Salud de Diyab movió al gobierno y a la Justicia

Ante la situación delicada de salud que atraviesa el refugiado sirio Jihad Diyab, en huelga de hambre desde hace cerca de un mes, el gobierno decidió hacer partícipe a la Justicia en el tema.

Mientras la cancillería intenta encontrar un país que reciba al exrecluso de Guantánamo y a su familia, el gobierno resolvió comenzar a tomar acciones paralelas para evitar que el hombre avance en su deterioro físico y psíquico, y convencerlo de dejar de lado la decisión de no alimentarse ni tomar líquidos.

Por eso el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, con asesoramiento de su abogado, Gumer Pérez, presentó ayer ante la Justicia el informe de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que explicita el estado de salud de Diyab, y su negativa a recibir alimentación y asistencia. El objetivo es tener elementos para resolver qué pasos deben darse en las próximas horas para evitar que la decisión de no comer termine con su vida.

Tan delicada es la situación de Diyab que, luego de habese desmayado en su casa quedó este miércoles en coma. Recuperó la lucidez en la noche, luego de recibir suero por parte de los médicos que lo asistieron a domicilio y no fue trasladado a un hospital porque, según transmitieron las personas que lo acompañan, esa era su voluntad. Diyab se quitó el suero apenas recuperó la conciencia.

El juez penal Carlos García, que tomó el caso luego de que el asesor letrado del Ministerio de Salud Pública informara esta situación a Inteligencia, y de que médicos de ASSE dieran cuenta de que no pudieron brindarle asistencia, solicitó un informe médico sobre la salud del refugiado. "Dispuse que una junta médica se constituyera en el lugar y brindara un informe pormenorizado sobre la situación sanitaria de este ciudadano sirio y a su vez aconsejara las medidas a tomar en la situación dada", informó el magistrado a El Observador.

"Esto se originó a raíz de una comunicación telefónica de Inteligencia, que me comunicó la inquietud de los médicos tratantes de esta persona porque estaba en una situación grave y se negaba a la internación", explicó el juez. Además de resistirse a recibir suero, el refugiado se niega a ser internado en un hospital o sanatario. "En base al informe resolveré la situación: si continúa en régimen ambulatorio o puede ser derivado a un centro de atención médica", agregó el magistrado.

La junta médica que lo está evaluando es dirigida por la directora del Instituto Técnico Forense (ITF), Beatriz Balbela.

Y en medio de toda esta situación, la Comisión de Derechos Humanos del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), que supervisaba y brindaba asistencia a Diyab dejó de asistirlo ayer porque el hombre se resiste a recibir suero. De todas maneras, ASSE continuará brindándole atención médica en su hogar, si es lo que finalmente se resuelve a nivel judicial y no es internado.

Diyab salió del coma a la hora 23 de este miércoles y recuperó la lucidez gracias a que fue hidratado con suero por los médicos. "Su coma tenía que ver con la deshidratación. Como él no quería el suero, no quería hidratación, entonces se lo sacó", informó a El Observador la doctora Julia Galzerano, que junto a Teresa Sandar supervisaron la huelga del refugiado en representación del SMU.

"Le explicamos que él tenía que seguir con la hidratación pero no aceptó. También le explicamos que si no aceptaba la hidratación, como Comisión de Derechos Humanos del SMU nos retirábamos de la supervisión de la huelga por protocolo", explicó Galzerano, que mantuvo ayer a las 8 de la mañana una reunión con el refugiado. "Nos dijo que nos entendía. Nosotros le dijimos que está el principio de autonomía, el principio de los derechos del paciente. El entendió y agradeció lo que habíamos hecho aunque no estaba de acuerdo (con que le brindaran suero)", agregó la doctora.

"El que hace una huelga de hambre no quiere morirse, quiere conseguir lo que pide. Él lo que pide es reunirse con su familia y sabe las consecuencias que enfrenta, sabe que puede morir, se lo explicamos. Pero él dice que aspira a conseguir lo que tanto pide", dijo Galzerano. "Si las cosas cambian, quedamos a la orden para que nos llamen", concluyó.

Por su parte, el vicepresidente del SMU, Alfredo Toledo, explicó a El Observador que "la participación del sindicato siempre es de contralor y evaluación: que se cumplan los protocolos". Toledo agregó que "ASSE está haciendo la atención directa y el SMU el seguimiento y la evaluación, para que se respeten los derechos del paciente y se cumplan las indicaciones médicas".

"Solicitamos un informe jurídico que respalde la actuación de los médicos porque es una situación diferente a todas. Hay que garantizar a médicos que desde el punto de vista ético y médico se está cumpliendo la tarea", explicó Toledo.

El vicepresidente del SMU destacó que los médicos no tienen "antecedentes sanitarios totalmente claros". "Sabemos cómo puede impactar una huelga de hambre en una persona sana, pero en él no sabemos", advirtió.

El asunto es que existen normas que impiden que sea obligado a recibir asistencia, y por ese lado las autoridades están atadas.

Para empezar, la Constitución establece en su artículo 10 que "las acciones de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados". También agrega que ninguna persona puede ser obligada a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

A su vez está vigente la ley 18.335 de Derechos y Obligaciones de pacientes y usuarios de los servicios de salud, que fijó que todos los procedimientos de atención médica deben ser acordados entre el paciente, su representante y el profesional de la salud. Establece que "el paciente tiene derecho a negarse a recibir atención médica y a que se le expliquen las consecuencias de la negativa para su salud".

Y la ley 18.473 de Voluntad anticipada dispone que "toda persona mayor de edad, consciente, libre y psíquicamente apta, tiene derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos salvo que con ello afecte o pueda afectar la salud de terceros". Esto se realiza por escrito, con la firma del titular y dos testigos, que no pueden ser el médico tratante, sus empleados o funcionarios del centro de salud donde el paciente se atiende. De todos modos, el titular puede retractar su voluntad a no recibir tratamiento en cualquier momento.

En el caso de Diyab, debería firmar un consentimiento informado para no recibir asistencia. De lo contrario, si su estado se deteriora y es trasladado a un centro asistencial, los médicos deberán mantenerlo con vida. Como cuando estuvo en estado de coma superficial y los médicos le administraron suero.