Pierde la república con cierre de juzgados

El cierre de juzgados es un nuevo alerta sobre las penurias financieras injustamente impuestas al Poder Judicial

El cierre de juzgados es un nuevo alerta sobre las penurias financieras injustamente impuestas al Poder Judicial por el gobierno, a través de restricciones presupuestales que rozan la independencia que debe regir entre los tres poderes del Estado. A diferencia del Ejecutivo y del Legislativo, el Judicial no está facultado para establecer su presupuesto y depende de lo que el gobierno de turno estime que debe o puede asignarle. Esta falla estructural obliga a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al ruego recurrente de recursos para que el sistema judicial siga funcionando. El presidente de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, ha tenido que pedirle al gobierno la suma, comparativamente modesta, de $ 26 millones para cubrir gastos básicos hasta fin de año. Ya en noviembre del año pasado la SCJ había advertido al gobierno que sin aumento presupuestal era “incierto” el futuro del funcionamiento de la Justicia.

Pese al refuerzo solicitado, la SCJ ha tenido que suprimir 13 juzgados de Paz en cinco departamentos del interior por la imposibilidad de solventar costos básicos como la limpieza, las facturas de teléfono y de electricidad o los aportes al BPS. Pérez Manrique señaló que en las tres últimas asignaciones presupuestales “no recibimos un centésimo”, excepto las partidas fijadas en la actual Rendición de Cuentas para que finalmente se ponga en práctica dentro de un año el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). Esta esencial reforma sustituye juicios orales y públicos, con la investigación a cargo solo de los fiscales y el juez limitado a dictar sentencia, por el obsoleto sistema inquisitorio vigente. El cambio está demorado desde hace cuatro años y se resolvió a los tropezones después que Uruguay fue censurado por Naciones Unidas por mantener un régimen penal que viene del Medioevo jurídico.

Al retaceo presupuestal se sumó el costo del grave litigio salarial con los funcionarios judiciales por la impericia legislativa del gobierno de José Mujica, que aprobó una norma sobre ajuste salarial a los ministros de la SCJ sin darse cuenta de su efecto legal en cascada a todo el personal. Es evidente la escasez de recursos con que se maneja el tercer gobierno del Frente Amplio, en gran parte por el descuidado gasto excesivo en que se embarcaron los dos primeros. Pero nada justifica maniatar a la Justicia para atender otras erogaciones menos justificables.

La división de poderes es un pilar fundamental en que se asienta todo estado de derecho y las instituciones republicanas. Pero ese pilar se resiente cuando el funcionamiento efectivo del Poder Judicial le impone una posición casi mendicante ante el Ejecutivo. Incluso puede generar dudas sobre la independencia con que puede actuar, cuando su subsistencia depende de la buena voluntad gubernamental. Aunque nada indica que haya incidido en la restricción de recursos, no está de más recordar la hostilidad con que, durante la administración Mujica, la gobernante alianza de izquierda reaccionó ante fallos de inconstitucionalidad dictados por la SCJ contra leyes defectuosas. Impartir justicia en forma equilibrada, eficaz y exenta de presiones políticas es un elemento básico de nuestra estructura democrática. Pero la función peligra cuando un gobierno no asigna los fondos necesarios para cumplirla, como lo evidencia el insólito cierre de juzgados por imposibilidad de solventar sus gastos cotidianos de supervivencia.


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