La modificación de las escalas del Monotributo fue muy cuestionada y derivó en un cuarto intermedio de quince minutos para resolver las diferencias en este punto. Finalmente, se aprobó por 142 votos afirmativos, 104 rechazos y dos abstenciones tras incorporar una modificación consensuada con la oposición, mediante la cual se determinó que los cambios en las escalas “comenzarán a regir a los 90 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial”.
Muchos legisladores de la izquierda, el kirchnerismo, el socialismo, el radicalismo y la Coalición Cívica cuestionaron la eliminación tácita del monotributo social por la actualización de las escalas del impuesto. Esto podría dejar a muchos monotributistas en riesgo de tener que abandonar el sistema simplificado para pasar al régimen impositivo general más oneroso (con inscripción en IVA y Ganancias y con el pago de aportes previsionales como autónomos), incluso cuando sus ingresos probablemente disminuyeron en términos de capacidad de compra.
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados
Al finalizar el receso, el diputado José Luis Espert, miembro informante del proyecto del Gobierno, anunció la postergación en la entrada en vigencia del tributo, lo que resolvió este punto. A continuación, el diputado Itaí Hagman (UxP) anticipó el rechazo de su bloque, aunque valoró “el compromiso para que en los próximos 90 días podamos discutir una propuesta superadora de las escalas para evitar que 1,5 millones de personas pasen a tributar más”.
Previamente, se había avanzado en uno de los asuntos más conflictivos, que fue la reversión del impuesto a las Ganancias, específicamente en la definición de los pisos mínimos no imponibles. Sin embargo, este tributo fue reinstalado por 133 avales, 113 rechazos -fundamentalmente de los legisladores patagónicos- y cuatro abstenciones.
Al igual que lo que hizo en relación con la Ley Bases, el Gobierno accedió a modificar varios puntos de este proyecto para acercar posiciones con los bloques de la oposición dialoguista y evitar sorpresas en el recinto. En particular, aceptó actualizar semestralmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) las escalas de Ganancias y el Monotributo. La administración libertaria pretendía hacerlo de manera anual, pero los legisladores aliados exigieron una mayor periodicidad en el reajuste para evitar que por el efecto inflacionario se sumen contribuyentes a pagar el tributo.
También se consensuó un premio al buen contribuyente en la moratoria. Para las personas físicas, se pautó una reducción del 0,5% en la alícuota de Bienes Personales para 2023, 2024 y 2025; mientras que se definió una baja del 0,125% para las personas jurídicas en ese mismo período.
Además de La Libertad Avanza (LLA), el paquete fiscal contó con el apoyo del bloque de Pro, así como también del grueso de los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. A ellos se sumaron los ocho diputados de Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta, y Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
Los votos negativos los aportaron los diputados de Unión por la Patria (UxP) y de la izquierda. En tanto, los radicales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano optaron por la abstención, junto al santacruceño Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) y Jorge Ávila (Hacemos Coalición Federal). En tanto, hubo siete ausencias: Carla Carrizo (UCR), Sergio Casas (UxP), Natalia de la Sota (Córdoba Federal), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Álvaro González (Pro), Roberto Mirabella (UxP) y Leopoldo Moreau (UxP).
Uno de los puntos que más críticas cosechó fue el blanqueo de capitales. Tanto referentes de la izquierda y el kirchnerismo, como de la Coalición Cívica y la UCR se manifestaron en contra y denunciaron que el proyecto presenta inconsistencias en la identificación del origen del dinero, que podría provenir del crimen organizado.
Los puntos más importantes del paquete fiscal
Impuesto a las Ganancias. El proyecto reinstala este tributo para la cuarta categoría para aquellos salarios superiores al $1,8 millones de pesos para los trabajadores solteros y $2,2 millones para los trabajadores casados con dos hijos. El Gobierno pretendía que la actualización de estos pisos mínimos fuese anual, pero ante la presión opositora, los funcionarios de la Casa Rosada accedieron a que haya una actualización trimestral este año (sería en septiembre) y que, a partir del año próximo, sea semestral. También será semestral la actualización de los topes de facturación en las distintas escalas del régimen de monotributo.
Blanqueo de capitales. El proyecto establece que los activos por hasta los US$100.000 tendrán una alícuota del 0%, mientras que los montos superiores abonarán alícuotas crecientes en función del momento en que ingresen. En la primera etapa, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente será del 5%; en la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2024, será del 10%, y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, del 15%.
