Presidente del PIT-CNT se pone al hombro el plebiscito contra la reforma jubilatoria pero temen votación dividida en la central sindical

Casi como un espejo del debate en que los movimientos sociales terminaron arrastrando a la oposición en su embestida contra 135 artículos de la LUC, buena parte del Frente Amplio –incluido su presidente Fernando Pereira– ya lo considera un error táctico, mientras la cautela se extiende a varias filiales del PIT-CNT. 

Con la duda de los aliados como telón de fondo, Marcelo Abdala, presidente de la central sindical, se ha puesto al hombro las conversaciones para alinear a una mayoría de sindicatos tras un plebiscito por la seguridad social, sin que ello implique una papeleta con gruesas definiciones –como la eliminación de las AFAP– que ni un gobierno de izquierda estaría dispuesto a acompañar a la ligera. 

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"La Untmra (Unión de Trabajadores del Metal y Ramas Afines) resolvió –a partir de un balance de la experiencia por el referéndum contra 135 artículos de la LUC– que probablemente aparezca una moción en que el movimiento sindical establezca su perspectiva de utilizar mecanismos de democracia directa que dejen sin efecto esta ley, abriendo un período de consulta a todas las organizaciones del campo popular", dijo Abdala a El Observador. 

El dirigente destacó que a pesar de que con la LUC no se alcanzaron los votos para la derogación, "el proceso fue exitoso desde el punto de vista de la acumulación de fuerzas", por haber logrado "concitar la unidad de las organizaciones del campo popular". "Hay que acordarse que algunos sectores estaban todavía con una gran desazón y desmovilización en medio de la pandemia, y a partir de este proceso las movilizaciones fueron muchísimo más amplias y profundas", afirmó. 

El pronunciamiento de Abdala y de los metalúrgicos –uno de los sindicatos más poderosos de la central– pone nombre y apellido a una movida que se va gestando en el movimiento, con el grueso de la corriente comunista encaminándose a cerrar filas en la próxima Mesa Representativa del 6 de julio. Ese escenario ya se da por hecho en la interna sindical, mientras se perfilan las primeras posiciones abstencionistas de quienes lo consideran un error. 

Inés Guimaraens

Abdala –titular del Partido Comunista para asuntos sindicales y principal referente de la corriente mayoritaria de la central– evita hablar desde cualquier posición sectorial para preservar la investidura, aunque adelantó: "Creo que va a haber una cantidad importante de filiales alineadas en esta perspectiva".

Si bien Marcelo Abdala se ha reconocido "radicalmente en contra" de las AFAP, consideró que "el problema es que la perspectiva de ir hacia eso es una batalla a dos tiempos": "Primero hay que sacarse de arriba esta ley y generar condiciones mejores para eliminarlas". Esta línea supone que la enmienda deje sin efecto la ley aprobada, antes de que una nueva legislatura discuta otra reforma. 

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Para el presidente del PIT-CNT, "la mayoría de la población está en contra de la reforma". "No está para nada equilibrada, los platos rotos los paga la clase trabajadora", arremetió. "En eso hay amplios acuerdos sociales y políticos. Donde puede haber legítimas diferencias es en la táctica. Pero cuando fuimos contra la LUC, no todos los sectores estaban de acuerdo con algo que demostró su vitalidad", defendió Abdala.

En la interna sindical se ubican como sus principales aliados el titular del Sindicato de Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina, y Daniel Diverio, secretario general del Sindicato de la Construcción (Sunca). Este último tiene la estructura más grande de todo el movimiento, aunque aún no resolvió orgánicamente. 

A esto se suma que tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista han expresado en sendas declaraciones –y en contraste con el resto del FA– su predisposición a acompañar al campo popular, como ya sucedió con el referéndum de la LUC. 

