La compañía argentina alcanzó un acuerdo preliminar con Corpoelec para reactivar proyectos en Macagua y Tocoma.
La estatal Corpoelec y la empresa de soluciones energéticas IMPSA han alcanzado un consenso del 90% en los términos técnicos y financieros para reactivar contratos de infraestructura hidroeléctrica.
El objetivo inicial de este convenio, firmado formalmente el 13 de junio de 2026, es la incorporación de 672 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en un plazo estimado de entre 14 y 19 meses.
El plan de trabajo se divide en dos frentes estratégicos ubicados en el estado Bolívar:
Un factor determinante para el cumplimiento de los plazos es que aproximadamente el 60% de los componentes electromecánicos necesarios para Tocoma ya han sido fabricados.
Estos equipos se encuentran actualmente almacenados en la planta de IMPSA en Mendoza, Argentina, así como en instalaciones en Estados Unidos, Alemania y Paraguay.
Debido al tiempo que han permanecido inactivos, los activos -que incluyen rodetes, estatores y transformadores- deberán someterse a protocolos de inspección técnica, ensayos no destructivos y recalificación antes de su traslado y montaje final.
El acuerdo entre IMPSA y Corpoelec retoma contratos firmados hace más de una década para el suministro e instalación de equipamiento hidroeléctrico, que habían quedado paralizados por problemas de pago y las restricciones derivadas del régimen de sanciones internacionales sobre Venezuela.
La viabilidad legal de esta nueva etapa se vincula a la transformación de la estructura de propiedad de IMPSA.
Tras ser rescatada por el Estado argentino en 2021, la empresa fue privatizada en febrero de 2025, pasando a manos del consorcio Industrial Acquisitions Fund, controlado por la firma estadounidense ARC Energy.
Como entidad sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, IMPSA gestionó y obtuvo una licencia especial del Gobierno estadounidense a principios de 2026.
Este instrumento jurídico permite a la compañía operar con el sector público venezolano y ejecutar los contratos de exportación de turbinas sin infringir el esquema de sanciones internacionales vigente.
Por su parte, el encargado de negocios de EE. UU. en Caracas, John Barrett, manifestó que el fortalecimiento de la red eléctrica es una prioridad para la recuperación económica del país.
Adicionalmente, Reuters señaló que Caracas y Washington conversaban sobre una posible liberación de fondos venezolanos en el exterior.
En el ámbito interno, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó de forma unánime una reforma a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
Esta modificación introduce esquemas de capital mixto y privado bajo un régimen de concesiones, con el fin de agilizar la respuesta a la demanda eléctrica nacional y superar limitaciones presupuestarias estructurales.