Tribunal de Cuentas observó gasto de ANCAP en abogado para gerentes indagados

La petrolera contrató por US$ 20 mil a un estudio para defenderlos

El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó la contratación de ANCAP por US$ 20 mil más IVA de un estudio de abogados para defender a gerentes de la petrolera estatal en un juicio penal que se inició a raíz de una denuncia presentada por un funcionario. "La responabilidad penal es necesariamente de carácter personal, por lo que asignar fondos públicos a título de 'auxiliatoria económica', para la defensa de tres funcionarios, denunciados por otro funcionario, no solo requiere norma habilitante, sino que se encuentra reñido con elementales principios de buena administración, y de lógica, que como disciplina, informa al derecho", informó El Espectador, que difundió el fallo.

Jorge Pérez, contador que trabaja para ANCAP, denunció en noviembre de 2012 ante la Justicia que la aprobación de los pagos a proveedores de la división Portland se realizaba "a ciegas", "sin ver las facturas". Luego de tres años de investigación, la Justicia especializada en Crimen Organizado archivó la causa. El fiscal Juan Gómez aseguró en la solicitud de archivo que se trató de "un mero enfrentamiento entre funcionarios".

El denunciante trabajaba en ANCAP como delegado del TCR, "la entidad fiscalizadora superior que, con autonomía técnica, orgánica y funcional (...) ejerce el contralor de la hacienda pública en beneficio directo de la sociedad", como se lee en su portal. Al realizar este "contralor", Pérez advirtió "la aprobación en forma absolutamente irregular de facturas de pago a proveedores durante muchos meses (o años)" por parte de otra contadora delegada del TCR en la división Portland.

El contador informó a gerentes y al directorio de ANCAP, presidido por el vicepresidente Raúl Sendic, sobre estas supuestas irregularidades, pero no recibió respuesta, por lo que presentó la denuncia penal. Tres gerentes (Juan Romero, María del Carmen Giraldez y Eduardo Milano) fueron indagados y el directorio resolvió contratar a los abogados de defensores, mediante resolución urgente de Presidencia del 24 de junio de 2014.

El estudio Ottati-Spangenberg & Araujo fue contratado por US$ 20 mil más IVA. "En el oficio remitido se consigna como fundamento del actuar administrativo que los hechos por los cuales los funcionarios fueron convocados a comparecer ante la Justicia se encontraban presumiblemente vinculados a sus desempeños funcionales en ANCAP", recuerda el TCR. Sin embargo, la mayoría del tribunal (cinco miembros en siete) discrepó con esta postura.

Si los gerentes hubieran sido procesados, debían costear el gasto en abogados. "El funcionario denuncia no solo a gerentes, sino a otros funcionarios de ANCAP y extiende la denuncia al Directorio. Por eso, nos pareció que no interviniera el Departamento Jurídico de ANCAP", dijo en julio de 2014 a El Observador el entonces vicepresidente de ANCAP, Germán Riet, que también había sido denunciado por el contador Jorge Pérez.

"La asistencia económica con fondos públicos por parte del directorio de ANCAP para que los funcionarios contraten su defensa penal no se encuentra debidamente justificada ni fundada desde el punto de vista jurídico, por carecer de norma habilitante", expresa la resolución, que no es vinculante.

Apartaron a denunciante para "callarlo"

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) falló que el directorio de ANCAP de la pasada administración cometió "desviación de poder" al apartar del cargo a Jorge Pérez, el contador que había denunciado "irregularidades" en el control de la facturación, y que luego denunció en el Juzgado de Crimen Organizado al directorio por ocultarlas. "No solo no fueron investigados los hechos denunciados sino que se buscó separar al actor para 'callarlo'", expresó.



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