Proyecto para regular apps es "redundante" y anticompetitivo

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía criticó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento para regular los servicios brindados a través de aplicaciones tecnológicas. Asegura que las facultades que se dan al Banco Central para bloquear cuentas "son una especie de exacerbación de aspectos punitivos", que crean barreras anticompetitivas.

El integrante de la comisión de Defensa de la Competencia Javier Gomensoro dijo en la Comisión especial de Innovación, ciencia y tecnología de Diputados –que estudia el proyecto de ley– que el proyecto es "redundante", ya que está claro que, por ejemplo en el caso de Uber, se debe respetar tanto la normativa municipal como la fiscal y los aportes sociales. "Que este proyecto de ley hable en general sobre estos temas es llover sobre mojado, es redundante", afirmó Gomensoro.

Así, se "asigna al Banco Central un rol de policía adicional a los que hoy ya tienen los organismos del Estado".

Aseguró por otra parte que el nuevo Código General el Proceso ya da al BCU potestad para "trabar embargo a las cuentas bancarias con un procedimiento mucho más garantista", que el que plantea el proyecto ya que que requiere intervención judicial previa, y no a la inversa.

Con ese artículo, aseguró la presidenta de Defensa de la Competencia, Adriana Riccardi, "se transmite una especie de exacerbación de aspectos punitivos" y así "se estaría desalentando la competencia mediante la introducción de restricciones".

Gomensoro afirmó que "tampoco es cierto que los organismos carezcan hoy de elementos de policía inspectiva y facultades para hacer valer la ejecución de una deuda o el establecimiento de una multa si están en incumplimiento".

Uber, "desde nuestro punto de vista, es positivo y saludable", dijo Gomensoro que dio alternativas y ventajas al consumidor. "Es mejor ir a un modelo desregulado", sin tarifa ni barrera de entrada.

Defensa de la Competencia criticó por otra parte que las intendencias den permisos para efectuar el servicio de transporte privado que dan los taxis. En ese sentido, la comisionada Luciana Macedo dijo a los diputados que desde su punto de vista, el artículo 3° del proyecto de ley, que expresa que los servicios prestados mediante aplicaciones "quedarán sometidos a los controles, autorizaciones, permisos, licencias, registros" que establecen las normas del servicio; lo que hace es perpetuar el mismo sistema.

"En el caso particular de Uber estaría estableciendo que todo quede incambiado, dejando en manos de la Intendencia que siga limitando la oferta del transporte privado oneroso y que siga otorgando las licencias sin saber con qué criterio", afirmó Macedo.