Cierre de fronteras para cinco personas implicadas en investigación al Cambio Nelson

A su vez, el fiscal de la causa, Rodrigo Morosoli, pidió el levantamiento del secreto bancario para sociedades a nombre de Francisco Sanabria, su mujer, Carolina Serna, y su suegro, el ex gerente del hotel Conrad, Jorge Serna, así como de Calvette y el que aportó el bolso con dinero. Según supo El Observador, el juez todavía no ha tomado una determinación sobre este pedido

La intención del juez es determinar la responsabilidad de estas personas en el marco de la investigación que tiene como principal indagado a Francisco Sanabria, a raíz de denuncias de emisión de cheques sin fondo y desaparición de dinero que era depositado en el cambio, pese a que la empresa no tenía habilitación para ofrecer ese servicio. La investigación está camino a probar que además del delito de estafa –que se podría imputar a partir de las denuncias presentadas-, hay indicios de que el cambio fue un instrumento para el lavado de activos, lo que llevaría el caso a la justicia del Crimen Organizado y permitiría pedir la captura internacional de Sanabria.

Además, a pedido del fiscal, el juez dispuso un embargo por US$ 20 millones en las propiedades de Francisco Sanabria. Según explicaron fuentes judiciales a El Observador, esto puede reducir las posibilidades de que los acreedores de las empresas de la familia Sanabria –entre las que figura el Cambio Nelson, un tambo, y la compañía de alquiler de autos y eventos José Garrido Turismo y Transporte- puedan cobrar. Según surge de los expedientes de concurso de estas tres empresas, las deudas de Francisco Sanabria sobrepasan los US$ 20 millones.

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Contadores investigados

El juez de la causa tiene en la mira a los tres contadores que trabajaban para Cambio Nelson, los cuales participaron en la elaboración de estados contables en los que se buscó ocultar las operaciones informales de la empresa.

Según dijo el miércoles el presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, en la comisión de Hacienda de Diputados, los estados contables que el Cambio Nelson presentaba al BCU "tenían claros apartamientos de los pronunciamientos del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay y de las normas de información financiera del BCU", al tiempo que "impedían visualizar operaciones no autorizadas".

Según explicó Bergara, los estados contables de la empresa debían mostrar un rubro de disponibilidades, en el que se reflejara la liquidez del cambio, otro que registrara saldos deudores, es decir saldos de lo que algunos clientes le debían al cambio, y un tercero con el de los acreedores –aquellos a los que el cambio le debía-. Sin embargo, se presentaban en una única cuenta, la cual no permitía ver qué tan significativas eran las deudas a favor y en contra de la empresa, lo que podría haber alertado que la empresa ofrecía servicios para las que no estaba habilitada, agregó el jerarca.

"Parte del éxito de la operación consistía en no informar e, inclusive, en ocultar en la contabilidad la presencia de esas cuentas", dijo Bergara en referencia a los depósitos informales.

A partir de esta información, el juez de la causa citará como indagado al expresidente del Banco Central (BCU), Humberto Capote, quien en 1998 autorizó a operar al Cambio Nelson, del que además fue su contador y asesor durante los últimos diez años.

Capote, que ocupó la titularidad del BCU entre 1995 y 2000, aparecía firmando balances como contador asesor del cambio propiedad del por aquel entonces senador por el Partido Colorado, Wilson Sanabria, y luego –cuando éste murió en 2015– de su hijo, Francisco Sanabria, hoy prófugo de la Justicia. Su firma aparece también en los documentos aportados por la familia Sanabria a la Justicia donde tramita el concurso de las empresas.

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Hasta ahora la Justicia sabe de 379 cuentas informales en el Cambio Nelson por una cifra que supera los US$ 10 millones, aunque 22 depositantes concentran el 80% de ese monto.