El caso del liceo Nº 1 de Salto puso nuevamente en debate el concepto de laicidad y abrió la discusión sobre la objetividad de la resolución del Consejo de Educación Secundaria (CES), por la cual se inició un sumario con separación del cargo y retención del 50% de los haberes a la directora del centro educativo.
La falta que se le imputó a la directora fue permitir que un grupo de madres "comprometidas en la lucha contra el aborto" dieran una charla a los alumnos de quinto y sexto presentando su perspectiva sobre el tema. Según la denuncia presentada en Secundaria por la diputada del MPP, Manuela Mutti, en la charla se repartieron folletos alusivos al tema, con imágenes católicas y que condenaban el uso de métodos anticonceptivos. También entregaron estatuillas de fetos.
Posteriormente en una carta, las madres dieron su versión y manifestaron que la charla no fue "contra el aborto", ni se planteó ninguna postura. También señalaron que los temas tratados no se manejaron desde un punto de vista religioso, sino científico. Explicaron además que los folletos con la imagen religiosa se distribuyeron por error, al finalizar la charla a pedido de un grupo de alumnos y sin consentimiento de la directora.
La decisión de Secundaria despertó cuestionamientos desde diversos sectores. En concreto, el consejero del Codicen representante de los docentes, Robert Silva señaló que el CES actuó de modo apresurado. A su entender, lo adecuado hubiera sido a partir de "la presunción (de la falta) iniciar una investigación administrativa para cerciorarse de los hechos, pero no iniciar de primera un sumario a la directora". La investigación supone una requisa "amplia" en todo el centro educativo y no únicamente centrada en la directora, como se supone hace el sumario, explicó.
En los últimos años hubo otras denuncias de laicidad en centros educativos y tuvieron diferentes resoluciones.
El caso más reciente es el del audio de Whatsapp que días atrás, en el marco de la lucha presupuestal, una profesora afiliada al sindicato envío a los alumnos instándolos a acompañar a los docentes en la ocupación del Ministerio de Economía, hecho que al final no se concretó. "Así que, amores míos de mi corazón, deberíamos resolverlo todos, ustedes planteenlo a ver si hay posibilidades, que más vale que las haya, de que ustedes también convoquen a esta irrupción en el Ministerio de Economía", decía la docente en el audio.
Ante este hecho, el CES resolvió iniciar una investigación administrativa para dilucidar para analizar "qué grado de certeza" tiene el archivo, informó días después el presidente del Codicen, Wilson Netto.
Charlas del embajador de Palestina
En diciembre del año pasado, el Comité Israelita presentó una denuncia en el Codicen, donde señalaba que el embajador de Palestina, Walid Abdel Rahim, había brindado charlas sobre el conflicto de Medio Oriente en la escuela Nº 175 Pedro Campbell y en el liceo Nº 25 (Punta Rieles). En la denuncia las autoridades del comité entregaron documentación sobre los encuentros, entre los que se constataba que la esposa del embajador había mostrado a los estudiantes fotos de soldados israelíes reprimiendo palestinos. Otras imágenes mostraban al embajador dando la charla con la bandera palestina. También había fotografías que muestran a los alumnos visitando la embajada.
Robert Silva, consejero del Codicen, a quien llegó la denuncia del Comité Israelita y quien la hizo llegar a Secundaria y Primaria, dijo a El Observador que en este caso ambos consejos resolvieron iniciar una investigación administrativa "exhaustiva" en los respectivos centros educativos. Luego de procedimiento se concluyó que las actividades se habían realizado en el marco de proyectos educativos de los centros, por lo tanto, no había elementos para hablar de violación de la laicidad, señaló el jerarca.
El año pasado, en el marco de la lucha presupuestal, el sindicato de profesores (Fenapes) envió un comunicado a todas sus filiales y los medios de comunicación, adelantando que en determinada fecha se leería en todos los liceos del país una proclama con cuestionamientos al gobierno.
En aquel entonces, el estado público del anuncio llevó a que el presidente del Codicen advirtiera que si lo hacían, los profesores estarían violando la laicidad. Finalmente, la medida no se concretó.
En 2005 el dirigente tupamaro, Julio Marenales, visitó el liceo Nº 22 y dictó una charla a los alumnos.
En aquel momento, la diputada Graciela Bianchi era prosecretaria de Secundaria. En diálogo con El Observador, la legisladora señaló que ante la denuncia realizada por la propia directora, el CES resolvió iniciar una investigación de urgencia. Con las pruebas que se recabaron, se ordenó una investigación administrativa en el liceo. Finalmente se llegó a la conclusión de que la responsable era una adscripta, la cual había invitado al dirigente político sin pedir autorización de la dirección. El caso culminó con la suspensión de la adscripta por unos meses, señaló Bianchi.
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