Taxistas demandarán a la IMM por US$ 300 millones

La gremial de taxis demandará a la Intendencia de Montevideo por US$ 300 millones como consecuencia del funcionamiento de Uber.

Según informó a Radio Uruguay el secretario general de la Gremial Única del Taxi, Javier Fardín, el monto responde a la cantidad de permisarios que tiene el servicio. En Montevideo hay 3.000 permisos de taxis y cada uno demandará a la comuna por US$ 100 mil.

Fardín señaló que la demanda no será en nombre de la gremial, sino de los permisarios.

El Observador informó la semana pasada la decisión de la patronal de demandar a la Intendencia porque considera que la comuna permite que Uber trabaje sin regulación. Según los propietarios de taxímetros, compraron sus permisos en un sistema que era cerrado y ahora cambiaron las condiciones.

Unos 350 socios de la gremial se reunieron en asamblea en el Centro de Protección de Choferes de Montevideo y votaron por unanimidad radicar la demanda.

Los propietarios de taxis pidieron a la intendencia que se cortara la señal de la aplicación, como se ha realizado en otros países, pero estaban disconformes porque la comuna no lo había hecho. La posibilidad de un bloque a la aplicación llegó a estudiarse incluso en el ámbito del Congreso de Intendentes.

El intendente Daniel Martínez dijo a El Observador que si bien no estaban al tanto de la demanda que planea presentar la gremial, en la administración están "tranquilos" de que están trabajando en el tema. Martínez indicó que habló con el presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, y que le explicó que la comuna no tiene potestad para dar de baja a la aplicación.

"Estamos fiscalizando", agregó el intendente, en referencia a los controles que realiza para detectar conductores de Uber trabajando en la ciudad.

Otra de las medidas que los propietarios de taxis votaron en asamblea fue mantener las manifestaciones y concentraciones cada vez que lo consideren pertinente. Participantes del encuentro dijeron a El Observador que incluso se llegó a manejar la posibilidad de hacer un escrache frente a la casa del intendente, pero esa opción finalmente no se consideró por no tener suficiente apoyo.

Esta es la segunda vez que la gremial recurre a la Justicia por la llegada de la aplicación Uber. En febrero presentó una denuncia penal contra la empresa extranjera por desacato de la normativa, aunque hasta ahora no han habido citaciones por ese caso.