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Las 14 recomendaciones para la reforma de las jubilaciones que aprobó la Comisión de Expertos
La Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) aprobó este viernes 12 su informe final con recomendaciones de reforma del sistema previsional uruguayo para elevar al Poder Ejecutivo.
De los 15 integrantes del pleno de la CESS, 10 votaron a favor del informe y cinco lo hicieron en contra. A favor estuvieron los nueve representantes del oficialismo y Elvira Domínguez, delegada por las cámaras empresariales. En contra votaron José Luis Baumgartner, Ernesto Murro y Jimena Pardo, representantes del Frente Amplio; Hugo Bai, delegado del PIT-CNT y Gabriel Regalado, representante de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu).
Según informó la CESS en un comunicado, el informe de recomendaciones será presentado en los próximos días a la Presidencia de la Asamblea General y a la Prosecretaría de Presidencia.
“Con esa presentación, la CESS cumple con su mandato legal y concluye su trabajo. Los pasos siguientes hacia la reforma son: la redacción de un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo y el posterior debate y proceso parlamentario”, explica.
La comisión también aprobó una moción respecto a su proceso de trabajo en la que afirman: “El trabajo desarrollado ha permitido sistematizar un conjunto de información y estudios a los efectos de considerar y evaluar alternativas de política que, por su entidad y características, contribuirá en las próximas etapas del necesario proceso de reforma y a la relevancia del tema previsional en la sociedad uruguaya”.
La CESS comenzó a trabajar en noviembre del año pasado y entregó en marzo el primer documento, un informe diagnóstico del sistema. En abril comenzó la segunda etapa, que debería haber finalizado el 22 de junio, pero este plazo se extendió 45 días, a pedido del oficialismo, hasta el 6 de agosto.
Llegada la fecha, se volvió a extender por 45 días más, hasta este lunes 20 de setiembre, para que los representantes del gobierno pudieran trabajar en este documento base. Tras ese plazo se volvió a solicitar una prórroga - la tercera – hasta el 31 de octubre.
Los expertos de la comisión se reunieron en unas 80 audiencias con unas 280 personas de diferentes organizaciones de la sociedad civil, y asistieron a más de 30 actividades académicas en las que participaron al menos 84 especialistas nacionales e internacionales.
Los representantes del oficialismo en la CESS presentaron el pasado 5 de octubre al pleno de la comisión un documento base de recomendaciones de reforma que fue el principal insumo para el documento final.
“Se tuvo en consideración también el aporte presentado por el PIT-CNT a título de insumo para el proceso de discusión de la reforma y el documento con propuestas que presentaron en la discusión parlamentaria de la última Rendición de Cuentas. Se tuvieron presentes, además, los intercambios durante el proceso de diálogo social realizado desde noviembre de 2020 hasta el presente”, agrega el comunicado.
¿Cuáles son las recomendaciones de los expertos?
- Se recomienda establecer un régimen uniforme o igualitario. La principal recomendación en este sentido es que todos los nuevos trabajadores que ingresen al mercado de trabajo, cualquiera sea el sector de actividad en que se desempeñen, se incorporen con las mismas reglas (régimen mixto).
- Los cambios paramétricos que se recomiendan aplican a todos los regímenes, cualquiera sea la entidad gestora. Los cambios recomendados en cuanto a extensión de la vida laboral, tiempo mínimo de aportación, cómputos fictos por cuidados -tanto los vigentes como los que se proponen- y fórmula de cálculo de los beneficios, aplicarían a todos los regímenes.
- Se recomienda la extensión de la vida laboral mediante estímulos incorporados en la fórmula de cálculo de los beneficios y el cambio de la edad mínima jubilatoria en todos los regímenes. Se propone elevarla, a razón de un año por generación. Se plantean dos opciones: iniciar el proceso a partir de las personas nacidas en 1967 o 1971, con lo que se alcanzaría la edad de 65 años para los nacidos en 1971 o 1975, respectivamente. La opción por un escenario u otro implica diferente dinámica de contención y reversión de la trayectoria al alza del nivel de gasto público previsional.
