Cumpliendo promesas: el Gobierno inicia la intervención en registros automotores de todo Argentina
El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, formalizó la presentación para revocar las intervenciones vigentes y designar nuevos interventores.
El Gobierno ha dado el primer paso para intervenir todos los registros automotores del país, cumpliendo así una de las promesas de campaña de La Libertad Avanza. El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, formalizó la presentación para revocar las intervenciones vigentes y designar nuevos interventores en más de un centenar de registros automotores.
Actualmente, existen 1.557 registros de propiedad automotor en el país y, según los últimos relevamientos, se llevan a cabo alrededor de 180.000 transferencias o inscripciones mensuales, abarcando automóviles, motocicletas y transporte pesado, incluida maquinaria agrícola.
El sector acumula un total de 2.809.049 trámites, con un promedio de 150 por mes por cada oficina, aunque se destaca que hay registros con un volumen significativamente mayor debido a su ubicación y jurisdicción.
El sistema registral está bajo la dependencia de la Dirección Nacional de Registro Automotor (DNRPA) y opera dentro del ámbito del Ministerio de Justicia. Las críticas no solo se centran en la burocracia poco eficiente, costosa y compleja del sistema, sino también en su vinculación como una supuesta caja política, ya que se señala que algunas asignaciones están relacionadas con exfuncionarios o sus familiares directos o indirectos.
Los planes del Gobierno expuestos en campaña
Dentro de los ejes de su campaña electoral, La Libertad Avanza ha cuestionado el modo de nombramiento de los titulares de estos registros, considerándolos parte de los privilegios de la "casta política". Se ha enfatizado que forman parte de un sistema que el nuevo gobierno tiene la intención de desmantelar como parte de la reorganización de los organismos públicos.
En reiteradas ocasiones, Javier Milei ha expresado la intención de cerrar los registros automotores y eliminar el impuesto de sellos, así como los aranceles de patentamientos y transferencias de vehículos.
