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El detrás de sala de la interpelación que empuja al gobierno a revertir un "abuso indiscriminado" de contrataciones en Salto Grande
“Ustedes se salvan”, les soltaba a la pasada el diputado blanco Alfonso Lereté a los delegados de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Martín Burutarán, Nicolás Irigoyen y Daniel Arcieri, quienes sobre la medianoche del martes estiraban las piernas en el ambulatorio de la Cámara de Representantes.
Así concluía la crónica anterior de El Observador, mientras del otro lado de la puerta, en el plenario de Diputados, transcurría la interpelación del Frente Amplio a los ministros Francisco Bustillo y Azucena Arbeleche por las denuncias de clientelismo en el organismo binacional, que llevaron a la renuncia del nacionalista Carlos Albisu.
Pero el verdadero partido se estaba jugando en las salas de las bancadas, en el ambulatorio y por medio de chats de WhatsApp. Un entreverado esquema de negociaciones desembocaría a las 4 de la madrugada en una declaración votada por toda la coalición en respaldo a los ministros, pero con el pedido a los jerarcas de CTM de que promuevan “de forma inmediata el cese” de las designaciones directas, “en particular” las de nueve ediles salteños de la Lista 404 que iban camino a formar parte de la planta permanente.
Además, un aditivo de Cabildo Abierto que terminaría aprobado en una votación conjunta con la oposición añadía que la “gestión inadecuada en la designación de personal” debería conllevar a la “renuncia” de los delegados políticos y la “realización de una auditoría externa de gestión”.
El presidente Luis Lacalle Pou afirmó este miércoles respecto a las contrataciones políticas que “se va a rever y se va a actuar en consecuencia” y, si bien descartó irregularidades o corrupción, admitió un “abuso indiscriminado de un mecanismo de ingreso” de personal a “solucionar”. Durante una recorrida en Salto, el mandatario también dijo “no entender mucho” el pedido de dimisión de los delegados, porque “el principal gestor de Salto Grande (Albisu) ya renunció”.
Con el sistema político convulsionado en la capital, tras la visita de Lacalle a Salto todavía prima la cautela. Por un lado está el dilema de los blancos de sostener una estructura política –sostenida en buena parte por Salto Grande- y varias reuniones pendientes que los delegados políticos comenzarán a tener desde el jueves en la sede uruguaya en el complejo hidroeléctrico.
Hasta el cierre de esta edición no había habido comunicación desde el gobierno a los ediles blancos para que dimitan, ni tampoco planteos de renuncia de las otras designaciones políticas cuestionadas. Fuentes del gobierno transmiten que es improbable una salida de los delegados.
Horas antes, el trabajoso cierre de la interpelación terminaba de laudarse en una reunión entre coordinadores de los sectores de la coalición en el despacho del presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Andújar. Recién a esa hora se aclaró la estrategia que un par de horas después se ratificaría en sala.
Pero, ¿cómo se llegó a ella?
El diputado del Partido Independiente, Iván Posada, se puso al hombro desde temprano el armado de una moción política que contentara a los socios de coalición. Los legisladores no accedieron a una conferencia de prensa conjunta y el blanco Lereté (de la 404) encaró en soledad la defensa de la gestión –y de las explicaciones del gobierno– en el horario de los informativos centrales.
Tras un cuarto intermedio, sobre las 20 horas, el miembro interpelante Nicolás Viera (Frente Amplio) adelantó que exigirían las renuncias de los delegados en CTM, los ediles contratados y también la censura del canciller como responsable administrativo de la gestión. En paralelo, el independiente Posada y el cabildante Martín Sodano arribaban a un principio de acuerdo para, al menos, votar juntos una moción de seis puntos.
La redacción de los primeros tres recayó en Cabildo, con generalidades sobre la institucionalidad de Salto Grande, la necesidad de un “uso racional, eficiente y transparente de los recursos” y la procura de que los delegados políticos nombrados tuvieran “idoneidad técnica”. Los últimos tres quedaron en manos en Posada, con especial atención en el punto seis.
