La defensora de la víctima del caso de abuso sexual especialmente agravado del Cordón, por el que hay tres imputados en prisión, dijo que la víctima fue recientemente despedida de su trabajo como empleada doméstica.
La mujer estaba certificada desde que ocurrió el hecho en enero y al volver la despidieron porque reconocieron su voz en el programa radial La pecera (Azul FM), afirmó la abogada de la mujer, Soledad Suárez, a El Observador.
Suárez indicó que este es un problema recurrente en los casos de abuso sexual: la víctima sufre un "estigma", un "prejuicio", una "discriminación" y una "mirada culpabilizadora" que lleva a que su empleador la despida.
Según la abogada, los empleadores de la víctima conocieron su identidad en el programa radial conducido por el periodista Ignacio Álvarez, que compartió audios de un video grabado en el momento de los hechos, realizado a principios de febrero. Por la información brindada, y por la voz que se escucha en los audios, la reconocieron.
Álvarez fue denunciado en febrero por la Fiscalía luego de que difundió los audios, en el entendido que podrían representar una vulneración del artículo 92 de la ley Nº 19.580 de violencia basada en género que prohíbe "divulgar contenido íntimo de orden sexual sin el consentimiento de las personas involucradas".
Fue por esta investigación que la fiscal a cargo del caso, Mariana Alfaro, allanó la radio Azul Fm en búsqueda del origen del contenido compartido y luego llevó a que la Fiscalía se retractara de la medida ante una posible amenaza al derecho de reservar las fuentes y la libertad de prensa.
Según dijo Suárez cuando la mujer volvió de su certificación "ya sabía" que iba a ser despedida, lo que se cumplió, indicó Suárez. La letrada detalló que la Ley N° 19.580 prevé medidas para asegurar la permanencia de las mujeres afectadas por estos crímenes en sus lugares de trabajo, como estipula su artículo 40.
"Por un plazo de seis meses a partir de la imposición de medidas cautelares por hechos de violencia basada en género, las mujeres en favor de quienes se hubieran dispuesto no podrán ser despedidas. Si lo fueren, el empleador deberá abonarles un importe equivalente a seis meses de sueldo más la indemnización legal que corresponda", dice el literal F de ese artículo.
Este lunes la defensa de la víctima presentó un escrito en el que denuncia al nuevo fiscal a cargo del caso, Raúl Iglesias –asumió a mediados de mayo–, por "deberes incumplidos" en el manejo de la causa, tras haber dicho públicamente en varios medios que quería cambiar la medida cautelar de los imputados de una prisión preventiva por 180 días a una prisión domiciliaria.
El objetivo del escrito es que "se tomen medidas con carácter de cautela y urgentes" con respecto al accionar de Iglesias, para que "no se siga provocando intimidación, sufrimiento y revictimización a la víctima", indica el documento al que accedió El Observador.
Suárez remarcó que las apariciones de Iglesias en los medios, entre ellos una entrevista extensa en La pecera en la que sostuvo que el caso es de "alto perfil", "están dañando" a la víctima.
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