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FA y diputados de la coalición, sin Cabildo, se alinean para votar cambios a la ley de usura
Diputados de la coalición en la comisión de Hacienda de la cámara baja y el Frente Amplio acordaron fijar el proyecto con modificaciones a la ley de usura de 2007 —presentado a comienzos de la legislatura por el representante del Partido de la Gente, Daniel Peña— en el primer punto del orden del día para la siguiente semana, con la intención de aprobarlo en ese ámbito el próximo miércoles, confirmaron a El Observador los representantes de todos los partidos en las negociaciones, sin contar Cabildo Abierto que por estos días junta firmas en pos de un plebiscito para reestructurar deudas.
"Está en el orden del día para que en la próxima semana estemos avanzando en un acuerdo con modificaciones", sostuvo el diputado frenteamplista Gustavo Olmos, presidente de la comisión de Hacienda. Los legisladores, ahora con el consenso de la oposición, buscan pulir la redacción con la posibilidad de votarlo en general la semana próxima. En ese escenario, el texto podría pasar al plenario de la Cámara de Diputados en el correr de noviembre.
El proyecto de ley, anunciado al día siguiente del referéndum contra la LUC como el primer gran acuerdo parlamentario de la coalición -que luego no avanzaría por diversos motivos- tuvo varios movimientos en los últimos días a instancias del diputado del Partido Independiente, Iván Posada, y el nacionalista Álvaro Viviano, con varios intercambios con el Banco Central y el Frente Amplio sobre la base de la vieja iniciativa de Daniel Peña.
Con modificaciones que pulirán de cara a la próxima semana, desde todas las partes dan por hecho que los cabildantes -a quienes no han incorporado a las conversaciones políticas- continuarán con su iniciativa de enmienda constitucional, derivada de un frustrado proyecto de ley presentado en el Senado que ninguno de los partidos acompañó.
Tanto los blancos Viviano, Gonzalo Mujica, Marcos Portillo, como el colorado Conrado Rodríguez, Iván Posada (Partido Independiente), los frentistas y el propio Peña, autor del texto original, se inclinan a alzar la mano en comisión y llevarlo al plenario.
En paralelo, los senadores de la comisión de Constitución de la cámara alta siguen de cerca el devenir del proyecto en Diputados, que en caso de aprobarse deberá ser tratado por ellos.
El principio de acuerdo entre algunos oficialistas y la oposición en la cámara baja coincide con la coordinación que desde hace meses tienen los equipos técnicos de los senadores Adrián Peña (Ciudadanos del Partido Colorado) y Charles Carrera (Frente Amplio) para presentar una solución conjunta a las deudas de las personas físicas, alternativa a la iniciativa cabildante que en todas las filas calificaron de inviable. Dirigentes de todos los partidos le han endilgado a Cabildo estar consiguiéndose un estandarte para las elecciones más que legislar seriamente sobre el fondo del asunto.
En Diputados, el proyecto de Peña lleva varias formulaciones tras haber recibido delegaciones en comisión e incorporar correcciones desde el Banco Central. "Esto no hay que juntar firmas para sacarlo. No es necesario salir a hacer política con el tema, transformándolo en algo de campaña electoral, cuando tiene una solución bastante validada por el BCU, no ponerlo a votación no tiene sentido. Tuvo mucho trabajo", dijo Peña a El Observador.
El diputado del Partido de la Gente acusó que tras haber alineado a la coalición a comienzos del 2022, "sistemáticamente se ha ido postergando el tratamiento del proyecto, básicamente por el interés de algunos integrantes del Partido Nacional de que no se avance".
Luego de que Guido Manini Ríos anunciara que Cabildo se embarcaría a recolectar firmas para reestructurar deudas, Peña publicó una carta en la que expresaba que "si bien es válido que actúen en función de las próximas elecciones, no es válido que digan que su proyecto enfrenta la usura, porque no es cierto". "Ya que lo que propone es reestructurar deudas ya contraídas. Intenta intervenir en situaciones ya reglamentadas. Quiere legislar hacia atrás en un aspecto. Aprobando esa iniciativa —que sería inconstitucional— todo seguiría igual, porque no busca limitar la usura", cuestionó entonces.
Desde Cabildo Abierto dijeron a El Observador que no están participando de las negociaciones pero que están dispuestos a analizar el proyecto si mejora el texto inicial. De todos modos, los cabildantes solo frenarían la recolección de firmas si se aprueba un texto similar al que tiene la papeleta que buscan plebiscitar, algo que en el Parlamento ya está descartado.
El proyecto de ley que encamina el acuerdo entre partidos hace varias modificaciones al articulado de la ley 18.212 aprobada durante el gobierno del Frente Amplio para regular las operaciones de crédito, la usura y las tasas de interés. Peña busca que a la hora de fijar las tasas no se pueda incorporar en el cálculo de la tasa media de interés a las operaciones de las administradoras de crédito ni a las tasas de las tarjetas de crédito, porque a su entender eso ha multiplicado la tasa compensatoria y los intereses por mora.
La experta Dora Szafir ha explicado en el Parlamento que el Banco Central no fija la tasa media del mercado, sino que promedia lo que las entidades de intermediación financiera le informan, por lo que los términos de usura son definidos hoy por las propias entidades que dan los préstamos, y en base a eso es que esas instituciones pueden llegar a cobrar un plus de hasta el 80%.
"Hay que atar los intereses a la inflación y limitar también los intereses por mora. No puede ser que, con una inflación de un dígito o a lo sumo del 10%, los intereses por mora superen el 200. Se trata de aplicar justicia y el sentido común en defensa de los trabajadores. Para eso, hay que modificar la base de cálculo de la mora", sostuvo Peña en su carta semanas atrás.
