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Senado votará en octubre la refinanciación de deudas en UR del BHU tras principio de acuerdo entre oficialismo y oposición
El proyecto de ley prometido por el presidente Luis Lacalle Pou el 2 de marzo para atender el caso de hasta 23 mil deudores llamados "rehenes de la unidad reajustable" (UR) aterrizará el próximo 3 de octubre en la discusión legislativa, con las últimas idas y vueltas puliéndose entre los senadores oficialistas y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El nacionalista Sergio Botana –que junto al blanco Carlos Camy, el colorado Germán Coutinho y el cabildante Raúl Lozano había presentado iniciativas por este tema en el período– dijo a El Observador que están modificando el texto inicial del Poder Ejecutivo para que "sea desencastrable absolutamente".
Ese nuevo capítulo en la discusión política responde a la composición en dos partes de la iniciativa acordada meses atrás con Torre Ejecutiva: por un lado la refinanciación de las deudas ante el Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) según su antigüedad, y por otro la pretendida fusión del BHU dentro del Banco República (BROU).
Tanto el Frente Amplio como Cabildo Abierto han transmitido en conversaciones políticas que no apoyarán esta última disposición en los términos planteados, que implicaría suprimir al organismo y constituirlo en una nueva unidad dentro del BROU bajo el nombre de "Créditos Hipotecarios". La negativa trunca por la vía de los hechos la apuesta del oficialismo, en tanto requiere de mayorías especiales en el Parlamento (y por ende los votos de todos los partidos) para aprobarse.
"La idea es que armemos un proyecto tal que una cosa y la otra queden independientes, de modo que si no existen mayorías para aprobar la integración, igual no se afecte la solución para los deudores", explicó Botana, que ultima los detalles junto a su correligionario Carlos Camy, apartado por estos días de la agenda parlamentaria mientras se recupera de un tumor en el colón extraído semanas atrás.
El oficialismo sí describe un "principio general de acuerdo" para la refinanciación, según las conversaciones informales mantenidas estos días entre senadores de todos los partidos. Las fuerzas políticas acordaron mientras tanto dar ingreso al nuevo proyecto el próximo 3 de octubre, tratarlo en la comisión de Vivienda integrada con Hacienda las siguientes dos semanas, aprobarlo en ese ámbito el 17 de octubre y votarlo finalmente en el pleno del Senado el 18.
Según supo El Observador, el ministro de Vivienda, Raúl Lozano, ya transmitió a sus correligionarios Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech que acompaña esa parte de la iniciativa. El jerarca, que en su etapa como legislador había presentado un proyecto de ley por este tema, había declarado en Quien es Quien que no estaba entre los planes de su partido que el BHU "desaparezca".
Por su parte, Bergara ha manejado en la bancada opositora la predisposición a acompañar la refinanciación, pese a las dudas iniciales respecto a si corresponde legislar en la materia cuando la ANV y el BHU ya pueden por sí solos hacer quitas y bajar tasas de interés.
La oposición buscará incidir en la redacción con propuestas propias. Una de ellas será que no solo se tenga en cuenta la "antigüedad" de la deuda –el proyecto establece soluciones escalonadas a partir de los 40 años desde que fue tomado el crédito hipotecario– sino también otros criterios como "el valor de los inmuebles".
El FA reclamará además que debería haber por parte del Poder Ejecutivo una "compensación" hacia el BHU por estar renunciando al cobro de cuotas o intereses que, al fin y al cabo, son un activo de su cartera.
El gobierno había estimado un costo mínimo de US$ 330 millones por estas modificaciones y de US$ 260 millones para las deudas en la ANV que asumiría el BHU. Bergara ya había expresado "mucha preocupación" al respecto en la última reunión de comisión: "más allá de que el patrimonio del BHU dé para absorberlo, no quiere decir que deba hacerlo porque, si se trata de una definición política, es discutible. Ya vivimos un BHU tan descapitalizado que cerró".
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El director del FA en el BHU, Gabriel Frugoni, había alertado en la izquierda que el organismo hace 300 reestructuraciones anuales y que "no hace falta mucho para darse cuenta que si se aplicaran estas medidas" ya no podría hacerlas "y la solución sería el camino del juicio", mientras que advirtió por un "muy peligroso efecto contagio" sobre las deudas en Unidades Indexadas (UI), que representan dos tercios del total que administra la cartera.
La refinanciación consiste en la extinción de las deudas que tengan más de 40 años desde su concesión y que mantenían hasta ahora los pagos, en el entendido de que son unas 2.500 personas que "ya cubrieron" varias veces el monto inicial y que ahora dejarían de pagar.
A quienes les falten diez años para alcanzar esa antigüedad, se les aplicará una tasa del 0% sobre la UR. Y a quienes les falte más de diez años y hasta 39 años, se les cobrará una tasa de 2,5%. Si se incumplieran tres o más cuotas en un año, quedan sin efecto las bonificaciones.
La polémica, arreciada por el aumento del precio de la UR en el correr de las décadas, genera resistencias entre economistas ante cualquier refinanciación. "Es inconveniente porque es injusto, cuesta mucho dinero y limitará el crédito, especialmente a las personas de menor ingreso. En el pasado (no tan lejano), iniciativas de este tipo comprometieron severamente a las finanzas públicas", había criticado Gabriel Oddone, socio de CPA Ferrere.
Pablo Rosselli, consultor de Exante, había afirmado en tanto que "es injusto" hacer quitas "porque no es cierto que los deudores en UR fueron perjudicados". "Es injusto con los buenos pagadores. Es inconveniente porque genera incertidumbre en el negocio de crédito", añadió.
Gobierno defiende la fusión
El director de Finanzas Públicas, Fernando Blanco, aseguró semanas atrás ante los senadores que el MEF ha "observado" que "el crédito público perdió participación en el mercado hipotecario", y que hoy solo "uno de cada cuatro de los nuevos" los otorga el BHU.
"Viendo este antecedente y el potencial desarrollo –que existe, en comparación con el nivel mundial estamos bastante abajo– se entendió pertinente sugerir la integración del BROU y el BHU en una sola institución. Con esto se generarían sinergias que presentarían algunos beneficios (...) Como el BROU tiene otros negocios que le generan ingresos, se podrían presentar productos hipotecarios y esto podría llevar a presentar menores tasas de interés", estimó.
El senador Botana aseguró que insistirán con el tema en el debate parlamentario, y agregó que el BROU puede brindar los créditos "en 130 sucursales, no solo en seis".
La presidenta del BHU, Casilda Echeverría, con quien los senadores del propio oficialismo han chocado en varias ocasiones –hasta el punto que Botana llegó a pedirle la renuncia– se opone a la iniciativa. "Nosotros no compartimos la posición de perdonar deudas que han sido legítimamente contraídas", dijo meses atrás a El Observador.
De acuerdo con Echeverría, estas deudas "se han prolongado en el tiempo" y el BHU "ha intentando mantener una cuota para que puedan pagar estas personas. Al mantener una cuota que a veces es menor a un alquiler, muchas veces se alarga en el tiempo".
