Padre de joven que murió en exComcar demandará al Estado por “daño moral y psicológico”

Ayala había sido condenado por dos delitos creados por la Ley de Urgente Consideración (LUC): el retiro o destrucción de tobillera electrónica, ya que tenía una orden de restricción de acercamiento hacia su padre, y agravio a la autoridad policial.

No obstante, el abogado Nicolás Pereyra explicó a El Observador que Ayala padecía un trastorno psiquiátrico. Eso es lo que generó la “maquinaria infernal” en la que se convirtió el nuevo Código de Proceso Penal (CPP), que “gente que no tendría que estar juzgada como personas normales lo son y son enviadas a lugares que no tendrían que estar”, argumentó.

No obstante, el letrado sostuvo que la demanda en sí no está hecha aún: “Tenemos un pedido de información que se llama licencia preparatoria, que es un juicio previo al juicio”. En este sentido, Pereyra junto con su socio Rafael Silva prevén demandar al Ministerio del Interior por no cumplir con las medidas de seguridad y protección “que tenían que tener, que son proactivas y no omisivas”, y hacia Fiscalía porque la investigación está “paralizada”.

“Ya sabemos que hay responsabilidad del Estado”, reafirmó.

Pereyra comentó que el pedido de información “recién fue interpuesto” y los organismos aún no han sido notificados, por lo que todo el proceso demorará entre uno y dos meses. Luego, cuando reciban la información, los abogados valorarán qué elementos “sirven” y utilizarán para la redacción de la demanda propiamente dicha.

De esta manera, el padre de Ayala reclamó por “daño moral y psicológico”, ya que “la familia sufrió, sobre todo por toda la actividad que tuvo que hacer para dar con la verdad” del paradero del joven. Según contó, las autoridades fueron “omisas” en darle a la familia información sobre Ayala; por ejemplo, cuando fue trasladado al ex Comcar “tuvieron que buscarlo por todas las cárceles”.

“La atención a la familia fue una verdadera vergüenza, fueron tratados como la peor escoria de la humanidad”, expresó Pereyra.

Por su parte, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, dijo a El Observador que “es muy importante y está muy bien” que quienes sienten que sufrieron un daño del Estado por su acción u omisión dentro del sistema carcelario lo demanden.

“Algún día nos daremos cuenta que es muy caro no cumplir con las responsabilidades que tiene el Estado”, aseveró Petit.