- Las prestaciones del pilar 1 a cargo del BPS y demás entidades públicas previsionales se liquidan a partir de un salario de referencia (sueldo o haber básico jubilatorio o de retiro). En la normativa vigente se calcula sobre la base del último salario, del promedio de los últimos tres, cinco o diez años de aportación o de los veinte o treinta mejores años. Se recomienda, a partir de la vigencia de las nuevas reglas, determinarlo para todos los regímenes en base a los 300 mejores meses de aportación, actualizados por Índice Medio de Salarios.
- Se recomienda incorporar en la arquitectura del sistema un procedimiento de ingreso mínimo garantizado mediante el cual se suplementa las asignaciones de jubilación y pensión vía la asignación de recursos de fuente fiscal. Este complemento varía en función de las prestaciones que obtengan quienes se jubilen: quienes hayan tenido historiales laborales más discontinuos y con menores sueldos, recibirían un mayor aporte, producto del esfuerzo tributario de la sociedad.
- El procedimiento de transición que se recomienda aplica la regla de proporcionalidad: reconoce los derechos en curso de adquisición, entre el tiempo aportado en el régimen que se sustituye y el que se aporte en el régimen que se propone, con un rango de entre 5 y 10 años para el inicio de la aplicación de las nuevas normas.
- Se recomienda acotar los retiros obligatorios en el servicio de retiro militar al personal estrictamente militar y con requisitos de edad mayores a los aprobados en la reforma de 2018. En los demás parámetros, se recomienda aplicar a estos funcionarios los parámetros del régimen general, conforme las reglas de convergencia indicadas.
- Una vez culminados los procesos de convergencia y de transición, todos los uruguayos tendrán un régimen jubilatorio diseñado sobre la base del principio de igualdad. Progresivamente, se irá disminuyendo la incidencia de las viejas reglas e incrementándose la incidencia de las nuevas. Es un procedimiento de transición particularmente lento, que podría requerir ajustes en ciertos casos (por ejemplo, Caja de Profesionales) o si se dilatara la toma de decisiones.
- Sin perjuicio de lo indicado, en cuanto a la unificación gradual de parámetros, no puede desconocerse la existencia de actividades de naturaleza tal que pueden requerir tratamientos diferenciales a título de excepción, tal como ha sido tradición, por ejemplo, mediante bonificaciones de servicios de ciertas actividades que se ha entendido lo justificaban. Para ello se requiere un sólido fundamento y una relación de proporcionalidad entre el fundamento y el tratamiento diferencial y su correspondiente financiamiento.
- A efectos de obtener lo mejor de vidas más extensas, se recomienda un conjunto de medidas que habiliten que, conforme sus preferencias, las personas puedan compatibilizar trabajo y jubilación, ya sea mediante una redefinición de retiro parcial o mediante la habilitación del cúmulo de trabajo y jubilación
- En materia de pensiones no contributivas no se proponen modificaciones.
- Se recomienda un conjunto de modificaciones tendientes a mejorar la eficiencia en la administración de los fondos del pilar de ahorro individual. Por un lado, se propone considerar modificaciones de diseño para contener y reducir las comisiones por administración y estimular la competencia de mercado y, por otro lado, se recomienda la incorporación de nuevas opciones de inversión que propicien mejores rentabilidades.
- Existe suficiente evidencia -recogida en el Informe de Diagnóstico- de que es necesario que exista una entidad que ejerza la superintendencia de todo el sistema, razón por la que se está proponiendo la creación de una unidad reguladora, en base a los criterios de independencia aplicables a este tipo de entidades y dentro el marco constitucional vigente.
- La reforma que se recomienda tendrá efectos en el mediano y largo plazo. Durante la actual y próxima administración los efectos serán nulos y apenas perceptibles, respectivamente. Es consecuencia de una transición que respeta los derechos adquiridos y reconoce plenamente los derechos en curso de adquisición. En cuanto a la trayectoria del nivel de gasto público previsional, se contiene y revierte su tendencia alcista, conforme el objetivo de no trasladar más exigencias de financiamiento hacia las próximas generaciones.
