¿Era posible prevenir un asesinato como el de David Fremd? ¿Si Inteligencia policial hubiera identificado antes las actitudes antisemitas en redes sociales de Carlos Omar Peralta, podía realizarle un seguimiento que evitara su ataque racial? ¿Cuál es el límite para no convertir en criminal a una persona por sus creencias o posturas, si no las ha transformado en acciones concretas? Esas son algunas de las preguntas que quedan para el debate tras los episodios de esta semana en Paysandú. Porque en el medio está en juego la libertad. No solo por las tareas de espionaje, sino también por las medidas a tomar cuando se detectan potenciales atacantes.
Tras el homicidio del comerciante de origen judío en Paysandú el gobierno advierte que las acciones para prevenir ese tipo de casos —que se basan en acciones de inteligencia— posiblemente sean "orientadas de forma diferente". Así lo aseguró el ministro del Interior, Eduardo Bonomi en el programa radial En Perspectiva.
De hecho, la Policía vigila los pasos de otros individuos que, sin tener vinculación con el homicida de Fremd (Carlos Omar Peralta Ramos, que hace años se convirtió al Islam y que según concluyó el juez Fabricio Cidade cometió el asesinato "motivado por el odio" hacia la comunidad judía) son sospechosos por sus posturas extremistas y se presume que tienen vínculos con personas capaces de cometer acciones de carácter violento.
Bonomi dijo que las autoridades monitorean las redes sociales "para ver si aparecen este tipo de cosas". Así fue que el jueves fue detenido y luego procesado con prisión en Salto un joven de 20 años que en un perfil de Facebook reivindicó el nazismo y llamó a tomar acciones incitando el odio racial.
La posibilidad de realizar tareas de vigilancia para prevenir delitos es una facultad del gobierno prevista en el artículo 168 de la Constitución. La ley de lavado de activos, por ejemplo, establece los controles que se deben efectuar ante transferencias de dinero que se sospeche puedan estar destinadas al financiar actos terroristas. Además, tanto la financiación como los hechos en sí son considerados delitos de lesa humanidad, según lo que dispone el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que en Uruguay entró en vigencia en 2006.
"Se trata de un límite bastante complejo en las sociedades modernas, porque el Estado está vigilando personas ante la eventualidad de que el día de mañana cometan un delito. Aunque también es razonable que así sea y que los servicios de inteligencia tengan información sobre determinados aspectos que son parte de la convivencia social", dijo a El Observador el abogado penalista y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Mario Spangenberg.
El experto indicó que el derecho penal moderno juzga el acto y no al autor, "por lo que no se puede investigar a una persona por sus creencias o modos de vida sino por lo que haga".
En tanto, el abogado constitucionalista Martín Risso dijo a El Observador que si bien el Poder Ejecutivo puede desplegar acciones preventivas ante este tipo de caso, el problema es que la persona investigada puede estar en esa situación "durante mucho tiempo y sin ni siquiera enterarse".
Risso indicó que, en cualquier caso, para que exista un operativo de inteligencia respecto a una persona debe existir "una presunción de delito" y no justificaría tal acción solamente la creencia religiosa del implicado.
Y esas acciones preventivas, incluso, pueden no tener ningún efecto en eventuales acciones porque el estar vigilando no implica que se puedan evitar.
En referencia al homicidio de Fremd, el ministro afirmó que no quiere "ser tajante" pero no considera que el ataque esté vinculado con los apuñalamientos que han sufrido judíos en Israel. La investigación no encontró vinculaciones del asesino con grupos islámicos radicales locales ni del exterior.
El periodista y analista de temas internacionales experto en terrorismo, Martín Natalevich, indicó a El Observador que "los países que están más acostumbrados a lidiar con el extremismo como fenómeno social no lo toman en sí mismo como un hecho religioso, aunque es cierto que en los últimos años se vio un extremismo muy grande vinculado a la religión y puntualmente al Islam".
Natalevich, que cursó en Londres un master sobre terrorismo, dijo que por ejemplo en Inglaterra se hacen tareas de vigilancia a personas que tienen "una interpretación radical de la religión o de la política" para "saber cuáles son sus ideas, a dónde van, con quién se reúnen". Eso no implica, aclaró, que se investigue "a toda la comunidad musulmana".
El juez penal de Salto, Javier Arias, ordenó ayer el procesamiento con prisión del joven de 20 años que la Policía identificó como un militante nazi luego de constatar una serie de publicaciones que había efectuado en una cuenta de Facebook.
El delito imputado es "incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas" y si bien la figura legal admitía que el procesamiento se dispusiera sin prisión, el magistrado ordenó la reclusión del joven debido a la "alarma pública" que generó el caso, informó a El Observador el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat.
El jueves, personal de la Dirección General de Información e Inteligencia allanó la vivienda que el joven que ayer resultó procesado compartía con sus padres, a raíz de las publicaciones que había realizado en Facebook incitando al odio racial.
El salteño, que creó el perfil con el nombre falso de Emanuel Sneck Beckenbauer, fue detenido y se le realizó una pericia psiquiátrica para analizar su salud mental. El joven, lejos de negar la autoría de las publicaciones, asumió que las había realizado.
En los posteos dijo ser admirador de Hitler, y llamó a matar a "judíos, homosexuales y negros". "La guerra social y cívica uruguaya somos más de 500 soldados dispuestos a atacar y formar nuestra legión. No perdonamos a nadie", decía una de las publicaciones. Además, en la vivienda de sus padres la Policía encontró indumentaria nazi. El perfil del joven en la red social fue bloqueado y ya no está disponible.
En enero, la Institución Nacional de Derechos Humanos presentó una denuncia porque en un local de una galería del Centro de Montevideo se exhibía un uniforme similar a los que usaban los prisioneros de los camp
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