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Quince días claves para Figueredo: cambia el fiscal el 2 de febrero
Corren horas clave para Eugenio Figueredo, el exdirigente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y de FIFA que busca sellar un acuerdo de colaboración con el fiscal Juan Gómez para salir de Cárcel Central y cumplir su pena en prisión domiciliaria. Gómez, que está dispuesto firmar el acuerdo con Figueredo, será trasladado en dos semanas, el 2 de febrero, de Crimen Organizado a la Fiscalía Penal de Primer Turno. En su lugar, investigando la trama de lavado de dinero entorno al exdirigente, quedará la fiscal María de los Ángeles Camiño, que desconoce el expediente. La fiscal dijo a El Observador que la posibilidad de aceptar la colaboración de un procesado a cambio de beneficios debe estudiarse "caso a caso".
Figueredo manifestó al fiscal Gómez su voluntad de convertirse en "colaborador". El artículo 6 de la ley 18.494, aprobada en 2009, establece que "el Ministerio Público, en cualquier etapa del proceso penal, podrá acordar con una persona que haya incurrido en delitos que sean competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, la reducción de la pena a recaer hasta la mitad del mínimo y del máximo o aun no formular requisitoria según la circunstancia del caso", y agrega que "en esa declaración el colaborador deberá revelar toda la información que posea para la reconstrucción de los hechos y la individualización y captura de los autores". Fuentes vinculadas al caso manifestaron a El Observador la intención de Figueredo de identificar propiedades que aún no han sido embargadas por la Justicia a cambio de la prisión domiciliaria.
Un fiscal reacio a la cooperación
Gómez es el fiscal que más tiempo ha permanecido en una fiscalía de Crimen Organizado. "Cuando lo convoqué a hacerse cargo de esta Fiscalía le había transmitido mi más solemne promesa de que iba a estar dos años, en realidad no la cumplí, ya lleva tres años y medio a cargo de la Fiscalía", explicó en conferencia de prensa el fiscal de Corte, Jorge Díaz, el 26 de noviembre del año pasado. Su traslado responde entonces a que el cargo es rotativo.
Durante estos casi cuatro años a cargo de la fiscalía, Gómez pidió el procesamiento de cientos de narcotraficantes, de lavadores de dinero y de jerarcas por abuso de funciones, como Fernando Lorenzo, entonces ministro de Economía, Fernando Calloia, entonces presidente del Banco República. Sin embargo, el fiscal nunca utilizó la figura del colaborador.
De hecho, Gómez planteó su discrepancia con el uso de la figura de colaborador en el Parlamento en octubre de 2013 en la Comisión Especial de Lavado de Activos del Parlamento. "Los respeto pero creo que no se puede pactar la impunidad de los delincuentes", aseguró entonces Gómez. La otra fiscal de Crimen Organizado que lo acompañaba, Mónica Ferrero, manifestó entonces su discrepancia con Gómez. "Yo no pacto la impunidad con nadie, yo me apego a la ley", retrucó entonces Ferrero, quien manifestó que usa "mucho ese recurso".
El acuerdo con Figueredo podría ser histórico para Uruguay, por el monto de los fondos que la Justicia recuperaría. En cinco año, los jueces de Crimen Organizado incautaron US$ 3,5 millones. A pedido de Gómez, la jueza Adriana de los Santos embargó nueve propiedades del exdirigente valuadas en US$ 5 millones. Otras propiedades millonarias que no han sido embargadas y que permanecen en manos de familiares, socios y testaferros, serían declaradas por Figueredo en las próximas horas ante el fiscal. De todas maneras, varios catedráticos cuestionan el posible acuerdo por considerar que establece un sistema judicial para ricos diferente al que rige para pobres (ver Apunte).
Mientras, Alejandro Burzaco, uno de los empresarios que pagó las coimas que cobraba Figueredo, cumple prisión domiciliaria en Estados Unidos luego de convertirse en colaborador de la Justicia y pagar US$ 20 millones de fianza.
