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Jueces que archivaron caso de abusador de Rivera no serán sancionados
No porque no hayan existido fallas en el sistema sino porque prescribió el tiempo para juzgar el accionar de los jueces. Por eso la Suprema Corte de Justicia (SCJ) clausuró la investigación administrativa respecto a tres magistrados que tuvieron a su cargo el caso del hombre de Rivera que durante años violó a su hija (que actualmente tiene 23 años), a quien dejó embarazada dos veces.
Luego de más de siete años de idas y venidas judiciales, a comienzos de agosto la jueza Noelia Sánchez envió a prisión al padre abusador. Horas después de haber sido imputado, el hombre se suicidó en la cárcel.
El caso causó gran conmoción y puso en tela de juicio la respuesta del sistema de Justicia, en el lógico entendido de que de haberse imputado al hombre por violación antes se hubieran evitado años de abusos hacia la joven.
Así, la SCJ primero pidió un informe sobre lo actuado al juez Gustavo Iribarren, el segundo que intervino en el expediente. Iribarren (que actualmente se desempeña como juez penal de Montevideo) archivó el caso en 2010 porque ni la víctima (que entonces tenía 16 años) ni su madre ratificaron la denuncia.
Luego, el máximo órgano judicial pidió información sobre el caso a otros dos jueces: Rodolfo Souto (actual juez de familia en Montevideo) que dirigió el comienzo de la investigación en 2009. Luego, la jueza Isaura Tórtora (que actualmente cumple funciones en una sede penal de Pando) archivó el expediente en 2011 cuando el fiscal Ricardo Chiecchi considerara que no se trataba de un caso de violación sino de un incesto, donde no se configuró la alarma pública que requiere esa figura penal. El fiscal fue trasladado de materia en julio.
Sin embargo, la SCJ cerró la investigación administrativa respecto a los jueces Iribarren, Souto y Tórtora ya que venció el plazo legal para juzgar su actuación. "No se puede hacer otra cosa por los años que pasaron. Yo era partidario de seguir delante, pero la ley es muy clara", indicó el presidente del máximo órgano judicial, Ricardo Pérez Manrique.
El titular de la SCJ dijo a El Observador que "seguramente hubo responsabilidad administrativa pero no es posible seguir adelante porque el plazo para hacer caducó". Ese tipo de errores pueden ser juzgados por un plazo de un año, según lo que prevé la ley de la Judicatura (15.750) que regula el funcionamiento de las dependencias judiciales. Entonces, considerando que el último de los magistrados que estaban siendo indagados por el máximo judicial clausuró el expediente en 2011, el plazo máximo para evaluar su accionar y eventualmente disponer sanciones venció en 2012.
Por otra parte, Pérez Manrique dijo que la SCJ tiene resuelto promover una modificación en la ley de la Judicatura para que la prescripción de la responsabilidad administrativa se eleve a cuatro años. Actualmente, el artículo 113 de esa norma, establece: "Ningún proceso disciplinario podrá ser incoado después de transcurrido un año de haber ocurrido el hecho que lo motive, excepto cuando la sanción deba aplicarse como consecuencia de omisiones que se adviertan en la consulta de causas o estando ellas en casación".