Bienes Personales. Se establece una fuerte rebaja en este tributo. El mínimo no imponible subirá de $11 millones a $100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $56 millones a $350 millones, lo que implica que se reducirá la base de contribuyentes alcanzados. Estos importes se ajustarán cada año en función de la variación anual de la inflación difundida por el INDEC. Otro de los beneficios es la reducción gradual de la escala de alícuotas progresivas, eliminándose la discriminación existente para bienes situados en el exterior. Para el ejercicio fiscal 2023, la alícuota máxima que se propone es del 1,5%, y se irá reduciendo paulatinamente hasta alcanzar el 0,25% en el 2027, por debajo del 0,75%. Además, se crea un régimen especial que permite adelantar el pago de cinco años (del 2023 al 2027) en una cuota con una alícuota reducida del 0,45% por año por el patrimonio que supere el mínimo no imponible, y posteriormente será del 0,25% del excedente hasta 2028.
Monotributo. El proyecto plantea un aumento tanto de los niveles de facturación –con un tope máximo de $68 millones anuales- como de la cuota mensual a pagar. Esos aumentos oscilan entre el 200 y el 300%, según la categoría. Asimismo, se amplían los límites de facturación de locaciones y servicios, con nuevas categorías para este segmento, igualándolas a la de venta de cosas muebles.
Moratoria de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social no regularizadas. Permitirá pagar obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70% de los intereses por los saldos adeudados, dependiendo la modalidad de pago.
La aprobación de la Ley Bases
A tres meses de su primer intento fallido, la Cámara de Diputados aprobó en general, por 142 votos positivos contra 106 votos negativos y 5 abstenciones, el proyecto de ley Ley Bases, en una sesión tensa, probablemente superará las 30 horas. Tras un debate que se extendió durante toda la madrugada, la votación en general fue a las 8:49, tras lo cual comenzó el debate para la votación en particular, que será por capítulos, y no artículo por artículo.
El artículo 3 de la Ley Bases otorga al Poder Ejecutivo la facultad de modificar competencias, transferir a las provincias e incluso disolver los “órganos u organismos de la administración central o descentralizada contemplados en el inciso a) del artículo 8° la Ley N° 24.156 que hayan sido creados por ley o norma con rango equivalente”.
El proyecto excluye a las universidades nacionales, entidades de los poderes legislativo y judicial y a organismos como el Conicet, la Anmat, el Incaa, el Enacom, el INTA o el Incucai, entre otros expresamente señalados.Los primeros en respaldar la iniciativa fueron todos los integrantes del bloque de la Libertad Avanza (LLA), seguidos por los miembros del PRO, los de Hacemos Coalición Federal (HCF), encabezado por Miguel Ángel Pichetto, la fracción de la UCR cercana a Rodrigo de Loredo, los integrantes de Innovación Federal (integrado por diputados de Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén) y el Movimiento Popular Neuquino (MPN).
En el debate en particular, y con la experiencia del traspié del primer debate en febrero, el oficialismo logró imponer que el proyecto sea votado por capítulos enteros, sin entrar en el debate artículo por artículo, y sin ningún cuarto intermedio. “Quieren hablar poco para que pase rápido, para que el tratamiento sea el más oscuro y menos transparente posible”, denunció Germán Martínez, presidente del bloque Unión por la Patria.
En ese contexto, con 134 votos se aprobó la declaración de emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.
El artículo 3 fue uno de los más cuestionados, ya que faculta al Poder Ejecutivo a “modificar o eliminar las competencias y funciones” de los organismos públicos que considere innecesarias; también podría fusionarlos, modificar sus estructuras jurídicas o la cantidad de empleados. Si bien en el dictamen se incluyó a pedido de la UCR un listado de organismos que quedarían exentos, como el Conicet, el Incucai, el INTA o el Instituto Malbrán, la redacción del texto genera rechazos. “En este modelo si se les ocurre cerrar el SENASA lo pueden hacer, nosotros no lo vamos a apoyar”, explicó Maximiliano Ferraro, presidente y diputado de la Coalición Cívica.
Al momento de la votación, el oficialismo rechazó los pedidos de modificar la redacción para ampliar la lista de organismos públicos que no pueden ser disueltos por el Poder Ejecutivo. Finalmente fue aprobado con 135 votos a favor.
En tanto, los cuestionamientos al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) -que implica beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para proyectos de más de USD 200 millones- giraron en torno a la discriminación de las empresas de menor tamaño y de las economías regionales. A su vez, las provincias señalaron que el artículo 162, que establece que si una provincia propone una norma que vaya en contra de las facilidades del RIGI es “nula de toda nulidad”, avasalla la autonomía de las provincias.
“Yo estoy conceptualmente a favor de fomentar las inversiones, pero no con este régimen especial, que en mi caso me parece que me quedó corto si digo que es una animalada. Nada tiene que ver este proyecto con el desarrollo de nuestro país, con ese serio proyecto de desarrollo que necesitamos”, dijo Pablo Juliano, del sector del radicalismo que lidera Facundo Manes.
