Si la serie de hechos puede sonar conocida, es porque lo es. El fiscal de Delitos Sexuales Raúl Iglesias toma una decisión que lo lleva al centro de la polémica. Su jefe, el fiscal de Corte Juan Gómez, intercede y cuestiona sus actos. Los opositores a Gómez ven en ello un paso inaceptable; un abuso de sus facultades que merece respuestas contundentes del Poder Ejecutivo. El gobierno llama a la mesura y elige mantenerse al margen. Y todo queda ahí hasta que vuelve a repetirse.
Como una calcomanía de lo que pasó hace menos de un mes –cuando el presidente Luis Lacalle Pou puso paños fríos a la pulseada interna de Fiscalía y ratificó públicamente que Gómez no había perdido la confianza del Poder Ejecutivo–, una nueva escalada de las disputas en el Ministerio Público volvió a activar las alarmas de algunos dirigentes del oficialismo, que llamaron a realizar movimientos de piezas pero se volvieron a chocar contra el muro de quietud y realismo político de la Presidencia de la República.
Mientras que el inicio de un sumario a Iglesias llevó a que algunos dirigentes oficialistas pusieran –otra vez– el grito en el cielo contra la gestión de Gómez, desde la cúpula del gobierno ratificaron a El Observador que sigue imperando la postura expresada por Lacalle Pou a fines de mayo, y que guardan distancia por tanto de las posturas más radicales contra el fiscal de Corte dentro de la coalición.
En cada uno de los tres principales partidos del oficialismo (Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto) hubo al menos un representante que hizo saber su malestar con la gestión de Gómez. La senadora blanca Graciela Bianchi lo convocó al Parlamento y lo acusó de estar "haciéndole los mandados" a su antecesor Jorge Díaz. El diputado colorado Gustavo Zubía acusó a Lacalle Pou de "no haberse puesto las pilas" en la designación de un nuevo fiscal de Corte, ni de al menos haber avanzado en su propuesta de generar una conducción colegiada mediante un triunvirato. El senador cabildante Guillermo Domenech dijo que el sumario era "una forma de amedrentar a los fiscales, que pierden absolutamente su independencia”.
Sin embargo, ninguna de esas críticas hace mella en la postura de Lacalle Pou y su gobierno de no tomar cartas en el asunto.
La razón principal –antes de entrar en si es procedente o no la decisión de Gómez, o si actuó bien o mal el fiscal Iglesias– tiene que ver con las condicionantes políticas. Para hacer cambios en la integración de la Fiscalía se requieren mayorías especiales. Para ponerlo en términos bien simples, por la forma en la que se da la correlación de fuerzas, no hay forma de lograrlo sin un acuerdo de todos los partidos presentes en el Senado (Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Frente Amplio).
Lacalle Pou se ha expresado en desacuerdo con la idea de un órgano colegiado, pero ni siquiera eso es importante en el actual contexto político, porque esa idea tampoco cuenta con el aval del Frente Amplio.
El presidente dejó clara esta realidad el mes pasado, luego de que Iglesias denunciara que Gómez había violado su independencia técnica, y que las críticas al fiscal de Corte comenzarán a tomar volumen en algunas esferas del oficialismo.
“Nosotros heredamos una situación en la cual el fiscal Jorge Díaz renuncia, y queda el fiscal Gómez. Para nombrar fiscal de Corte se necesita mayoría especial. Supongamos, no lo estoy dando por hecho, que la coalición no está de acuerdo el fiscal Gómez. No alcanza porque precisamos una mayoría especial en la que deberíamos tener votos de la oposición", agregó Lacalle.
El presidente cerró esa rueda de prensa insistiendo en el punto de que ni siquiera importaba –en términos numéricos– si había o no respaldo del Ejecutivo.
Ese diagnóstico político es el que lleva a algunos dirigentes blancos –en el Ejecutivo y en el Legislativo– a ver con cierta incredulidad la radicalidad de los planteos de su correligionaria Graciela Bianchi respecto al fiscal de Corte.
"Son cosas de Graciela", respondieron varios blancos este miércoles a El Observador al ser consultados sobre si las posturas de Bianchi tenían eco en el partido.
Los más críticos con la senadora observan con preocupación las marchas y contramarchas de sus expresiones en redes sociales y cómo pueden comprometen a la colectividad que lidera Lacalle Pou.
La senadora dijo este miércoles que "hay que cambiar todo en Fiscalía", y entre sus argumentos citó información errónea sobre vínculos familiares de autoridades del organismo.
Los matices no aparecen solo entre los blancos. En Cabildo Abierto, algo más alejado de la contundencia de su compañero Guillermo Domenech, el senador Raúl Lozano se limitó a decir que le parecía bien que Gómez fuera citado a comisión para dar explicaciones y que le "llamaba la atención" el sumario realizado a Iglesias.
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