"Hay iniciativas que el movimiento popular está discutiendo (...) Contribuiremos a su concreción con la mayor amplitud social y política posible, para reflejar el rechazo mayoritario de nuestra sociedad a esta reforma jubilatoria", declararon los comunistas en su último Comité Central, en paralelo a su apoyo a la precandidatura de Carolina Cosse, quien por su parte había dicho a El Observador que no le parecía "descabellado" recorrer ese camino. 

La Coordinación de Sindicatos –también conocida como el 'Grupo de los 8'– ya se alineó tras la resolución de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que semanas atrás formuló al PIT-CNT un borrador de papeleta con los siguientes puntos: la eliminación del lucro en la seguridad social, el no aumento de la edad jubilatoria (que con la reforma pasó de 60 a 65) y la suba de las jubilaciones y pensiones mínimas". 

Esta orientación, para algunos la más radical –pero también minoritaria– tiene en su seno dirigentes como Sergio Sommaruga, de los trabajadores de la educación privada, y Fernanda Aguirre, del Sindicato Gastronómico y Hotelero. Todo el resto de las corrientes han mostrado dudas en ir por esa línea.

Las dudas del FA y el temor a la división

"A nosotros nos sigue quedando mucha duda de si no hay un problema técnico-jurídico de dejar sin efecto una ley por enmienda constitucional", admitió el dirigente bancario Fernando Gambera, referente de la corriente Articulación, asociada a posturas más moderadas y conciliadoras con la izquierda cuando estaba en el gobierno, y liderada durante años por Fernando Pereira.

"Mi duda sigue siendo táctica, porque esto (un plebiscito) es en un escenario en que tenés una dependencia muy grande de los partidos", afirmó. Articulación es una de las corrientes mayoritarias, pero está en minoría contra quienes de un modo u otro defienden la herramienta.  

Entre los sindicatos de esta orientación (como la Unott, Fuecys, AEBU y la Federación de Magisterio) ya corre la voz de que sus delegados en la Mesa Representativa se abstendrían tanto para una moción como la planteada por los comunistas, como para la que ya han esgrimido desde el 'Grupo de los 8'.

Y a esto se suma otro temor, que para algunos dirigentes de Articulación consultados por El Observador sería "el peor escenario posible": una votación tan ajustada que derive en dos campañas de recolección de firmas en paralelo, una por la papeleta del Grupo de los 8 y otra por la postura comunista. El plebiscito exige presentar el 10% de las rúbricas del total del padrón. 

También la corriente En Lucha, con organizaciones como COFE y la Federación de la Bebida, ha reconocido sus dudas sobre si embarcarse en un plebiscito.

El FA ya dejó en claro que apostará por crear un nuevo sistema de seguridad social si asume el gobierno en 2025, con el MPP y los sectores socialdemócratas unidos en su férrea oposición contra la estrategia propuesta desde el PIT-CNT. Desde esas agrupaciones de hecho encargaron estudios jurídicos que ponen en duda la legitimidad de la herramienta. 

Camilo dos Santos

Uno de ellos, del catedrático Luis Fleitas de León, considera "inaudita" la posibilidad de que una reforma constitucional derogue disposiciones establecidas por ley, según informó Búsqueda. 

Otro de los informes, encargado por el senador Charles Carrera al abogado Juan Faroppa –al que accedió El Observador– remarca sus coincidencias con su colega y alerta por "eventuales consecuencias negativas sobre la institucionalidad" si una enmienda constitucional intenta derogar una ley. 

"Esto derivaría en un previsible extenso debate técnico-político y en diversas instancias judiciales que generarían escenarios que, sin duda, desviarán el foco de atención del objetivo perseguido", advierte el estudio. 

Cualquier legislación sobre seguridad social es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo (solo el gobierno puede remitirla al Parlamento), por lo que no es aplicable el proceso de referéndum. De esta forma, el plebiscito (proceso por el cual se modifica la Constitución de la República) es el mecanismo que, aquellos que impulsan la reforma, entienden es el correcto si la iniciativa proviene de una consulta popular,