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Taxistas argentinos vs. Uber: "No lo vamos a permitir"
"Como esto es todo tecnología, ahora han contratado algunos CEOs para ver si lo arman. Pero con nosotros van a tener inconvenientes porque no lo vamos a permitir bajo ningún concepto", aseveró.
El titular del gremio de conductores de taxis de la Ciudad de Buenos Aires, Omar Viviani, advirtió el lunes que se oponen a la llegada de Uber, la empresa que ofrece servicios de transporte público a través de una aplicación móvil, y aseguró que no lo van a permitir "bajo ningún concepto".
En declaraciones a radio Rivadavia, el gremialista anticipó que presentarán un proyecto de ley para prohibir ese sistema, y aseguró que el gobierno nacional también se opone.
"El gobierno nacional está en contra de esto. De hecho, hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires que prohíbe la instalación de cualquier sistema que no sea por radiotaxi", explicó.
Uber, una aplicación móvil que une a conductores particulares con pasajeros que requieren un vehículo, comenzó a funcionar en Estados Unidos en 2009, y rápidamente se expandió por todo el mundo. Si bien funciona en numerosos países, en otros generó un fuerte conflicto, y en algunos, como Francia, donde fue prohibido por el gobierno.
El domingo, a través de su cuenta oficial de Twitter, la empresa comenzó con la convocatoria de conductores en la Argentina, con lo que es inminente su desembarco.
"Las empresas de radiotaxi tienen aplicaciones que han hecho ellos mismos. Es decir que si usted quiere con una aplicación solicitar un auto en cualquier esquina de la Ciudad de Buenos Aires, usted lo puede hacer. Acá lo que quieren es desregular todo el sistema", apuntó Viviani.
El sindicalista anticipó también que el próximo 6 de abril realizarán una asamblea en el gremio, en la que se declararán en "estado de alerta y movilización".
En Uruguay, Uber está operativo desde fines del año pasado y ha generado reacciones y enfrentamientos con los taxistas. El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley por el que los prestadores de estos servicios que no cumplan con los requisitos de permisos o aportes legales podrían ser sancionados mediante la imposibilidad de realizar transacciones bancarias, entre otras cosas.
Sin embargo, abogados consultados por El Observador aseguraron que esa forma de sanción podría ser inconstitucional si se establece por vía administrativa sin la intervención de la Justicia.
