IPC de 10% suma tensión por las cláusulas gatillo

Una inflación de dos dígitos obliga a rever acuerdos salariales,
tanto públicos como privados, alimentando el clima de conflictividad
El Poder Ejecutivo enfrentará nuevas tensiones con los sindicatos públicos y privados por la amenaza de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores con una inflación por arriba del 10%.
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) hará uso de la facultad legal para convocar el Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público para "analizar" con el Poder Ejecutivo la inflación tras la superación del umbral de los dos dígitos, confirmó a El Observador el presidente de ese gremio, José Lorenzo López. Por otro lado, hay convenios salariales vigentes del sector privado donde hay cláusulas de salvaguarda del 10% que podría desembocar en la renegociación de esos convenios, según lo reconoció ayer el flamante viceministrio de Trabajo, Nelson Loustaunau, luego de tomar posesión en su cargo.

El artículo 4 de la ley de Presupuesto 2010-2014 del anterior período de gobierno eliminó el gatillo automático para los funcionarios del Estado cuando la evolución de los precios superaba el 10%. En lugar se estableció: "Si la variación del IPC medida en años móviles en cualquiera de los meses posteriores al ajuste fuere superior al 10%, el Poder Ejecutivo convocará al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público previsto, a los efectos de compartir información y analizar las medidas más adecuadas a adoptar. En estos casos, el Poder Ejecutivo queda habilitado a aplicar en el siguiente ejercicio financiero dos ajustes salariales semestrales".

Asimismo, López explicó que en caso que el IPC se mantenga durante un semestre consecutivo por arriba del umbral de los dígitos, "automáticamente" los salarios de los públicos deberían ajustarse. Los públicos recibieron un aumento anual de 9,4% en enero y estaba previsto que en marzo se repartiera una partida de $ 200 millones por presentismo, según se acordó con el gobierno en su momento.
Por su parte, el flamante viceministro de Trabajo, Nelson Loustaunau, reconoció ayer como un problema el rebote de la inflación para la armonía del futuro de la negociación salarial.

El jerarca indicó que el segundo desafío "que no es menor y es imposible soslayar, son las condiciones macroeconómicas que enfrenta el país, que han variado sustancialmente". En ese marco, dijo, "el interés del Poder Ejecutivo es el mantenimiento del empleo en las mejores condiciones".

Preguntado por la revisión de los convenios que tienen estipulados gatillos del 10%, Loustaunau realizó algunas precisiones. "Habrá que ver los mecanismos que tiene cada uno de los acuerdos para verlos. En cada caso se verá. No quiero magnificar la situación, habrá que evaluarlo", dijo.

El subsecretario de Trabajo dijo que las cláusulas de salvaguarda (por si la inflación supera en 10%) no están presentes "en todos los convenios" salariales de la anterior ronda de negociación del sector privado. "En algunos es clarísimo que implica una renegociación; en otros casos no está previsto. Las cláusulas de salvaguarda tienen diferentes interpretaciones y salidas. Hay que ver en cada caso puntual", insistió.

El jerarca aseguró que cuando el gobierno propuso ajustes nominales (en junio del año pasado) para la presente ronda de negociación con cláusulas gatillo del 12% para los privados, estuvo diseñado con una perspectiva de menor dinamismo en la evolución de los precios. El subsecretario remarcó que Vázquez fue concreto en su mensaje en que no está previsto que el Ejecutivo modifique los lineamientos como reclama el PIT-CNT para acortar los correctivos por inflación pasada a un año.
"El mantenimiento del salario real se asocia a algunos factores como la inflación. Uno no puede cerrar los ojos ante un hecho económico real. Tal vez se resigne algún punto de crecimiento (del salario). Hoy el Poder Ejecutivo lo que no quiere perder son puestos de empleo", afirmó Loustanau.

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