Nacional > declaró en Fiscalía
Cardoso pidió el archivo del caso: los denunciantes del FA “confundieron ‘arbitrariedad’ con discrecionalidad”
El exministro de Turismo Germán Cardoso presentó su defensa ante la Fiscalía por el caso que investiga las compras de publicidad que su gestión. En el documento de 12 páginas, al que accedió El Observador, su defensor, el penalista Jorge Barrera, aseguró que “no existió falta ni delito alguno” por las contrataciones realizadas, por lo que solicitó que las investigaciones se archivaran.
Cardoso listó una serie de “consideraciones fácticas y jurídicas” a modo de justificación de su posición. Así, afirmó que las contrataciones de pauta publicitaria por parte del Ministerio de Turismo (Mintur) “siempre se han realizado en forma directa, por causal de excepción”, además de que la emergencia sanitaria generó que la cartera “debiera tomar medidas urgentes” con “alivios fiscales, beneficios a la actividad y la conveniencia de promocionar turismo interno”.
Además, apuntó que las contrataciones realizadas “no fueron observadas por el Tribunal de Cuentas en lo que respecta a su realización en forma directa” y las resoluciones que dispusieron las contrataciones “son congruentes con los antecedentes que obran en los respectivos expedientes”, de acuerdo con la defensa presentada por el exministro.
¿Qué dice el escrito de defensa?
En primer lugar, el diputado se refirió a diversas compras realizadas por “anteriores períodos de gobierno”, por ejemplo, en la realización de campañas promocionales a través de contratación directa (sin licitación previa) por “montos significativos”, y la contratación “directa” de pautas publicitarias en diversos medios escritos, radiales, televisivos y digitales, argumentó Cardoso.
Argumentó que a esto se le sumó la declaración de la emergencia sanitaria por el covid-19, ante la que el ministerio implementó medidas “para apoyar al sector turístico y promover el turismo interno, en forma compatible con las restricciones sanitarias”, sostuvo el extitular de la cartera.
En esta línea, enfatizó que durante la emergencia sanitaria “las acciones publicitarias que implementó el Mintur se enmarcaron en las medidas que tomó el Poder Ejecutivo para apoyar al turismo interno” y subraya que, “desde el punto de vista legal”, se invocaron “los mismos fundamentos de derecho que emplearon” anteriores ministros.
Para Cardoso, los denunciantes del Frente Amplio (FA) “confundieron ‘arbitrariedad’ con discrecionalidad”. El exministro aseveró que en las contrataciones de publicidad referidas en la denuncia “se ejercieron los cometidos previstos por la ley que regula la actividad turística con el propósito de dinamizar el turismo interno”, además de que la causal de excepción “no fue observada” por el Tribunal de Cuentas.
“La resolución de contratación es coherente con los antecedentes que surgen del expediente y emplea los mismos fundamentos de derecho esgrimidos en las resoluciones de contratación de pautas publicitarias realizadas por el Ministerio de Turismo en el anterior periodo de gobierno (…) El Tribunal de Cuentas no objetó la realización de la contratación en forma directa”, sentenció Cardoso en su defensa.
La certificación de la compra surgió a raíz de que la contratación tuvo como contexto la “situación imprevisible” ocasionada por la pandemia, la proximidad de la temporada de verano, la “necesidad de difundir los beneficios que se habían aprobado” y la “conveniencia” de promocionar el turismo interno, reza el documento. Así, técnicos del ministerio, con asesoramiento de la agencia de publicidad contratada, concluyeron en un informe técnico que “fue imposible, atendiendo los tiempos restantes del año y la necesidad imperiosa de comenzar la contratación de los soportes publicitarios, establecer el mecanismo de gasto correspondiente...".
Cardoso expresó también que los montos de las contrataciones “son consistentes con anteriores inversiones en vía pública”.
Asimismo, el diputado destacó que el Tribunal de Cuentas “ha dictaminado que la causal de excepción se ha invocado en forma errónea en numerosas ocasiones”, lo que “no ocurrió en relación a las contrataciones aludidas” por los denunciantes. Ejemplificó con compras de la Intendencia de Montevideo la que, insistió, recurrió a compra directa y no a licitación en ocho resoluciones entre 2021 y 2019.
El fiscal del caso, Gilberto Rodríguez, aun no dio por cerrado los testimonios ya que falta que declaren representantes de la empresa estonia contratada y que desató la polémica. Le solicitó al empresario Elbio Rodríguez, asesor “honorario” de Cardoso, que intermedie con Kirma Services, ya que él era el nexo entre el Estado y la compañía. Él había sido quien presentó una fórmula alternativa de pago cuando se supo que la transferencia a la compañía había rebotado.
La otra causa
A fines de julio declararon en la causa la exministra de Turismo Liliam Kechichian y el exsubsecretario Benjamín Liberoff sin que trascendiera públicamente, como parte de las denuncias cruzadas que los involucran con Cardoso y que tomaron estado judicial en 2021.
Kechichian y Liberoff dieron su versión sobre las compras directas del anterior período que habían sido observadas por el Tribunal de Cuentas. También respondieron sobre un convenio firmado en 2015 entre Turismo y la Unión General Armenia de Beneficencia (UGAB), que involucró un monto de US$ 1,1 millones y que también fue observado en dos oportunidades por el Tribunal de Cuentas.
