos delitos” en gestión del Frente Amplio
Cuando la coalición encabezada por Luis Lacalle Pou llegó al poder en marzo de 2020 lo hizo con la promesa de abrir todos los cajones de la administración pública y sacar a relucir todos los trapitos sucios que se encontraran tras 15 años de gestión frenteamplista.
Pero dentro de ese amplio compromiso de escarbar en presuntas irregularidades cometidas durante los gobiernos de izquierda, en el oficialismo miraban con particular expectativa lo que se pudiera hallar en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), esa cartera creada durante la primera administración de Tabaré Vázquez y sobre la cual los hoy gobernantes habían puesto la lupa en sus tiempos de opositores.
A poco de completarse un año desde el cambio de mando, y tras una serie de salpicadas revelaciones que fueron minimizadas por el Frente Amplio, las autoridades del Mides ultiman detalles para presentar en pocos días una denuncia penal por “varias irregularidades” y "presuntos delitos".
El director de Secretaría, Nicolás Martinelli, hombre a cargo de promover las investigaciones y los procedimientos administrativos, dijo a El Observador que la intención es presentarse ante la Justicia en “la primera semana de febrero”, cuando termine la feria judicial.
Según el jerarca, la denuncia se basará a grandes rasgos en las auditorías internas realizadas en los últimos meses, y que analizaron distintas áreas del ministerio, desde la gestión de compras y convenios hasta el departamento de logística.
Martinelli explicó que se derivará a Fiscalía el resultado de las auditorías –que además se harán públicas en ese momento–, y que se incluirán también algunas situaciones que ya fueron difundidas en el correr del año, como el “olvido” de un contenedor con materiales para uso del ministerio.
Por otra parte, el Mides prepara una segunda denuncia a partir de testimonios de usuarios y asistentes del Sistema de Cuidados, de los que surgen hechos “de apariencia delictiva”, según dijo el jerarca. “Hay denuncias de asistentes personales sobre beneficiarios, y de beneficiarios sobre asistentes personales. Son más de 500 denuncias y tenemos la obligación legal de trasladarlo a la Justicia. Un tema complejo es ver qué hicieron las autoridades anteriores, si estuvieron en conocimiento de estas situaciones”, agregó.
Entre los hechos con apariencia delictiva identificados en el Sistema de Cuidados hay “abuso de menores, violencia intrafamiliar, lesiones y hurto”, explicó Martinelli.
“También hay denuncias de situaciones laborales, donde el beneficiario dice que quiere despedir al asistente pero no tiene plata para pagar el despido. Eso termina en una situación compleja, porque es un beneficiario que queda sin cuidador, y por no pagarle el despido, el BPS continúa pagándole al asistente por un servicio que no se realiza”, comentó.
Según Martinelli, en estos días se está terminando una auditoría sobre ese asunto, con la que se pretende “separar lo de apariencia delictiva de las situaciones laborales”. “Con eso pretendemos reestructurar el servicio y mejorarlo, con alternativas para que los asistentes personales tengan mejor capacitación, para hacer evaluaciones psicolaborales, e incluso desarrollar una aplicación en la que estén registrados los cuidadores y los beneficiarios puedan elegirlos, y reforzar el equipo de recepción de quejas”, agregó.
Nueva auditoría
Por otra parte, la Auditoría Interna de la Nación (AIN) difundió este jueves una auditoría realizada en el Departamento de Control de Rendiciones de Cuentas del Mides, que gestiona las rendiciones de cuentas de las ONGs y cooperativas que tienen convenios con el ministerio.
La evaluación, correspondiente a los años 2018 y 2019, advirtió que las actividades de control “presentan debilidades significativas que afectan los principios de transparencia, legalidad y buena administración de los fondos públicos”. De los 12 "hallazgos" de la auditoría, ocho son de criticidad "extrema", según la AIN. A su vez, en dos áreas se constató "riesgo de fraude", entre ellos en la "gestión de alquileres".
Como fundamento se incluye la constatación de rendiciones “que no cuentan con documentación respaldante o que no cumplen con las formalidades exigidas normativamente”, así como otras “con comprobantes duplicados o con gastos rendidos que por su naturaleza no corresponden”.
“Los procedimientos de control implementados son insuficientes, con criterios diferentes para su revisión y no en todos los casos se verifica su cumplimiento”, dice la auditoría. Por ejemplo, se menciona la “liberación de partidas con fondos pendientes de rendición” y el hecho de que “no se exige que los gastos de administración se rindan mediante la presentación de la documentación que justifica el gasto”.
“Asimismo, no existe un control que permita garantizar que las organizaciones se encuentren al día con el pago de los alquileres”, advierte la auditoría.
Por otra parte, se constató “falta de previsión sobre las obligaciones legales asumidas por las partes contratantes de un convenio, lo que llevó a que personal contratado en el marco del convenio se encuentre registrado en nómina de BPS, planilla de control de trabajo y póliza de seguro del Mides”. También se resalta la existencia de “incumplimientos ante el BPS, lo que derivó en pérdidas económicas producto del pago de multas y recargos”.
Martinelli explicó a El Observador que esta auditoría fue la primera que se pidió a la AIN y destacó la "criticidad" de los hallazgos del estudio. "Hubo ocho de extrema criticidad y cuatro de alta criticidad. Cuando se habla de riesgo de fraude no necesariamente es que hubo, pero indica que el ministerio está expuesto", afirmó.
Según el director de Secretaría, ahora es cuestión del Mides "profundizar la auditoría" para ver "si hubo o no" situaciones de fraude y a la vez mejorar el organigrama para eliminar ese riesgo.
