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Pulseada entre jueces y políticos en medio de la crisis brasileña
Magistrados alegan que buscan el bien y dirigentes critican sus métodos
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21 de marzo de 2016 a las 05:00
¿Justicia anticorrupción o Estado policial? En Brasil, los jueces destaparon las cloacas de la política con métodos que les han valido críticas y que los han llevado a chocar frontalmente con los demás poderes. El debate se amplía y ayer se supo que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva recurrió al Tribunal Supremo para evitar que el proceso abierto en su contra vuelva a la jurisdicción del juez Sergio Moro, el responsable del caso de corrupción en Petrobras.
La decisión de este juez de divulgar llamadas telefónicas interceptadas al expresidente o el bloqueo judicial a su asunción como ministro ilustran, según analistas, la manera en que los magistrados están traspasando sus fronteras y actuando políticamente.
Al pinchar las conversaciones de Lula, Moro captó diálogos con la propia mandataria Dilma Rousseff. Y cuando el expresidente fue designado ministro de Presidencia esta semana, el juez liberó el acceso a los audios.
"Moro hace un uso político de la operación Lava Jato" sobre la petrolera estatal, con lo cual "abre un precedente y alienta a otros jueces conservadores a hacer lo mismo", dijo a la AFP el abogado Marilson Santana, profesor de Derecho en la Universidad Federal de Río.
La divulgación de la conversación entre Rousseff y Lula desató un terremoto político, al ser ampliamente interpretada como la confirmación de que el ingreso de Lula al gobierno se proponía proteger al ícono de la izquierda de una eventual orden de prisión.
En la grabación, Rousseff informa a Lula que le enviaba el decreto de su nombramiento para que pueda "usarlo en caso de necesidad". Miles de personas se volcaron de inmediato a las calles para exigir la dimisión de Rousseff. "Los golpes comienzan así", reaccionó la jefa de Estado del país norteño.
Moro es considerado por la oposición como un paladín de la justicia. Pero para la senadora petista Gleisi Hoffman, está "incendiando el país". Los cuestionamientos no son solo políticos.
"El imperioso combate contra la corrupción no puede avanzar en rebeldía de las garantías individuales y de las leyes vigentes", editorializó el diario Folha de Sao Paulo.
Moro alegó que los teléfonos intervenidos eran de Lula y no de la presidenta. Incluso citó como precedente el escándalo de las escuchas telefónicas de Watergate, que llevó a la renuncia del presidente estadounidense Richard Nixon en 1974.
"Ni siquiera el primer mandatario de la República tiene un privilegio absoluto en el resguardo de sus comunicaciones, aquí recogidas fortuitamente", escribió Moro. El "conocido precedente" del caso Watergate "es un ejemplo a ser seguido", insistió.
Entidades jurídicas cerraron filas en defensa del juez, cuyas decisiones nunca han sido revertidas por alguna instancia superior.
Pero la presidenta Rousseff hizo notar que "en muchos lugares del mundo, quien pincha el teléfono de un presidente va preso si no tiene autorización de la Corte Suprema".
El descrédito de la política puede ser una de las explicaciones para este vigoroso poder judicial, dicen los expertos.
"Estamos en un momento muy grave, en que el Poder Legislativo está arrinconado porque sus líderes son investigados y el Poder Ejecutivo está completamente desacreditado por un gobierno ineficiente", dijo a la AFP Antonio Carlos de Almeida, abogado del banquero André Esteves, procesado en el marco de la operación Lava Jato.
"Entonces el Judicial se convirtió en el gran poder. Y eso es muy riesgoso, porque como decía el jurista Rui Barbosa, 'la peor dictadura es la dictadura del poder judicial', porque no queda a quién recurrir", comentó.
Moro tampoco vaciló en ordenar el registro del domicilio de Lula, el 4 de marzo, y en llevar a declarar por la fuerza al hasta ese momento intocable dirigente.
"La operación Lava Jato tiene un objetivo claro: hacer inviable a Dilma y anular a Lula para las elecciones de 2018", remarcó el abogado Marilson Santana.
Un magistrado de la Corte Suprema bloqueó el viernes pasado el nombramiento ministerial de Lula por considerarlo un "salvoconducto" de la presidenta para protegerlo de la justicia ordinaria. Ese juez decidió además que la investigación siga en manos del juez Moro, de Curitiba.
"Sinceramente estoy asustado con la 'República de Curitiba', porque a partir de un juez de primera instancia todo puede ocurrir en este país", dijo Lula en una de las conversaciones pinchadas.
Moro aplicó 93 condenas a implicados en el caso Petrobras en los últimos dos años y, según el recurso presentado el viernes pasado, es quien continuará al frente del caso del expresidente.
Pero ayer los abogados de Lula confirmaron que pidieron a otro juez del Supremo, Teori Zavascki, que anule la decisión de su colega de mantener la causa en Curitiba, en manos de Moro, por considerar que este condujo escuchas ilegales.
