Un sistema penal veloz que deja a los fiscales extenuados

Un cambio de ADN de la Justicia penal", así había definido el fiscal de Corte, Jorge Díaz, al nuevo Código del Proceso Penal, una transformación que se puso en marcha este miércoles, y que en sus primeros días logró reducir a minutos juicios que antes hubieran llevado meses. Como aspecto negativo, se reiteraron los fallos en el software de la Fiscalía, y los fiscales aseguran que trabajaron 40 horas seguidas, por lo que exigen que se revea la forma de trabajo para evitar que las jornadas laborales tan extensas.

Desde el miércoles, los fiscales tomaron las riendas de las investigaciones penales, antes en manos de los jueces, las audiencias abandonaron el secretismo de los voluminosos expendientes en papel para dar paso a la oralidad y a salas llenas de público. Durante los primeros dos días del nuevo código se realizaron seis audiencias de formalización -etapa en la que se define si se inicia o no un proceso penal y en la que el Ministerio Público puede proponer acuerdos con los acusados, si confiesan el delito, a fin de reducir los tiempos de los procesos-. En la mayoría de los casos se acordó, en tres de ellas se definió la prisión del implicado, en dos se le asignaron tareas comunitarias. Solo en un caso el implicado negó los hechos y se fijó prisión preventiva por 120 días.

Este viernes, un delincuente que robó en una tienda, quedó en libertad luego de que acordó con el fiscal reparar a la víctima. Se comprometió a devolver el dinero robado, pedir disculpas y asistir a tratamiento psiquiátrico.

Tanto en el caso de los que fueron enviados a prisión o a hacer tareas comunitarias, como en el que fue obligado a devolver el dinero, se aplicaron dos opciones que fueron agregadas por el nuevo Código: el "proceso abreviado" y la "suspensión condicional del proceso". En el primer caso, la persona recibe una sentencia directamente en la audiencia de formalización, luego de asumir su responsabilidad en el delito a cambio de recibir una reducción de la pena propuesta por el fiscal, en la segunda el proceso se detiene mientras el acusado -que antes había admitido su participación en el crimen- se compromete a cumplir con determinada condición.

El presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), Alberto Reyes, valoró que se haya aplicado estos procedimientos abreviados, y opinó que es una solución que aporta mayor "eficiencia al proceso". Hasta ahora, cuando se cometía un delito en que la responsabilidad del acusado era muy evidente, el juez pedía el procesamiento del implicado en un plazo de 48 horas a partir de su detención, lo que implicaba recién el inicio del proceso penal.

Reyes explicó que con la "burocracia" del sistema anterior podían pasar meses e incluso años para que el acusado recibiera una sentencia definitiva.

"En algunos casos tener una persona condenada en 48 horas puede llamar la atención, pero cuando es evidente el tema está resuelto en la práctica", explicó. Reyes dijo que antes los juicios podían llevar meses, pero las pruebas para sentenciar a un acusado eran los mismos que se conocían desde las primeras horas de la detención.

"La reforma del código tuvo la consideración de que los casos que van realmente a juicio sean aquellos en los que se justifique el debate", apuntó y agregó que mediante la nueva modalidad se podrá ahorrar recursos, ya que no se gastará durante meses en casos que se pueden resolver en un día.

En el mismo sentido, el presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados, Germán Aller, dijo que el balance de los primeros días es "muy positivo", por dar mayor actuación a la defensa y por restringir la privación de la libertad a la condena.

Hasta el 1º de noviembre cuando un acusado era procesado -etapa en la que se inicia el proceso penal- el juez solía disponer la prisión preventiva mientras se llevaban adelante las otras etapas del proceso hasta tanto recibía una condena.Entre que un acusado era enviado a la cárcel (prisión preventiva) y se fijaba la sentencia, podían pasar meses e incluso años. Durante ese tiempo, el preso no sabía en cuánto tiempo volvería a ser libre.

Ahora los acusados que no acuerden durante la etapa de la formalización, podrán esperar el juicio en libertad, siempre que no haya riesgo de que se fuguen o de que entorpezcan la investigación.

Además, el abogado penalista destacó que con el nuevo código el defensor podrá acceder a la carpeta de investigación para defender a su cliente, cuando antes esa información era casi siempre reservada, con lo cual los indagados muchas veces no conocían al detalle de qué se los acusaba.

Sin embargo, el nuevo Código no estuvo exento de problemas, ya que hasta este viernes continuaba fallando el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (Sippau), en el que los fiscales deben cargar datos de los casos que investigan, al tiempo que a través de él recepcionan todas las denuncias que realice la población.

Según dijeron a El Observador distintos fiscales del país, el viernes el sistema seguía teniendo problemas para cargar datos, por lo que debían anotar en papel la información de los casos que investigaban para luego pasarlos manualmente al software, una vez que volvía a responder.

Previendo las horas continuas de trabajo que tendrían antes de que el CPP se pusiera en práctica la Asociación de Fiscales del Uruguay (AMFU) decidió recurrir el régimen de trabajo que tendrán por considerar que es excesivo y implicaría turnos de hasta 36 horas seguidas.

Esta situación llevó a una situación muy particular que fue desactivada por el fiscal de Corte, Jorge Díaz en la que un fiscal acordó con la Policía casos en los que no podrían llamarlo. El fiscal letrado de Rosario, Cesare Cingia, planteó en un documento que no lo podían llamarlo porque "no iniciaría proceso infraccional" frente a determinados delitos como el robo de una moto por parte de un menor, tampoco frente a denuncias "por difamaciones e insultos mediante las redes sociales".

Más allá de ese caso, los fiscales de flagrancia -aquellos que toman los casos en los que el delincuente es detenido en el momento en que comete el delito- se quejaron del exceso de trabajo. El fiscal Gustavo Zubía, dijo a El Observador que durante su noche de guardia recibió 180 llamadas de la policía informando de hechos delictivos, y de otros que no llegan a esa definición.

Por ejemplo debió atender el caso de una embarazada a la que la hermana había dejado afuera de su casa por una discusión, y a una anciana de 94 años que ni hablaba ni gesticulaba, que no era aceptada para ser internada por ningún centro de salud. Por teléfono dio indicaciones a los policías que llamaban, para que la hermana dejara entrar a la embarazada y para que una clínica aceptara a la anciana. Zubía dijo que en esos casos debe actuar aunque no se trate de delitos. "¿Voy a esperar a que se consume la omisión de asistencia para actuar?, el fiscal tiene que actuar en forma humana para evitar que se consume un delito", explicó.