“El quid de la cuestión era ese: las designaciones directas y particularmente los nueve ediles (del Partido Nacional en Salto). Eso (su renuncia) era un sí o sí, desde nuestro punto de vista no había margen para algo distinto”, dijo a El Observador el diputado del Partido Independiente, que el martes no se conformó con el anuncio de Bustillo sobre el pedido a la delegación uruguaya para que, entre otras cosas, ordenara que las designaciones políticas caducaran al final del período.
En ese interín mostraron su predisposición a plegarse a esos puntos los diputados de Por La Patria –Álvaro Viviano y Gonzalo Onetto-, el blanco Martín Elgue (aunque primero debía dirimirse en la bancada del Partido Nacional) y Daniel Peña, del Partido de la Gente.
Posada trasladó la propuesta al colorado Ope Pasquet, y la bancada del partido abrió la discusión en una reunión en la que también participaron los senadores Adrián Peña (Ciudadanos) y Germán Coutinho, involucrado en los juegos de poder en Salto que estaban bajo la lupa.
Cabildo sondeaba por esas horas el apoyo por un séptimo punto que incluía la salida de los delegados. Tanto Coutinho como Peña se opusieron a esa opción, que también implicaba la salida del vicepresidente de la delegación Irigoyen, nombrado por el senador salteño para ese puesto. El partido sí mostró su simpatía hacia la redacción de Iván Posada.
Sobre las 23:30 se reunieron los blancos en la Presidencia de la Cámara y la 404 remarcó que no acompañaría el pedido de salida de los ediles. Tras hacer las consultas con el senador Jorge Gandini, Viviano dijo en sala que “la mejor forma de corregir la situación sería empezar por ir para atrás con los contratos” de los designados políticos. Los tres diputados blancos en minoría prestaron entonces su firma para la declaración impulsada por el Partido Independiente.
Pasada la medianoche, hubo reproches en la bancada nacionalista ante el desmarque de algunos diputados. “Estamos con el gobierno o no”, recriminó Pedro Jisdonian, uno de los más cercanos al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, a sus compañeros.
Desde antes de la medianoche, el cabildante Sodano había llegado a un principio de acuerdo con el diputado del MPP, Sebastián Valdomir, para votar juntos una declaración final de siete puntos que no reconocía por “satisfactorias” las explicaciones del gobierno y que, entre otros términos, pedía la renuncia de los delegados, algo que finalmente prosperó a instancias de Cabildo Abierto. El Frente Amplio recibió ese texto tentativo por WhatsApp, armado casi a medias entre Posada y Cabildo, a la 1:10 de la madrugada, según reconstruyó El Observador.
Pero la reunión de coalición una hora más tarde frustró esos planes. En esas conversaciones, en que el herrerista Andújar tuvo un rol preponderante para acordar a la interna, la 404 (representada por el coordinador Álvaro Rodríguez Hunter) accedió a firmar, pese a que el punto seis establecía la renuncia de los ediles.
Los dirigentes, sin embargo, sí pidieron modificaciones en la redacción. Una de ellas fue que el pedido de renuncia a los ediles no se hiciera desde el Parlamento como una “solicitud al Poder Ejecutivo” a la CTM, sino que se promovieran por parte de los delegados del organismo binacional.
En sala, pasadas las 4 de la mañana, la moción del Frente Amplio no alcanzó el apoyo suficiente. Valdomir pidió entonces desglosar los primeros cinco puntos de la declaración oficial, de modo de poder no acompañar el respaldo a los ministros, pero sí votar junto al resto de los partidos el pedido de renuncia a los ediles. La izquierda también alzó la mano junto a Cabildo Abierto, que desde temprano anunciaba su voluntad de tener una moción propia, para exigir la salida de los delegados políticos.
Ese último texto, cuestionado horas después por Lacalle Pou, salió aprobado con 50 votos en 95. Valdomir habló allí de que “a más de un año del cambio de gobierno todos los ministros del gabinete van a estar en la cuerda floja” para lograr respaldos en las bancadas oficialistas, mientras que el miembro interpelante proclamó que “una vez más el gobierno se va cuestionado de una interpelación”.
