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Se intentó prender fuego, lo imputaron por violencia doméstica y se suicidó en la cárcel; la familia demandará al Estado
El pasado 3 de abril, José Carlos Pérez Legelen, de 43 años, se intentó suicidar prendiéndose fuego. Había tenido problemas con su pareja, con quien estaba hace 14 años y tenían dos hijos (de 12 y 6 años) y eso, según dice la familia, disparó el intento de autoeliminación; ella realizó una denuncia de violencia doméstica y un día después fue imputado e ingresado al Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación (CIDD).
A las 7:10 de la mañana del 5 de abril se encontró su cuerpo sin vida. De acuerdo con el informe del Instituto Técnico Forense (ITF), se ahorcó con una campera polar en su celda. Según el acta administrativa de la Fiscalía, el cuerpo fue encontrado por una funcionaria, quien informó a la jefe de servicio quien, a su vez, notificó también a sus superiores.
A raíz de este hecho, la familia de Pérez Legelen demandará al Estado por “daño moral” por su muerte, ya que entienden que “hay un nexo causal entre el hecho ilícito y la muerte”, contó su abogado, Nicolás Pereyra. “El hecho ilícito de la Fiscalía fue, en este caso, haber imputado a alguien que estaba en ese momento en estado de inimputabilidad momentánea” por el “estado de depresión en el que estaba”, además de que también estaba “bajo efectos de pastillas que había tomado”, añadió. “Ahí se lo imputa, no vieron la inimputabilidad momentánea, es un error inexcusable”, manifestó el letrado.
Asimismo, la demanda también irá contra el Ministerio del Interior por negligencia en el cuidado y protección del recluso.
De acuerdo con Pereyra, además, como el informe forense determinó al caso como un suicidio, la Policía Científica entendió que “no surgen elementos que hagan presumir un hecho ilícito”, por lo que Fiscalía tomó la decisión de archivar el expediente en julio sin investigar más allá el caso.
El letrado indicó que está redactando la medida preparatoria del juicio junto a la familia; se trata de una “predemanda” que exige a los organismos del Estado demandados —el Ministerio del Interior, Fiscalía y ASSE— que aporten toda la información disponible con respecto al caso para luego avanzar en el juicio. Será presentada ante el Estado la semana del próximo lunes 8, señaló.
Casos previos
No obstante, no es la primera vez que se da un caso de estas características, ante lo que el Estado no ha dado la información correspondiente.
El pasado lunes se informaba de Marcelo Ayala, joven de 20 años con trastornos psiquiátricos que falleció en el ex Comcar y cuyo padre inició una demanda al Estado por “daño moral y psicológico”. Pero Pereyra narró dos casos más en los que las autoridades aún no han colaborado con la información correspondiente.
El primero de ellos fue Valentín Bautista Berro: según el documento de predemanda redactado por Pereyra, él “fue encontrado en estado de coma” en su celda del Módulo 10 del ex Comcar el 12 de abril de 2019. Fue trasladado al Hospital Pasteur, donde se le diagnosticó “daño cerebral irreparable”, y la familia se enteró del traslado “por pura casualidad” a través de otro recluso del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR); “nadie se contactó con ellos, cuando lo fueron a visitar no estaba entonces empezaron las averiguaciones que dieron con su paradero”, reza el texto.
Días después, el 1º de julio, Berro falleció en el mencionado centro de salud. “La familia sigue sin saber qué ocurrió, no saben absolutamente nada de la investigación que el INR efectuó, ni de la historia clínica de su hijo”, de acuerdo con el texto. Así, la demanda estimaba el daño moral en US$ 300.000.
El segundo caso corresponde a Christian Joel Mederos Silva, fallecido en la Unidad Nº 2 a raíz de una electrocución el 22 de enero de 2019. La familia buscó la demanda, también por US$ 300.000, por “la falta de servicio del Ministerio del Interior en la omisión de seguridad en la gestión carcelaria la cual motivo que el desenlace fuera inevitable”, según la medida preparatoria. Asimismo, la familia instó a Fiscalía y a la mencionada secretaría de Estado a brindar la información disponible, particularmente también respecto a la habilitación de UTE y el mantenimiento de la red eléctrica del centro penitenciario.
No obstante, de acuerdo con Pereyra, ambas medidas preparatorias “no fueron contestadas ni investigadas de forma acorde”. En el caso de Berro, el fiscal de Flagrancia Carlos Negro lo catalogó de “autoeliminación”, por lo que “no corresponde dar cuenta de los hechos” y “no confiere delito”, de acuerdo con el expediente; no se dispusieron otras medidas de investigación, “ni siquiera para determinar responsabilidades dentro del establecimiento carcelario”, expresó Pereyra. En tanto, en el caso de Mederos, la causa fue “accidental” y cuando la fiscal Mirta Morales “quiso investigar más, vinieron en el Comcar y dijeron ‘fue un accidente, cerramos’”.
En ambos casos, las familias y el abogado están esperando las respuestas del Estado para seguir adelante con el juicio, pero no han tenido respuesta.
