Cambio Nelson: una calesita de US$ 15 millones

Sin dar ningún tipo de aviso ni explicación, más allá de un cartel que advertía del cierre para realizar una "reorganización empresarial", el Cambio Nelson dejó de operar el pasado miércoles 23.

El repentino cierre generó preocupación en empresas y particulares que pagaban salarios u otros gastos a través del cambio, y depositaban ahorros en esa firma, sobre todo en Maldonado, aunque también tiene sucursales en Montevideo, Rocha, Río Negro y Colonia. Ya en la noche del miércoles varias de estas personas se concentraron en el local en busca de explicaciones, entre ellos el peluquero argentino Roberto Giordano.

En total, la deuda generada es de US$ 15 millones. La mayor parte de ese dinero provenía de depósitos colocados a modo de ahorro y préstamos que fueron utilizados para hacer frente a deudas del empresario Francisco Sanabria, el único dueño del cambio que es diputado suplente del Partido Colorado, e hijo del político Wilson Sanabria, fallecido en 2015.

De esa cifra, US$ 2,5 millones corresponden a la deuda con Redpagos, de la que el cambio era agente. Como consecuencia de ese pasivo, la empresa de cobranza le había cortado el servicio hace unos días. Ayer, por medio de un comunicado, la firma aseguró que los pagos de facturas que se realizaron por medio de Cambio Nelson están garantizados y al mismo tiempo que las jubilaciones que se pagaban a través de esa firma se concretarán por medio de otras empresas.

El problema que enfrenta es doble: por un lado ante el Banco Central del Uruguay (BCU) debido a que los cambios no están autorizados para captar depósitos. Pero además al tratarse de una operativa ilegal quedan dudas sobre si los depositantes pueden reclamar ese dinero. Ayer, algunos particulares presentaron las primeras denuncias policiales por apropiación indebida del dinero, por lo que es posible que el caso tome estado judicial en las próximas horas.

La Justicia y el BCU zanjarán si se trata de un delito o una falta administativa por incumplir las normas bancocentralistas y realizar una actividad ilegal.

Hasta el momento en que se conoció la maniobra el BCU no estaba en conocimiento del tema ni había querido formular declaraciones, pero ayer, luego de que El Observador informó del caso, personal del Banco Central se presentó en el local de Punta del Este.

Una vez allí los inspectores del BCU interrogaron a la oficial de cumplimiento (encargada de reportar las operaciones sospechosas de lavado al BCU), y al operador del cambio, y retiraron documentación con el objetivo de analizarla.

Al mismo tiempo, el BCU emitió un comunicado en el que aclaró que los controles que realiza sobre este tipo de comercios están abocados a la prevención del lavado.

"Debido a la operativa autorizada a desarrollar, el enfoque de supervisión aplicado a estas empresas está dirigido a monitorear los sistemas de prevención del uso de las entidades para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo", afirmó.

Ante una consulta de El Observador, desde el Departamento de Comunicación del BCU se informó que en los últimos cinco años recibieron una sola denuncia sobre recepción de depósitos por parte de empresas autorizadas a operar como Casa de Cambio y no se registran sanciones por realizar la operación ilegal de captación de depósitos en el mismo período de tiempo.

El presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, José Pereira, aseguró que la situación genera preocupación en el sector empresarial y fueron varios los socios que consultaron porque depositaban allí su dinero.

Se trataba de un cambio que tenía participación en las actividades de culturales y deportivas del departamento, lo que "generaba un vínculo directo de muchas empresas, que optaban por hacer sus pagos de sueldos a través de este cambio", explicó Pereira.

Antes de la ley de inclusión financiera, depositaba allí el sueldo de sus 40 empleados, más los aportes correspondientes por DGI y BPS. "Si sobraba dinero quedaba para el mes siguiente o lo cambiaba", explicó el empresario. "Toda la vida tuvimos una confianza ciega", agregó. El empresario afirmó que la empresa nunca se comunicó para anunciar el cierre.

En un sentido similar Pereira se refirió al relacionamiento de la casa de cambio con las empresas de Maldonado. "La gran diferencia con el banco es que uno puede ser amigo del gerente pero éste lo trata como uno más. Ahí el trato era: se entablaba una relación personal y el cambio daba ciertos beneficios. Mucha gente entró a participar de eso", señaló.

Además de empresas, dijo Pereira, había particulares que ahorraban a través de Cambio Nelson, por lo que también recibieron consultas de trabajadores preocupados porque perderán sus ahorros.

Una de esas particulares es Vivian Jourdan, una uruguaya que vive en Italia. Ayer se acercó al cambio y declaró a los medios apostados allí que por la amistad con la familia Sanabria depositaba dinero para que le pagaran las cuentas. La mujer dijo que había presentado la denuncia policial ayer.

Pereira afirmó que luego de conocer el cierre de la firma liderada por Francisco Sanabria se comunicó con el Centro comercial de Rocha y con el Centro Regional del Chuy, donde también hay una gran preocupación por la situación. "Esperemos que haya una luz, sino va a ser bastante difícil de sobrellevar, sobre todo para las empresas chicas", indicó Pereira.

Uno de los empleados es Nelson Calvete, operador del cambio. "Yo soy empleado en el cambio. Nos hicieron firmar un comprobante de confidencialidad, no puedo hablar absolutamente nada", dijo a El Observador. "El patrón que es Francisco Sanabria no nos informó a ninguno. Estamos todos en la calle".

Por su parte, Pareira se refirió por otra parte al rol del regulador de ese tipo de firmas. "Llama poderosamente la atención la actitud del Banco Central, porque ¿cómo hace para no darse cuenta de que (un cambio) hace algo que no debe?", se preguntó.

Lo sucedido genera la duda sobre si el BCU estuvo omiso en los controles. La Carta Orgánica del Banco Central establece que la Superintendencia de Intermediación Financiera tiene entre sus cometidos "evaluar periódicamente la situación económico-financiera de las entidades supervisadas, el permanente cumplimiento de las normas vigentes y la calidad de la gestión de dichas entidades".

El abogado del estudio Posadas, Posadas & Vecino Pablo Sequeira, especialista en derecho corporativo, financiero y mercado de capitales, consideró que el Banco Central no estuvo omiso en el caso del cambio Nelson. "¿Cómo hace para regular o controlar que un cambio que está regulado y con una determinada licencia, puede realizar una actividad distinta?".

El experto dijo a El Observador que es casi "imposible" que el BCU se entere de las presuntas maniobras irregulares, entre otras cosas porque para ello debería contar con un cuerpo inspectivo que no tiene. Sequeira recordó que se controlan a los grandes bancos, donde se depositan los ahorros públicos.

"Un cambio necesita habilitación del Banco Central, está sujeto al contralor en lo que específicamente la normativa le exige, solo puede realizar las operaciones permitidas, y claramente no puede captar depósitos", dijo Herrera.

Según la normativa, los cambios pueden realizar compraventa de moneda y billetes extranjeros, canjes, compraventa de metales preciosos, y emitir o adquirir órdenes de pago a la vista en moneda extranjera. El BCU los habilita además a realizar venta de cheques de viajero, cobranzas y pagos, transferencias domésticas; y a actuar como subagentes de empresas de transferencia de fondos registradas en el BCU.

"Depósitos, lo que se llama captar el ahorro público –entrega de dinero que se devuelve a posterior con intereses- solo los bancos pueden hacerlo los bancos y las cooperativas de intermediación financiera", agregó el abogado.