La oposición reincorporó a la Ley Bases los impuestos al "Señor Tabaco"
Con 82 votos positivos, 77 negativos y 69 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó finalmente este martes el capítulo sobre el tabaco y la oposición logró incorporarlo a la Ley Bases. Este obliga a Pablo Otero, conocido como el “Señor Tabaco”, a pagar impuestos igual que sus competidores.
“Los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributarán sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen del setenta y tres por ciento (73%). Los cigarrillos de producción nacional o extranjera deberán expenderse en paquetes o envases en las condiciones y formas que reglamente el Poder Ejecutivo nacional”, dice la nueva incorporación al respecto.
El capítulo tabacalero formaba parte del primer proyecto de ley ómnibus que había enviado el Ejecutivo originalmente. Sin embargo, fue quitada de la nueva versión generando fuertes críticas de sectores aliados.
Los cambios originales proponían que todas las empresas del sector paguen los mismos impuestos. El perjudicado de esa modificación a la actual ley sería Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, que paga menos que sus competidores ya que tiene en la Justicia un amparo contra el impuesto mínimo al cigarrillo.
A fines de la semana pasada, y en el marco de las intensas negociaciones para obtener dictamen y comenzar el debate por la Ley Bases este lunes en la Cámara de Diputados, se logró un principio de acuerdo entre representantes del oficialismo y los bloques dialoguistas sobre este capítulo que, al igual que la reforma laboral, causaba divisiones.
Fue a instancias del bloque Innovación Federal, conformado por diputados de provincias yerbateras como Misiones, que se logró incluir en el dictamen nuevamente todo el capítulo de impuestos al tabaco, tal cual estaba en la Ley de Bases original.
“En su momento el Gobierno consideró que eso era adecuado y luego lo sacó. Ahora queremos que lo vuelva a poner exactamente igual, con una tasa de impuestos del 73%. Así nadie puede acusarnos de estar influidos por los lobbys, es el artículo que había propuesto el propio Gobierno”, habían señalado desde el bloque que responde a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta.
La reforma laboral que se aprobó en Diputados, punto por punto
La reforma laboral contenida en la Ley de Bases, que fue acordada con un sector de la oposición en sintonía con los reclamos de la CGT, tuvo el voto positivo de 147 diputados. El bloque radical insistió en incluir la eliminación de la cuota solidaria que los sindicatos cobran por convenio a los trabajadores no afiliados, pero la bancada que conduce Rodrigo de Loredo no contaba con los apoyos necesarios.
Así, se extendió el período de prueba, se incorporó el fondo de cese laboral optativo a determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (de hasta 8% de las remuneraciones, inspirada en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA) y se derogaron las multas por no registración laboral.
Del texto original fue eliminado el artículo que establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloquearan empresas en el marco de pujas salariales o laborales, a pedido de diputados como el jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Picoteo, que no quiso firmar un dictamen que tocara fibras sensibles para la CGT.
En cuanto a los períodos de prueba, que actualmente son de tres meses, la propuesta es extenderlos a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores, de 8 meses para PyMES de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta 5 trabajadores. La empresa solamente podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez. La utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivización de un trabajador es pasible de sanciones.
Otro punto es la tercerización laboral: “Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas. La empresa usuaria será responsable solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social respecto de los trabajadores proporcionados, exclusivamente respecto de aquellas devengadas durante el tiempo de efectiva prestación para esta última”, se dispone en el artículo 87.
En cuanto a la prohibición de trabajar, el artículo 90 señala que la licencia por maternidad podrá iniciarse hasta 10 días antes de la fecha del parto. “Queda prohibido el trabajo del personal femenino o persona gestante durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del mismo. Sin embargo, la persona interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a diez (10) días; el resto del período total de licencias se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pre-término se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado antes del parto, de modo de completar los noventa (90) días”.
Privatizaciones: cuáles son las empresas públicas que podrían ser privatizadas
El Capítulo dedicado a las privatizaciones, que tuvo 138 votos a favor, 111 en contra y 2 abstenciones, habilitó la posible privatización de cuatro empresas publicas, mientras otras cinco quedaron sujetas a concesión.
Empresas a privatizar:
- Aerolíneas Argentinas
- Energía Argentina SA
- Radio y Televisión Argentina
- Intercargo SAU
Empresas sujetas a privatización o concesión:
- Agua y Saneamientos Argentinos SA
- Correo Oficial de la República Argentina
- Belgrano Cargas y Logística
- Sociedad Operadora Ferroviaria
- Corredores Viales