La decisión de este juez de divulgar llamadas telefónicas interceptadas al expresidente o el bloqueo judicial a su asunción como ministro ilustran, según analistas, la manera en que los magistrados están traspasando sus fronteras y actuando políticamente.
Al pinchar las conversaciones de Lula, Moro captó diálogos con la propia mandataria Dilma Rousseff. Y cuando el expresidente fue designado ministro de Presidencia esta semana, el juez liberó el acceso a los audios.
"Moro hace un uso político de la operación Lava Jato" sobre la petrolera estatal, con lo cual "abre un precedente y alienta a otros jueces conservadores a hacer lo mismo", dijo a la AFP el abogado Marilson Santana, profesor de Derecho en la Universidad Federal de Río.
La divulgación de la conversación entre Rousseff y Lula desató un terremoto político, al ser ampliamente interpretada como la confirmación de que el ingreso de Lula al gobierno se proponía proteger al ícono de la izquierda de una eventual orden de prisión.
En la grabación, Rousseff informa a Lula que le enviaba el decreto de su nombramiento para que pueda "usarlo en caso de necesidad". Miles de personas se volcaron de inmediato a las calles para exigir la dimisión de Rousseff. "Los golpes comienzan así", reaccionó la jefa de Estado del país norteño.
Descrédito de la política
La operación Lava Jato sacude a toda la clase política, pero hasta ahora se ha focalizado principalmente en el Partido de los Trabajadores (PT), de Lula y Rousseff, y en otros partidos de la coalición de gobierno.Moro es considerado por la oposición como un paladín de la justicia. Pero para la senadora petista Gleisi Hoffman, está "incendiando el país". Los cuestionamientos no son solo políticos.
"El imperioso combate contra la corrupción no puede avanzar en rebeldía de las garantías individuales y de las leyes vigentes", editorializó el diario Folha de Sao Paulo.
Moro alegó que los teléfonos intervenidos eran de Lula y no de la presidenta. Incluso citó como precedente el escándalo de las escuchas telefónicas de Watergate, que llevó a la renuncia del presidente estadounidense Richard Nixon en 1974.
"Ni siquiera el primer mandatario de la República tiene un privilegio absoluto en el resguardo de sus comunicaciones, aquí recogidas fortuitamente", escribió Moro. El "conocido precedente" del caso Watergate "es un ejemplo a ser seguido", insistió.
Entidades jurídicas cerraron filas en defensa del juez, cuyas decisiones nunca han sido revertidas por alguna instancia superior.
Pero la presidenta Rousseff hizo notar que "en muchos lugares del mundo, quien pincha el teléfono de un presidente va preso si no tiene autorización de la Corte Suprema".
El descrédito de la política puede ser una de las explicaciones para este vigoroso poder judicial, dicen los expertos.
"Estamos en un momento muy grave, en que el Poder Legislativo está arrinconado porque sus líderes son investigados y el Poder Ejecutivo está completamente desacreditado por un gobierno ineficiente", dijo a la AFP Antonio Carlos de Almeida, abogado del banquero André Esteves, procesado en el marco de la operación Lava Jato.
"Entonces el Judicial se convirtió en el gran poder. Y eso es muy riesgoso, porque como decía el jurista Rui Barbosa, 'la peor dictadura es la dictadura del poder judicial', porque no queda a quién recurrir", comentó.
Moro tampoco vaciló en ordenar el registro del domicilio de Lula, el 4 de marzo, y en llevar a declarar por la fuerza al hasta ese momento intocable dirigente.
"La operación Lava Jato tiene un objetivo claro: hacer inviable a Dilma y anular a Lula para las elecciones de 2018", remarcó el abogado Marilson Santana.
La "República de Curitiba"
En algunas de sus conversaciones grabadas, Lula afirmó que los jueces estaban "acobardados" ante los fiscales anticorrupción y el juez Moro.Un magistrado de la Corte Suprema bloqueó el viernes pasado el nombramiento ministerial de Lula por considerarlo un "salvoconducto" de la presidenta para protegerlo de la justicia ordinaria. Ese juez decidió además que la investigación siga en manos del juez Moro, de Curitiba.
"Sinceramente estoy asustado con la 'República de Curitiba', porque a partir de un juez de primera instancia todo puede ocurrir en este país", dijo Lula en una de las conversaciones pinchadas.
Moro aplicó 93 condenas a implicados en el caso Petrobras en los últimos dos años y, según el recurso presentado el viernes pasado, es quien continuará al frente del caso del expresidente.
Pero ayer los abogados de Lula confirmaron que pidieron a otro juez del Supremo, Teori Zavascki, que anule la decisión de su colega de mantener la causa en Curitiba, en manos de Moro, por considerar que este condujo escuchas ilegales.
