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El guiño del gobierno a la conducción de la Fiscalía en la Rendición de Cuentas
Hace poco menos de un año, un vehemente Jorge Díaz se sentó en una banca del Parlamento y a la izquierda de Juan Gómez, decía que Fiscalía solo podía financiar el 47% de sus gastos y que era imposible seguir funcionando a rubro cero, como lo hace desde 2016. Cuando el año se cumpla, será Gómez quien, como fiscal de Corte, se siente en la banca a departir sobre el presupuesto con los legisladores, pero el contexto será totalmente distinto. Este año el Ejecutivo les otorgó US$ 2 millones de dólares, que fueron recibidos con grata sorpresa en el edificio de la calle Paysandú.
“Sería muy injusto de mi parte si no demostrara la satisfacción como institución porque fueron atendidas por el Poder Ejecutivo cuestiones absolutamente necesarias”, señaló Gómez a La Diaria.
Si bien lo otorgado difiere en algunos puntos con las aspiraciones ideales de la fiscalía, que difundió El Observador, escucharon muchos de sus reclamos históricos de cara a esta nueva Rendición. Aunque esta fue una Rendición de incremento presupuestal para la mayoría de los sectores, fuentes fiscales adeptas a la gestión de Gómez lo interpretan como un gesto hacia lo que entienden es su estilo dialoguista y componedor. Incluso lo han respaldado en momentos de tensión, como la decisión de sumariar con separación del cargo y retención de los haberes al fiscal Raúl Iglesias.
Cuando Díaz dejó el cargo en octubre de 2021, la relación con el gobierno era cordial, pero tenían posiciones opuestas sobre puntos cruciales y a eso se sumaba el gran descontento de Cabildo Abierto, que pidió su destitución.
De hecho, parte del incremento que dispuso el gobierno va a saldar reclamos enquistados en el Ministerio Público y cuya solución no producirá ningún rédito político. Por ejemplo, los $31.500.000 para mejorar el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay (Sippau) que agilitará el trabajo fiscal y el refuerzo presupuestal para la Unidad de Víctimas y Testigos.
El gobierno destinó fondos para la creación de una fiscalía especializada en Delitos de Lavado de Activos, tres fiscalías departamentales especializadas en violencia de género y una tercera fiscalía de estupefacientes.
Todas ellas tienen distintos motivos. La primera se crea debido a que el gobierno determinó tiempo atrás que todos los delitos de lavado de activos debían investigarse en Montevideo e impidió que los investiguen las fiscalías departamentales, sobrecargando así las sedes capitalinas. Para compensar el problema, crearán esta fiscalía especializada. Las fiscalías departamentales de violencia de género se entienden necesarias para poder trabajar lo más armónicamente con los nuevos juzgados especializados en género que abrió el Poder Judicial en San Carlos y que abrirá en Rivera.
Por último, la fiscalía de Estupefacientes fue solicitada por el Ministerio del Interior para poder trabajar en el tema con mayor agilidad. La fiscalía no lo entendía prioritario, pero lo encuentra útil.
En otro orden, se crearán cuatro cargos de fiscales letrados adscriptos para reforzar los equipos fiscales de las fiscalías de turno único, atendiendo así una reivindicación gremial y del organismo. Que no haya más de un turno implica que los equipos fiscales nunca puedan detenerse a investigar con tiempo casos de gran complejidad, porque siempre deben estar abiertos a recibir casos de flagrancia que deben resolverse rápidamente. En Uruguay hay nueve fiscalías que revisten esta calidad.
Además, se dispone el rubro para la creación de cinco cargos para la Unidad de Víctimas y Testigos y $850.000 para financiar tareas desarrolladas por personal de esa unidad en días y horarios inhábiles, feriados y fines de semana. Esta era una reivindicación del organismo y de la directora de la unidad, Mariela Solari. En los recientes casos divulgados de violencia sexual o de género, se hizo hincapié en la falta de presupuesto para la oficina. Actualmente trabajan allí 31 técnicos, tres de ellos en régimen de pase en comisión.
