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Pando, las redes de explotación sexual y el miedo de los vecinos para denunciar
Saben que algo pasa, la gente señala y comenta. Hablan de prostíbulos y whiskerías habilitadas, también de cantinas con apariencia legal pero en las que la droga y la explotación sexual de mayores y menores de edad es habitual.
Pando es conocida históricamente como "la ciudad de los prostíbulos". Ser un área industrial le valió desde hace décadas esa denominación, que sus habitantes reconocen. "Los prostíbulos y whiskerías son controlados y no hay menores. Pero hay otros problemas en Pando", dice el alcalde de la ciudad, Alcides Pérez, desde su despacho en pleno centro, frente a la plaza de Pando.
Es casi mediodía y la plaza está bastante concurrida. A unas cuadras de ahí, yendo hacia la periferia de la ciudad, los citadinos saben que pasan ciertas cosas que algunos tratan de esconder. Pérez dice que algunas trabajadoras sexuales terminan su turno en una whiskería y van a las cantinas clandestinas de Pando y Barros Blancos. En una de ellas, testigos vieron a Yanina Milagros Cuello, la adolescente de 16 años que desapareció el 3 de diciembre de 2016. Por este caso hay tres personas imputadas, vinculadas con la explotación sexual a la que era sometida la menor.
“Sabemos lo que pasa, hay cantinas en las que se sabe que hay prostitución y consumo de drogas. Yo he hecho denuncias, otras personas denuncian, van los inspectores y las cierran. A veces vuelven a abrir en otro lado.”, dijo el alcalde.
Los vecinos de Pando no quieren ser identificados, pero coinciden en señalar que “no es sencillo” terminar con esos “antros” o los prostíbulos que “empezaron bien pero ahora hay de todo”.
“En las calles Diamante y República desde Menezes hasta 25 de Agosto te vas a chocar con los prostíbulos”, dijo a El Observador el empleado de un comercio. Estos lugares se encuentran aproximadamente a un kilómetro y medio de la plaza de la ciudad, cercanos a complejos de viviendas relativamente nuevas.
En calles paralelas, algunos señalan establecimientos clandestinos donde “pasa de todo”, y los viernes y sábados se dirigen “prostitutas con sus fiolos”, acotó un vecino que descansaba a la sombra en la plaza.
Las desapariciones de mujeres jóvenes en la zona y la cerca de media docena de cantinas clandestinas fueron el germen de las sospechas de que en Pando y otras localidades cercanas funciona una red de explotación sexual.
La fiscal de Pando, Alicia Ghione, redactó en la solicitud de procesamiento de los tres hombres vinculados por el caso Milagros, que hay indicios que vinculan a la cantina con la posible trata de personas, incluidos menores de edad. “Los testigos explicaron que la cantina era en realidad una whiskería, un lugar donde se expedían bebidas alcohólicas, y donde concurrían hombres y mujeres mayores y menores de edad, mujeres trabajadoras sexuales y trans, los que bailaban o tomaban como forma de conseguir allí sus clientes”.
Pérez dice que el miedo es el culpable de que la gente no intervenga demasiado, o la presunción de un “sistema corrupto” que no va a evitar que estos lugares clandestinos sigan abriendo bajo otro nombre y en otro lugar.
En diálogo con El Observador, la fiscal Ghione explicó que ha trabajado en casos de explotación sexual pero son “aislados”, vinculados en la mayoría de los casos con la familia o clientes de las trabajadoras sexuales. Sin embargo, aclaró que a la Fiscalía “no llega toda la información que hay”. “Aunque ahora tenemos más contacto con la gente, nuestro trabajo es hacia adentro, en oficinas y juzgado. El problema es que a veces la gente no tiene interiorizado hacer una denuncia”
Ghione alienta a “contar lo que vean”, ya que ahora “hay herramientas para hacer denuncias sin ser identificado”, pero aportar datos que permitan iniciar una investigación.
Amenazas y vínculos
El colectivo ¿Dónde están nuestras gurisas? presentó a comienzos de octubre una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos para que se investiguen los casos de cinco mujeres que desaparecieron entre 2008 y este año, entre las que se encuentra Milagros. De los cinco casos denunciados, tres figuran en el Registro y Búsqueda de Personas Ausentes del Ministerio del Interior, y fueron vistas por última vez en Pando y alrededores.
El colectivo denuncia que no hay avances pese a que las familias presentan pruebas. En el caso de Milagros Cuello, su madre, Nancy Baladán, presentó información que indicaba que a la menor la vieron en la cantina de Barros Blancos donde funcionaba una whiskería, cuyo dueño es uno de los imputados por este caso. La fiscal aseguró que esa información “estaba siendo investigada” desde que se presentó.
El colectivo se movilizó en la puerta del juzgado de Pando el día que se realizó la audiencia, y algunas de sus integrantes aseguraron que fueron amenazadas por familiares de los imputados. Una de ellas –que prefirió no identificarse– aseguró que un auto las vigilaba.
Baladán contó que recibió amenazas y extorsiones. Le pidieron dinero, un auto le trancó el paso cuando iba caminando con su hijo, y algunos vecinos le dijeron que le vigilaban la casa.
La ONG El Paso, que trabaja contra la trata y la explotación sexual, brindó ayuda legal a Baladán para mover el caso en la justicia. Su directora, Andrea Tuana, dijo a El Observador que tienen miedo porque ella “sigue amenazada”, y agregó que el modus operandi de las amenazas de estas redes delictivas “es parte de la forma en la que se manejan y hay que tomar precauciones”.
Características comunes
Tuana explicó que una de las características de las víctimas de trata y explotación son los niveles de pobreza y la falta de oportunidades.
“Muchas veces en los barrios donde hay poca red social y de oferta para los gurises, empiezan a operar las redes de narcos y de explotación, que les ofrecen a las gurisas muchas cosas”.
La activista relató que la bibliografía sobre la temática indica que para que exista explotación sexual y trata en un país, tiene que existir “algún nivel de complicidad con las autoridades” o pagos para que “no se hagan controles”.
Una de las críticas que la organización le hace a la Justicia es la “no priorización” de la trata en lo que refiere a seguridad. “Entiendo que es complejo investigar y desbaratar toda la red, pero también es necesario tener la respuesta a la altura de las circunstancias”, dijo.
