Tres excomandantes en jefe de la Armada procesados por compras irregulares

"Los mencionados funcionarios públicos ordenaron y/o cometieron en su caso, actos arbitrarios que constituyeron abuso de su cargo, en perjuicio de la Administración. Tal como señala el representante del Ministerio Público, la Armada Nacional realizaba licitaciones o compras directas de bienes y posteriormente –por distintas razones- los indagados sustituían el objeto de las adquisiciones total o parcialmente. En consecuencia, los proveedores cuyas empresas hubieran resultado adjudicatarias hacían entrega parcial de productos contenidos en la licitación o compra directa, o de productos distintos a los adquiridos, a solicitud de la Armada, los que incluso en ocasiones no guardaban relación con el giro de la empresa de que se tratare", expresa la jueza en el auto de procesamiento al que accedió El Observador.

La magistrada señala en el documento que "en otros casos se depositó el dinero correspondiente al importe de la licitación o compra directa, y los funcionarios en cuestión disponían que esa suma fuera imputada para cancelar deudas por anteriores adquisiciones". Señalaba que en esas ocasiones, no existía "un respaldo contable donde quedaran asentadas las mismas" y que cuando quedaba "un saldo a favor de la Armada, posteriormente ese monto se iba imputando a la adquisición de nuevos bienes que necesitare la Armada, sin seguirse el procedimiento correspondiente y sin contralor alguno del manejo de esos fondos".

"Dichos actos constituyeron actos arbitrarios excedieron las potestades que les conferían los respectivos cargos, constituyendo -cuando menos- un manejo irregular del dinero público, en perjuicio de la Administración", destaca Larrieu.

La participación de Fernández Maggio

La investigación judicial se extendió durante siete años. El 30 de setiembre de 2009, la Fiscalía presentó una denuncia en el juzgado de Crimen Organizado por presuntos ilícitos en la Armada Nacional. La compra que involucra a Fernández Maggio se concretó en 2005, cuando era prefecto nacional naval.

El procesado tramitó "la compra directa por excepción de un generador para lancha clase PS". La Armada pagó US$ 52.000 a una empresa proveedora que "finalmente resultó inexistinte" y "no cumplió con la entrega del motor". Entonces, Fernández Maggio, "en su calidad de Prefecto Nacional Naval, adoptó una decisión funcional que cambió el objeto de una compra ya aprobada de acuerdo al procedimiento establecido, ordenando que el monto de dinero aprobado para la compra del motor generador fuera destinado a la cancelación de deudas anteriores con el proveedor y compra de otros materiales no autorizados. Esa orden implicó un abuso de su función que se tradujo en un perjuicio a la Administración por el depósito de U$S 52.000 sin obtener como contrapartida el motor generador que se pretendió adquirir inicialmente y fuera debidamente autorizado", señala la jueza.

"El dinero referido fue destinado a acondicionar la Comar 1 (lancha del comandante en jefe), la embarcación Cheverton (que era utilizada por el presidente Tabaré Vázquez) y la embarcación "Don Pancho" donada por UTE (utilizada por Juan Fernández Maggio junto a autoridades de dicho Ente y el intendente de Durazno", agrega la magistrada.

La defensa de Fernández Maggio alegó que este hecho ya había sido enjuiciado en otra causa en la que fue procesado con prisión por fraude en agosto de 2010. El excomandante de la Armada recuperó la libertad "por gracia" de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en virtud del excesivo plazo de privación de libertad sin condena, en octubre de 2013. Sin embargo, la jueza Larrieu considera que los hechos por los que se lo condenó el año pasado son diferentes a los que juzga en este caso. La magistrada expresa en el auto de procesamiento que "si bien como se indicara anteriormente la sentencia citada aún no ha quedado ejecutoriada, la misma condena a Juan Fernández Maggio por hechos delictivos distintos y posteriores de los imputados provisoriamente en este enjuiciamiento".

Inconstitucionalidad

El fiscal Negro había pedido el procesamiento de siete militares. Uno de los imputados presentó un recurso de inconstitucionalidad por lo que el juicio quedó suspendido en su caso hasta que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia.

Además, la jueza desestimó el pedido de procesamiento en el caso de otro militar. Finalmente, fueron procesados sin prisión cinco militares.