Procesan a un cuarto jerarca del Círculo Católico por estafa

La investigación por la estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) continúa y la jueza penal Julia Staricco ya procesó a 26 personas. El último procesamiento fue dictado ayer por la noche y corresponde a un mando medio del área de afiliaciones del Círculo Católico, al que la jueza penal Julia Staricco le imputó un delito de estafa en grado de coautoría, informó la magistrada a El Observador.

El viernes 31, también fueron procesados un hombre de 63 años y su pareja, de 43, informó Subrayado. Ambos trabajaban para las mutualistas Círculo Católico y Cudam.

A su vez, la jueza ordenó que se realizara el allanamiento del despacho de Álvaro Puerto, edil de Canelones que fue electo por el Partido Nacional pero ahora integra el Partido de la Gente. Esa colectividad decidió suspender al edil de sus filas.

Puerto era el gerente comercial del Círculo Católico y la Justicia solicitó orden de captura internacional ya que no se encuentra en el país. Subrayado informó que en el despacho del edil, en la Junta Departamental de Canelones, se encontraron boletas de una empresa falsa que estaba vinculada al Círculo Católico. La razón de librar una orden de captura para Puerto responde a que la Justicia está focalizando la línea de investigación en la implicancia de jerarcas del Círculo Católico en la maniobra delictiva, informaron a El Observador fuentes del caso. Ayer hubo nuevas citaciones.

Ese foco de la investigación cobró fuerza cuando el 21 de marzo Staricco procesó a tres supervisores del Círculo Católico, que tenían cargos gerenciales en el área de afiliaciones.

Los tres que fueron procesados con prisión en esa oportunidad eran encargados de supervisar las afiliaciones y al mismo tiempo eran propietarios de empresas promotoras de afiliación de socios.

Cada uno era titular de una empresa distinta, que a su vez eran contratadas por el Círculo Católico para captar afiliados cuando en febrero de cada año se abre el corralito mutual.

Como no podían tener empresas, las ponían a nombre de sus esposas o de otros testaferros. De esta manera ellos mismos controlaban las afiliaciones y les daban de baja luego de cobrar las cápitas durante tres meses, antes de que el BPS detectara que esos trabajadores afiliados no aportaban porque no estaban empleados.

El afiliador coordinaba el precio con el nuevo socio, de $ 500 a $ 700, luego el nuevo socio entregaba la documentación, se le pagaba el dinero y se lo afiliaba en la mutualista, dándole el alta en el Banco de Previsión Social.